Parientes de desaparecidos no tienen "un gramo de confianza" en el fiscal

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

Familiares de desaparecidos y ex militantes de grupos armados ya disueltos expresaron que no tienen "un gramo de confianza" en la fiscalía que investigará las desapariciones forzadas ocurridas en los años setenta y ochenta, pero recurrirán a este organismo para agotar la vía jurídica en México y poder acudir a organismos internacionales.

Ex militantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre se pronunciaron también en favor de que el Congreso de la Unión decrete una ley federal de amnistía para que se libere a todos los presos políticos, entre los que mencionaron al general José Francisco Gallardo y a Erika Zamora, acusada de pertenecer al EPR.

José Enrique González Ruiz, ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero y abogado de familiares de desaparecidos, consideró que el fiscal Ignacio Carrillo Prieto es una "gente del sistema", muy cercano al priísta Sergio García Ramírez, que no garantiza ni imparcialidad ni autonomía.

En conferencia de prensa, consideró que el propio nombre de la fiscalía (para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales, cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimiento sociales o políticos del pasado) demuestra que es un órgano muy limitado.

Señaló que el tema se presenta como si fuese solamente un problema del pasado y que actualmente no se cometen esos delitos. Además, indicó que se excluye de la investigación a otros responsables de las desapariciones, como fueron los paramilitares, madrinas o soplones.

Por eso, indicó que seguirán exigiendo a la Procuraduría General de la República una respuesta a los más de 150 casos de desaparición forzada denunciados el año pasado.

Al dar a conocer las conclusiones de un encuentro por la presentación de desaparecidos políticos, realizado en diciembre pasado, David Cilia, ex militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, advirtió que insistirán en la creación de una comisión de la verdad que sea autónoma.

Dijo que esa comisión debe ser ciudadana, independiente del Ejecutivo, con integrantes elegidos por la Cámara de Diputados a propuesta de la sociedad, con base en su probidad y capacidad investigadora.

González señaló que el Congreso de la Unión puede aprobar una ley que establezca la integración de una comisión de la verdad autónoma y ciudadana que tenga atribuciones de coadyuvancia con el Ministerio Público y que publique todos los resultados de sus pesquisas, para que eso sirva de presión a la PGR.