El sistema de seguridad y justicia, al servicio de la delincuencia: SSP

Ť Con base en el documento, Fox anunciará cambios profundos en la materia Ť Código Penal único, policía nacional y fiscalía general, entre las propuestas para abatir la corrupción y los vicios

JUAN ANTONIO ZUÑIGA

A partir de un diagnóstico que señala, entre otros temas, que "en las cárceles se encuentra una minoría de presuntos delincuentes que no supieron establecer vínculos de complicidad o los pagos necesarios para mantenerse en libertad, mientras los grandes delincuentes gozan de una impunidad que ofende a toda la comunidad", el presidente Vicente Fox dará a conocer un programa de restructuración que implica profundos cambios en la legislación y en el sistema de seguridad y justicia en México.

Elaborado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el análisis, que ha servido de base para la elaboración del programa nacional en la materia, apunta: "La Policía Judicial tradicionalmente protege y encubre al delito organizado... El Ministerio Público (MP) ejerce monopolio de la acción penal, actúa como juez instructor sin control, decide a su arbitrio diligencias y genera ámbitos de corrupción con las consecuencias de repudio social que son evidentes".

Por el lado de las sentencias, puntualiza: "Los jueces operan un sistema formal reiterativo, lento y proclive a la corrupción, y no están sujetos a ninguna rendición de cuentas".

Y concluye: "El sistema de seguridad y justicia en este país se estructuró, y ha venido operando hasta el día de hoy, para servir al poder formal del gobierno y la política, y al real de la delincuencia organizada. Para la sociedad, las víctimas y los ofendidos no hay un sistema que los defienda".

Código penal único, policía nacional y fiscalía general

Entre otros temas, el documento, del cual tiene copia La Jornada, plantea como propuestas para alcanzar una sociedad segura: "el establecimiento de un solo código penal y uno solo de procedimientos penales para todo el país", así como agrupar en un solo órgano ejecutivo, "a nivel federal y estatal", las funciones de "la policía nacional"; una fiscalía general "que asuma las funciones del MP"; un nuevo órgano de readaptación social, y "una auténtica funcionalidad para el Sistema Nacional de Seguridad Pública".

En diez rubros, el documento oficial sintetiza el diagnóstico sobre el sistema de seguridad e impartición de justicia que opera en el país; en otros 13 numerales ubica las propuestas para abatir la delincuencia, la corrupción y la impunidad, y cuenta con un anexo estadístico que fundamenta el análisis.

Cuando se perpetra un delito, "la víctima y el ofendido no tienen derecho a defenderse ni a ser parte del procedimiento penal. La coadyuvancia no le da ninguna fuerza ni garantía en su defensa".

Agrega: "El MP ejerce el monopolio de la acción penal. Actúa como juez instructor sin control de legalidad, en un procedimiento en el que decide a su arbitrio diligencias, pruebas, tiempos y finalmente, si se consigna o no; con las consecuencias de repudio social que son evidentes".

La falta de transparencia y de control de legalidad en las funciones del MP "propician alto grado de corrupción, ya que su función se presta para venderse al mejor postor entre víctimas y delincuentes", señala.

Explica: "El proceso que se desahoga ante el MP se vuelve a repetir íntegramente ante un juez de manera formalista e injusta para todos los involucrados, lo cual genera ámbitos de corrupción que son también evidentes y repudiados".

Hoy, especifica, la Policía Preventiva "carece de capacidad legal para la investigación en la prevención del delito. Su estructura, prestaciones y organización propician la corrupción y la divorcian de sus funciones de apoyo a la comunidad y de su proyecto de productividad funcional".

El personal de seguridad y procuración de justicia que actúa en el país asciende a casi 326 mil elementos, de los cuales 87 por ciento ?más de 286 mil? son policías preventivos.

Sobre la Policía Judicial, en la cual hay casi 3 mil 500 elementos en el ámbito federal y unos 26 mil 200 en el estatal, el diagnóstico precisa: "la Policía Judicial tradicionalmente protege y encubre al delito organizado; controla las órdenes de aprehensión y de investigación, y los resultados de estas conductas están a la vista".

El diagnóstico alcanza a los impartidores de justicia. "Los jueces ?apunta? operan un sistema formal reiterativo, lento y proclive a la corrupción, y no están sujetos a ninguna rendición de cuentas". Y califica de "entelequia que no se aplica prácticamente nunca" a la reparación del daño contemplada en las normas penales vigentes.

Propuestas

El documento propone cambios, que darían un giro completo a la impartición de justicia tanto en el ámbito federal, como en el del fuero común. Ya contemplados en una iniciativa en la materia, considera necesario crear un capítulo en el Código de Procedimientos Penales, "de los derechos de la víctima, del ofendido y de la reparación del daño".

Considera también otorgar a la víctima u ofendido por el delito, "la calidad de parte procesal, con todos sus derechos y obligaciones"; privilegiar la reparación del daño "como bien jurídico protegido en todos los delitos", y elevar la reparación del daño a "elemento fundamental de la readaptación social y para obtener el beneficio de la libertad preparatoria".

A este respecto, abunda: "La prevención y readaptación social se deben sustentar en la reparación del daño en especie, o con trabajo a favor del ofendido o víctima del delito".

En el mismo sentido, propone la creación de un fideicomiso específico para la reparación del daño causado en la comisión de un delito. Y establece el control jurisdiccional del MP al señalar que éste sólo podrá actuar ante el juez competente. Esto, estima, compactará el procedimiento penal al desaparecer la averiguación previa, "dado que la investigación se tramitará ante el juez".

Propone también "dar a la policía la capacidad para que presente directamente ante el juez las denuncias penales que, con motivo de su actuación, resulten, con lo cual la policía podría participar procesalmente como parte acusadora y no como simple coadyuvante al que no toman en cuenta".

Se plantea "dar protección y defensa al denunciante y testigos frente a careos intimidatorios", para lo cual "se propone la creación de un tipo penal de 'intimidación al denunciante, testigo, víctima u ofendido por delito', para evitar que se retracten de sus declaraciones o reconocimientos por virtud de intimidación y por temor a represalias".

El establecimiento de un solo Código Penal y otro de Procedimientos Penales para todo el país se sustenta en que "los delitos son esencialmente semejantes y las excepciones deben tratarse como tales". Un procedimiento unificado ?afirma la SSP en el documento? "será beneficioso para la comunidad, para las víctimas y fundamentalmente para la seguridad pública y los criterios jurisprudenciales al respecto".

Subraya que en los delitos contra la nación, el erario secuestro, narcotráfico y crimen organizado, "no opere la prescripción".

Y, finalmente, propone la creación de un consejo de seguridad, en los ámbitos local y federal, en el cual participen los tres poderes, "para enfrentar unidos las decisiones que a cada soberanía le correspondan, para dar seguimiento al proceso de seguridad y justicia en su ámbito de competencia, informando de manera permanente a la ciudadanía".