Ť Crecen críticas internacionales por el trato a prisioneros

Ilegales, los traslados a Guantánamo, sostiene el ministro de Justicia afgano

REUTERS, AFP, DPA Y PL

Washington, 15 de enero. El gobierno de George W. Bush decidió someter al talibán estadunidense John Walker Lindh a una corte civil del país y no a un tribunal militar, mientras crecen las críticas internacionales por el trato físico y legal dado por Estados Unidos a los detenidos en Afganistán y enviados a Guantánamo, Cuba.

El fiscal general, John Ashcroft, anunció que Walker Lindh fue acusado este martes de "conspirar para matar estadunidenses" en el exterior en una demanda presentada ante la corte federal de Alexandria, Virginia, pues actuaba en un complot en contra de la ley y con conocimiento de causa.

Explicó que Walker, de 20 años y quien luchó al lado de los talibanes en la ciudad afgana de Mazar-e-Sharif, también fue acusado de "proveer material de apoyo y recursos a organizaciones internacionales designadas terroristas, incluyendo a Al Qaeda, e involucrarse en transacciones prohibidas con los talibanes".

Sin embargo, explicó que no se le acusará de traición a la patria y que Bush se negó a enviarlo a un tribunal militar, donde podría enfrentar la pena de muerte y dado que tales tribunales fueron instruidos para los extranjeros. No obstante, dijo, en la justicia civil puede ser condenado a cadena perpetua.

El secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, reiteró que los prisioneros recibirán trato humano. Sin embargo, añadió, si esas personas serán juzgadas en Estados Unidos bajo acusaciones que pueden recibir la pena de muerte o si serán extraditadas hacia sus países de origen, "es una decisión política que no me concierne".

Entre los críticos por el traslado de prisioneros talibanes y de Al Qaeda a la base militar estadunidense de Guantánamo, en Cuba, se sumó el ministro afgano de Justicia, Fazle Hadi Shinwari, quien consideró tal medida de ilegal y contraria a los principios de las leyes del Islam.

Estimó que los prisioneros debieron haber sido puestos a disposición de las autoridades afganas para que su destino se decidiera a la luz de la sharia o ley islámica, y expresó su deseo de dar la oportunidad de defenderse de acuerdo con el Islam al mullah Mohamad Omar y a Osama Bin Laden en caso de que fueran detenidos.

En Londres cuatro parlamentarios británicos criticaron el traslado de prisioneros desde Afganistán a la bahía cubana, entre los que destacan tres británicos, pues todos fueron "encapuchados y esposados unos con otros y transportados durante 24 horas en esas condiciones a la base en Cuba".

El laborista Jeremy Corbyn se preguntó si eso era legal o sobre qué ley se estaba aplicando, por lo que pidió al gobierno británico y a la comunidad internacional que estaba "predicando la democracia y el imperio de la ley", a practicar lo que predican en lugar de "sacar ilegalmente a la gente fuera de Afganistán".

Pero el gobierno de Tomy Blair rechazó tales críticas al señalar que su canciller, Jack Straw, insistió ante su contraparte estadunidense, Colin Powell, sobre los derechos de los británicos prisioneros y de que no se les aplicará la pena de muerte. La cancillería justificó que las condiciones de traslado obedecieron a "circunstancias particulares" de las acusaciones que pesan sobre ellos.

Straw aceptó que esos prisioneros tienen derechos bajo la Convención de Ginebra; que todos los países implicados tienen obligaciones, y que Colin le aseguró que Estados Unidos acepta las suyas.

La Federación Internacional de Derechos Humanos le expresó a Bush su preocupación por las condiciones de los detenidos, dado que todos deben ser tratados conforme al derecho humanitario.

A todo esto, el Pentágono afirmó que un prisionero afgano fue sedado en el vuelo para calmarle un dolor y luego operado en Guantánamo para extraerle una bala, mientras familiares de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre llegaron a Kabul para reunirse con afganos que perdieron parientes en los bombardeos estadunidenses.