Jenaro Villamil

Impuestos, tv y sus intereses especiales

En su comentario del 10 de enero en Tv Azteca, Sergio Sarmiento calificó la reforma fiscal de "engendro recaudatorio", y en el colofón de su comentario lanzó la Jihad televisiva contra el Legislativo: "Hoy nuevamente ha quedado de manifiesto que en la nueva democracia mexicana el Congreso se ha convertido en una institución obsoleta que trabaja poco, trata de hacerlo todo en el último momento y al final hace las cosas mal. Lo peor de todo es que hay muchos legisladores que se enorgullecen de su ineptitud".

Como estas editorializaciones, los segmentos de opinión y la cobertura informativa de Hechos y Noticieros Televisa no han escatimado descalificaciones en una semana para criticar los efectos de la reforma fiscal aprobada por el Congreso. El tono se elevó a partir del jueves 10 de enero, poco después de que el propio presidente Vicente Fox se "desmarcara" de lo aprobado por el Poder Legislativo. Y el nuevo vocero presidencial, Rodolfo Elizondo, y el secretario de Gobernación, Santiago Creel, ni se inmutaron frente a lo que bien podría señalarse como un grave problema ético de los concesionarios televisivos: defender desde un bien público sus intereses especiales, sobre todo con relación a la telefonía, la televisión de paga y la radiolocalización, cuyos principales accionistas coincidentemente son los mismos personajes de los principales consorcios televisivos.

El problema ético se agrava por la carencia de un efectivo derecho de réplica para los legisladores, y la pésima estrategia de comunicación de las fracciones legislativas. Antes que informar, lo importante ha sido descalificar la reforma fiscal desde las pantallas. Más allá de ponderar se lleva al límite la cobertura o se abona en el estado de confusión -sin más, hay comentaristas y reporteros que confunden el ISR con el IVA o que descalifican a priori lo publicado en el Diario Oficial de la Federación-. Y las dos cadenas principales han unido sus esfuerzos en una cobertura sesgada: el miércoles 9 de enero tanto Hechos como El Noticiero transmitieron media hora de descalificaciones a las reformas fiscales ("ilegales", "inconstitucionales", "confusas", etcétera). Las encuestas de ese día y del jueves 10 de enero refrendaban la cobertura parcial: 78 por ciento de los encuestados en Tv Azteca opinaron que sí se deben "echar para atrás los nuevos impuestos"; 51 por ciento de los telefonemas en Televisa consideraba que quienes pagarían más impuestos serían "los pobres".

El viernes 11 de enero, Javier Alatorre informó, bajo el encabezado "empleos en peligro", que una empresa de fructosa dejaría de invertir en México ante los nuevos impuestos especiales, y remató: "y algunos legisladores dicen que no es para tanto". Joaquín López Dóriga procuró cuidar las formas periodísticas, pero no se inmutó cuando descontextualizó y puso en boca del senador Jesús Ortega -entrevistado la mañana del jueves por Brozo- que los legisladores estaban "mafufos".

Frente a este panorama, conviene también subrayar tres tendencias que han estado manifiestas en la relación entre televisión comercial y Poder Legislativo:

1. Desde el comienzo de la administración foxista, la virulencia de la cobertura televisiva frente a las labores del Congreso ha ido en aumento. En abono a esta situación, no existe una estrategia institucional de comunicación en ambas cámaras. Para la mayoría de los diputados y senadores legislar no es comunicar, y mucho menos informar. Por si fuera poco, las divisiones entre las fracciones partidistas que operan en las cámaras de Diputados y de Senadores incrementan la confusión y la falta de mensajes claros. En este contexto, la reforma fiscal se convirtió en un galimatías de comunicación y los legisladores aún no han sabido defender o ponderar esta propuesta. A la mayoría de los ciudadanos que se informan a través de la televisión no les ha quedado claro que se logró echar para atrás el IVA a medicinas y alimentos y que se buscó un menor impacto social con las reformas al ISR y el retorno de impuestos especiales.

2. En cada coyuntura en que los intereses especiales de los concesionarios están en riesgo por alguna decisión legislativa, la cobertura informativa en la pantalla chica y en la radio se vuelve más prejuiciosa y resurgen las voces que condenan a priori al Poder Legislativo. Así ocurrió, a principios de año, cuando Televisa y Tv Azteca unieron fuerzas para evitar la instalación del Consejo Nacional de Radio y Televisión, que por ley debe integrarse con el concurso del Poder Legislativo. Así ha ocurrido al inicio de este año en que deberá revisarse la Ley Federal de Radio y Televisión y que los impuestos especiales afectan a empresas como Skytel, en la que Televisa tiene 35 por ciento de acciones; Unefon, propiedad de Ricardo Salinas; Pegaso, de Alejandro Burillo; Telmex, de Carlos Slim, que tiene inversiones también en Cablevisión y Televisa; Axtel, de Tomás Milmo; Marcatel, de Gustavo de la Garza; Multivisión, de Joaquín Vargas, y PCTV, de Eduardo Ricalde. Por si fuera poco, los impuestos especiales afectan a empresas que son clientes publicitarios de la televisión (tabacaleras, refresqueras, cerveceras, compañías de computación, etcétera). Y el panorama al comienzo de este año no ha sido muy fructífero en esta materia. Televisa registró un descenso accionario de 2.36 por ciento el pasado lunes, debido al pesimismo que prevalece sobre el comportamiento de la inversión publicitaria para este año. La gran disputa serán las transmisiones de futbol, donde existe un debate sobre la conveniencia o no de restringir anuncios de bebidas alcohólicas y tabaco.

3. La presente reforma fiscal representó, en términos políticos, una victoria legislativa para el PRD y para los críticos de la propuesta de 15 por ciento a IVA y alimentos y los "recursos copeteados" que prometió el Presidente en mayo de 2000. La izquierda partidista, por primera vez, actuó como fiel de la balanza frente al PRI y el PAN y logró avances sustanciales, a pesar de que Diego Fernández de Cevallos opine lo contrario y que el propio titular de Hacienda, Francisco Gil Díaz, haya reculado en su actitud favorable hacia la reforma. Esta lectura política aún no se ha dado en la televisión, salvo en algunos segmentos de análisis y en comentarios de CNI-Canal 40 y Televisa.

La actitud crítica de la televisión frente a la reforma fiscal no es ni lejanamente similar al apoyo indirecto que se le dio a la reforma legislativa indígena de 2000, severamente impugnada por otros sectores de izquierda, quizá porque ahí los intereses de los concesionarios no sólo no coincidían, sino que estaban en contraposición.

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