Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Domingo 13 de enero de 2002
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Política
017a2pol

Néstor de Buen

Autores de todos los países: šuníos!

Me imagino a Carlos Marx y a Federico Engels lo suficientemente enfadados como para publicar un "Manifiesto autoral" a efectos de defender sus evidentes derechos de autor sobre la multitud de obras que ambos escribieron. Porque más allá de las muy importantes actividades políticas y empresariales de Engels, e intelectuales y políticas de Marx, de algo había que vivir, sobre todo Marx, y escribir libros es oficio que permite ingresos.

Me pregunto si existe alguna razón que justifique la ya notable protesta de los titulares de derechos de autor ante la intención realizada de cobrarnos impuestos por los derechos que a nuestro favor derivan de las obras hechas. La respuesta es afirmativa.

La Constitución, hoy tan citada, dice en su artículo 31: "Son obligaciones de los mexicanos:... IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes".

A ese propósito la pregunta sería: Ƒes equitativo que a quien ha producido una obra personalísima se le equipare a efectos fiscales con quien es dueño de empresas y maneja capital propio o ajeno y fuerza de trabajo ajena que contribuyen al resultado? ƑDebe confundirse a un autor con quien vende productos que para llegar a sus manos como proveedor hayan tenido que seguir un largo camino de valores agregados, o especula con dinero o resulta beneficiado por una transacción o presta un servicio profesional para el que ha recibido instrucción habitualmente pública y la licencia respectiva o aporta en una relación subordinada de trabajo su esfuerzo personal, bajo la dirección de otro, en un mecanismo que combina trabajo con capital?

Se dice de la equidad, por culpa de Aristóteles, que es la justicia del caso concreto. A mí no me gusta esa definición porque justicia es decisión que atiende a reglas generales (es obra del legislador y no del juez, según dice Gustavo Radbruch), y no a las particularidades de un caso que, resolviéndose con normas particulares, serían, por lo mismo, injustas. Pero en términos llanos, equidad es algo así como tener en consideración las circunstancias especiales de alguien o de un grupo y resolver, por ello mismo, de manera diferente, atendiendo a su condición. En el caso y de acuerdo con el texto constitucional, no resulta equitativo cobrar impuesto a quien produce algo pero no recibe nada del Estado a cambio.

En los derechos de autor no se trata de tener más o menos. Se trata, en cambio, de que la obra es producto absoluto y total de la propia imaginación, sensibilidad y cultura, esa que se forma más allá de la instrucción y que supone siempre los pasos lentos de quien ama estudiar, leer o ver pinturas o asistir a conciertos o, simplemente... iba a decir: oír en la radio música clásica, pero me lo echó a perder la XELA.

El autor, por lo menos este autor, ejerce la abogacía; imparte clases, con salarios que más vale no precisar; dicta conferencias; asiste a congresos o los organiza, y para escribir, más allá de sus compromisos semanales como este, dedica los tiempos de descanso, cuando esos tiempos de descanso no los tiene que dedicar a preparar en casa lo que no ha tenido tiempo de terminar en el despacho. Y los libros no se hicieron solos ni en tiempos de despacho.

Es cierto que lo que se escribe, se pinta o se compone es producto de estudios, experiencias y aprovechamiento de los bienes de la cultura, pero es, sobre todo, una aportación personalísima. Muchos autores, escritores, pintores o músicos viven especialmente de eso. Gravarles su ingreso es un castigo inmerecido porque el Estado en nada ha contribuido. Hoy, por la vía de una decisión política, lo equipara a cualquier ingreso especulativo olvidando que los servicios públicos no toman en cuenta, en particular, a los autores. Mejor haría el Estado eliminando el costo del impuesto sobre la renta del escaso salario que se paga en las universidades públicas a quienes, con sacrificio de muchas cosas, pero nunca con búsqueda de beneficios económicos, dictan clases o investigan por cuenta de los organismos públicos o paraestatales: puro salario mínimo real. Porque, finalmente, lo que parece es que estos gobiernos (incluyo alguno anterior) no parecen muy sensibilizados por los temas de la ciencia y la cultura. Y eso es, sobre todo, un error político. Ť

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