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Ť Pérez Canchola prevé escenario criminal más difícil
La participación del Ejército en labores policiales, mala experiencia: Jorge Taiana
ROSA ELVIRA VARGAS
En el debate entre expertos en seguridad pública y procuración de justicia sobre si deben o no participar los militares en actividades policiacas, el ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Jorge Taiana, y el actual director del Instituto de Capacitación Profesional de la Procuraduría de Justicia capitalina, José Luis Pérez Canchola, se mostraron en contra, mientras que la subprocuradora María de la Luz Lima Malvido se dijo a favor.
Los tres participaron ayer en el último día del seminario Derechos humanos, seguridad pública y procuración de justicia, que tuvo como sede la Universidad Iberoamericana. Pérez Canchola expuso además que el atraso y el poco resultado de las políticas sociales en los últimos 20 años generaron condiciones de marginación y pobreza impresionantes en México, que de alguna forma fueron caldo de cultivo para la violencia y la comisión de delitos que hoy se presentan.
Sus predicciones son poco alentadoras, pues existen "millones de jóvenes marginados y sin ninguna perspectiva de futuro, que es consecuencia de políticas sociales atrasadas, y todavía podemos esperar un escenario más difícil en términos de violencia y criminalidad''.
El embajador Taiana concedió que si bien los delitos se presentan hoy en muchos países del hemisferio con formas novedosas y muy fuertes, y son cometidos por organizaciones muy difíciles de desmontar y con gran capacidad de penetración y de corrupción, "la tarea de seguridad no es lo mismo que la tarea de defensa".
Dijo que en muchos países está utilizándose a las fuerzas armadas en las tareas policiales, bajo el argumento de que las corporaciones del orden no cuentan con elementos ni capacidad suficientes para realizar su tarea; sin embargo, indicó, la experiencia que ha tenido la CIDH en el hemisferio "es que esa no es una buena solución". El problema parte de una confusión de funciones que son absolutamente distintas: el entrenamiento, la orientación del personal y las formas de vincularse a la sociedad.
Las fuerzas armadas, recordó Taiana, están preparadas para combatir con las armas a fuerzas regulares, y esa es una tarea muy diferente a la función de seguridad que debe hacer la policía, la cual debe basarse mucho más en su interacción con la sociedad; "son profesiones distintas".
Se refirió a la época de gobiernos castrenses tanto en el Cono Sur como en Centroamérica, que tuvieron como resultado un nivel de militarización muy alto de los cuerpos policiales y se les hizo participar en enfrentamientos internos y de represión de la disidencia política, "lo que produjo daños profundos y severos en las instituciones".
Por eso, indicó, hay una necesidad de reorientar y de reflexionar sobre el rol de las fuerzas de policía con relación a la sociedad y a la forma en que se combate el delito, pues no hay ninguna posibilidad de que las corporaciones desarrollen una tarea efectiva si no tienen credibilidad y apoyo de la población.
En la medida en que la proliferación del delito quede impune se afecta al estado de derecho, y en éste el respeto a la ley y a los derechos humanos es condición inseparable de una nación democrática. La forma en que tales elementos pueden garantizarse es sólo a través de instituciones que impongan la ley y se haga respetar.
Para resolver los problemas, apuntó Taiana, no deben tomarse atajos o métodos que traten de resolver la violencia o la ilegalidad a través de mecanismos ilegales.
Pérez Canchola afirmó que "toda la vida" se ha opuesto a que los militares realicen labores policiacas. "La Constitución es muy clara en esto. Condeno que todavía en la Policía Federal Preventiva existan 5 mil elementos de las fuerzas armadas. No tienen para nada la concepción de la policía y creo que no nos queda otro camino que la profesionalización de verdaderos cuerpos policiacos en este país."
Con todo, Pérez Canchola debió admitir que tratándose del crimen organizado "siempre encontraremos complicidades, ya sea por corrupción o negligencia de las corporaciones policiacas". No es posible entender delitos como el secuestro, el narcotráfico o el robo de vehículos sin esa complicidad, añadió.
La subprocuradora de Coordinación General y Desarrollo de la PGR, María de la Luz Lima Malvido, dijo que cuando un militar se incorpora con su experiencia a las tareas de seguridad pública ''es como cualquiera de nosotros'', y así ocurre con un ingeniero o un arquitecto, pues cualquiera de las profesiones puede participar en este tipo de tareas, ya que la interdisciplina es importante y quien considere que sólo debe participar la policía comete un grave error.
Comentó que en el más reciente foro europeo sobre seguridad ciudadana ya no participaron sólo policías, jueces o ministerios públicos, sino también especialistas en urbanismo, ecología y en transporte público. "No veamos el problema de la seguridad ciudadana desde la perspectiva de las instituciones que procuramos justicia."
La abogada Lima Malvido se refirió entonces a los que llamó nuevos paradigmas en la tarea de procuración de justicia: "debemos ir hacia la resolución de conflictos; no pensar que las penas altas resuelven los problemas. Se requieren nuevos modelos para combatir la criminalidad organizada, nuevos paradigmas en el tratamiento de las víctimas, modelos de seguridad urbana y ciudadana. Coincidimos (los especialistas del tema) en los problemas y las soluciones, pero estamos atorados, sobre todo por una cada vez mayor violencia, en que debemos evitar la tentación de los modelos represivos'', señaló.