Tiene el gobierno comprometidos $569 mil 634 millones con la IP

Ť La asignación de esos recursos compite con el gasto social, considera la CRE

Ť Cuestiona la conveniencia de los Pidiregas por el impacto que tiene en el presupuesto

ISRAEL RODRIGUEZ J.

El financiamiento de las obras de infraestructura en el sector energético a través de los particulares, estrategia que el gobierno ha impulsado desde 1997 y que mantiene la actual administración, no representa una verdadera inversión de capital por parte del sector privado, ya que el Estado asume el riesgo de la inversión; además compite con el gasto social y desestabiliza los equilibrios macroeconómicos, consideró la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

En los últimos cinco años, ante la insuficiencia de recursos para modernizar el sector energético nacional, el gobierno federal ha recurrido a los llamados Proyectos de impacto diferido en el registro del gasto (Pidiregas); sin embargo, la CRE ha cuestionado la conveniencia de seguir utilizando este programa por el impacto sobre las finanzas públicas, principalmente en el tamaño del déficit público.

Supera la deuda 123% del PIB

Actualmente México tiene compromisos de pago al sector privado por proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, contratados entre 1997 y 2001, por 569 mil 634 millones de pesos, cifra que ya representa 39 por ciento del total de ingresos programados para 2002. De esta cantidad, 445 mil 189 millones corresponden a Pidiregas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y 104 mil 445 millones a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Si se consideran actualmente las obligaciones potenciales del gobierno federal, como deuda interna, externa, IMSS, ISSSTE, IPAB, deuda de los estados, Pidiregas, fideicomisos y fondos para el rescate carretero, la deuda pública supera 123 por ciento del producto interno bruto.

Reducir gasto o ampliar déficit

De ahí que la economía mexicana enfrente un dilema: reducir el gasto en cuenta corriente para compensar los pagos a Pidiregas, o permitir un déficit del gasto público, con lo que implica en materia inflacionaria y de endeudamiento.

Dicho esquema no puede utilizarse de forma indefinida, pues la deuda crecería exponencialmente hasta llegar a un punto insostenible para la las entidades, advierte la CRE, según lo citado en el más reciente estudio elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Retos y posibles soluciones para el sector energético mexicano.

El estudio señala que aunque la mayor parte del monto de los Pidiregas se contabiliza como deuda contingente, los mercados internacionales de capital lo consideran un riesgo, sobre todo tomando en cuenta la abultada deuda del gobierno federal.

Ya considerando lo aprobado para el año 2001, se han contratado, entre 1997 y ese año, 88 obras con el sector público por 549 mil 634 millones de pesos, equivalentes a unos 58 mil 128 millones de dólares. El monto equivale a 80 por ciento de la deuda pública externa neta que el país tiene contratada en dólares. Pemex es responsable de 81 por ciento y la CFE del restante 19 por ciento. El 70 por ciento de la deuda total corresponde a amortización y 30 por ciento al pago de intereses. Estos últimos representan 27.2 por ciento para el empresa petrolera, pero en el caso de la CFE alcanzan 41.5 por ciento.

La importancia de la inversión financiada ha ido en continuo aumento. En 2001 representa 64.2 por ciento de la inversión pública en petróleo y electricidad, cuando en 1995 era inexistente. Su participación en Pemex es del orden de 66 por ciento y en la CFE de 61 por ciento.

En Pemex se han contratado 12 proyectos: Cantarell y Burgos; la ampliación y modernización de la refinería de Cadereyta, las actividades de exploración y producción en el Delta del Grijalva, la reconfiguración del sistema nacional de refinación (Madero, Salamanca y Tula; Minatitlán y Caderyta); la construcción de la planta Criogénica II de ciudad Pemex. En 2001 se incluyó el Programa Estratégico de Gas y el Proyecto Salina Cruz.

En la CFE la inversión presupuestaria participó con 65.4 por ciento en el periodo 1995-2001, mientras que la inversión financiada lo hizo con 34.6 por ciento. Se han contratado con aporte privado un total de 76 obras de generación y transmisión.

Creación del mercado eléctrico

Las autoridades han decidido seguir utilizando el esquema Pidiregas mientras se propone y aprueba la modificación del marco jurídico para la creación de un mercado eléctrico.

Aunque la crítica al uso de los Pidiregas en la industria petrolera es nula en informes y documentos oficiales y del dominio público, la CRE señala que gran parte de estos cuestionamientos y dilemas surgen por la falta de transparencia en las cuentas públicas.

Además, el presupuesto que aprueba el Congreso cada año para las empresas públicas no especifica el origen de los fondos, y da la impresión de que provienen exclusivamente de los impuestos.
 
 

Las empresas que han financiado los proyectos de infraestructura energética han obtenido grandes ganancias, con un riesgo nulo para su inversión, dado que éste es asumido por el gobierno.

Entre 1997 y 2001 el gobierno federal ha destinado 164 mil millones de pesos para cubrir a las empresas que participan en el esquema de Pidiregas los intereses por las obras que han financiado. El monto no es menor. Supera por mucho al presupuesto total destinado en 2002 para la educación pública en el país, que ascenderá a 110 mil 376 millones de pesos.

El esquema Pidiregas fue diseñado a raíz de la crisis financiera de 1994-1995, con objeto de hacer compatible la voluntad del gobierno de llevar a cabo una gran variedad de proyectos de infraestructura productiva financiados por parte del sector privado, a fin de generar espacios presupuestario destinados a fortalecer el gasto para el desarrollo social.

El espíritu que impulsó la introducción de este esquema fue realizar proyectos que pudieran financiarse con los recursos generados por la comercialización de los bienes y servicios de los propios proyectos. Para su puesta en práctica, el Poder Ejecutivo promovió una serie de reformas legales y reglamentarias. En 1995 fueron reformadas la Ley General de Deuda Pública y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

En términos prácticos, el monto de los recursos bajo el rubro de Pidiregas constituye deuda pública.