Silvia Gómez Tagle

El costo de la democracia

En el contexto de la aprobación del presupuesto federal para 2002, ha resurgido una discusión que ha estado presente siempre que se trata de asignar recursos a los partidos políticos y a las instituciones encargadas de promover la democracia: el Instituto Federal Electoral, los partidos y el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Si son tan ineficaces, Ƒpara qué dotarlos de recursos?

Sin embargo, antes de comparar el costo de estas instituciones en México, con el de sus equivalentes en otros países, es indispensable considerar la magnitud de las tareas pendientes para consolidar la democracia. Aquí hace falta fortalecer la ciudadanía a través de la difusión de los principios democráticos, de los derechos ciudadanos y de la creación de espacios de participación que permitan a todos los mexicanos asumir un papel activo en la construcción de su propio futuro.

El presupuesto aprobado para el año en curso da una idea del costo que tendrán las instituciones que son sustento de la democracia para el año 2002. De un total de 332 mil 366 millones de pesos del presupuesto federal, los legisladores destinaron al Congreso 4 mil 896.9 millones, lo que significó 1.5 por ciento del total, con una reducción de 2.6 por ciento respecto del presupuesto contemplado en la propuesta que el Presidente envió al Legislativo.

La reducción más importante respecto del proyecto del Presidente la sufrió el presupuesto del Tribunal Electoral (60 por ciento), y en general el Poder Judicial fue afectado con una disminución de 24.3 por ciento, con lo que su presupuesto quedó en 15 mil 363.6 millones de pesos; lo que significa 4.6 por ciento del presupuesto nacional. La CNDH corrió similar suerte: con una reducción de 36 por ciento su presupuesto quedó en 456.4 millones de pesos (0.13 por ciento del presupuesto nacional).

El IFE fue la institución más beneficiada en este contexto, dado que su presupuesto no sufrió ninguna reducción, lo cual significa que recibirá en el presente año 5 mil 795.3 millones de pesos (1.74 por ciento del presupuesto nacional); de los cuales los partidos recibirán 2 mil 671 millones de pesos (0.80 por ciento del presupuesto nacional).

Hasta ahora tanto el IFE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial han jugado bien su papel en la organización de las elecciones y la supervisión de los partidos políticos, aun cuando podrían perfeccionar su desempeño sobre todo si se les faculta para ejercer una supervisión más eficaz sobre los partidos políticos y los órganos de gobierno que pueden canalizar ilegalmente recursos a las actividades de proselitismo político.

Si se consideran solamente las instituciones directamente relacionadas con la democracia política: el IFE, el TEPJF y los partidos (6 mil 914.6 millones de pesos), su peso en el presupuesto total es solamente de 2.08 por ciento respecto del total nacional. Esta cantidad podría no ser excesiva si se considera el tamaño del reto que estas instituciones todavía tienen por delante.

Hay países que pueden asignar presupuestos reducidos a las instituciones electorales y a los partidos porque existen prácticas sociales de respeto a la legalidad; son instituciones de la sociedad suficientemente consolidadas para prescindir de muchos de los mecanismos de seguridad, que están presentes en nuestra legislación electoral y que hacen terriblemente complicada la organización de las elecciones.

Pero en el caso mexicano, la gobernabilidad no se logrará solamente por acuerdos de las cúpulas partidarias y económicas del país: será necesario involucrar a la mayoría de los ciudadanos en los procesos políticos para que los partidos no se conviertan en estructuras formales vacías que no representan los verdaderos problemas sociales del país.

Organizar a la sociedad, educarla en el ejercicio de sus derechos políticos, ofrecer espacios para la participación, la competencia por el poder político y la representación, son tareas en las que los partidos políticos son insustituibles. También se advierten problemas derivados de la seguridad pública, la impartición de justicia, el respeto de los derechos humanos y la corrupción de los funcionarios públicos. Todos ellos heredados del régimen anterior, pero que requieren de atención especial y soluciones eficaces para que no pongan en peligro el proceso de transición.

De lo contrario corremos el riesgo de que la transición a la democracia, tan largamente esperada en México, se convierta en simple procedimiento para el relevo de liderazgos incapaces de ofrecer alternativas para el futuro del país, como ha ocurrido en otras latitudes. Sin duda habrá que revisar el presupuesto que se podría asignar al IFE y a los partidos para el año 2003, pero esta discusión tendría que considerar los problemas de fondo a los que deben enfrentarse los partidos y las instituciones encargadas de tutelar el proceso democrático. El caso de Argentina es un ejemplo que hay que tener presente cuando nos preguntamos: Ƒcuánto estamos dispuestos a pagar por nuestra democracia?