Martí Batres Guadarrama

ƑPor qué lloran los ricos?

!Vicente Fox y sus aliados empresariales siguen llorando la derrota. Con el rostro desencajado y los dientes apretados continúan la campaña contra la reforma fiscal, el Congreso de la Unión, los partidos y la democracia.

Los grandes grupos económicos han hecho un análisis minucioso de esta reforma. Saben bien que son los afectados y que ahora les toca pagar. Saben de dónde vendrán los nuevos recursos y hacia dónde van. Su llanto prolongado y doloroso es la muestra más objetiva de la naturaleza social de la reforma. Y las declaraciones virulentas de la Asociación de Banqueros de México y de la Coparmex son la señal de que esta reforma va por buen camino. Preocupados estaríamos todos si ellos, los banqueros, la elogiaran. La iniciativa privada está sorprendida. Después de 20 años de convertir sus deseos en voluntad presidencial y en actos legislativos, ahora quiere contagiar a todos el reclamo de sus propios privilegios. Quisieran echar abajo esta reforma para que pueda llegar lo que consideran una verdadera reforma hacendaria, que no es otra cosa que la generalización del IVA en el consumo básico de la población.

2. El Congreso paró en seco el proyecto recaudador de Vicente Fox. Prácticamente 100 por ciento de los nuevos ingresos que propuso fue desechado. La propuesta foxiana pretendía recaudar más de 70 mil millones de pesos gravando los alimentos y alrededor de 50 mil millones con impuestos a medicinas, transporte, colegiaturas, libros, revistas, periódicos, servicios educativos, así como prestaciones sociales, pensiones y jubilaciones. Nada de ello prosperó. La propuesta de Fox se basaba en un 90 por ciento en el IVA dirigido básicamente a clases medias y populares, y en un pequeño porcentaje, en el ISR recargado en los trabajadores sindicalizados, la tercera edad y el sector agropecuario.

3. El Congreso construyó una propuesta alternativa de reforma fiscal. Su eje central es el ISR y no el IVA. No son tampoco los impuestos especiales ni los gravámenes a bienes suntuarios su parte central, como puede creerse por el tipo de críticas que se han hecho. Por eso tampoco puede decirse que sea simplemente una miscelánea fiscal. El peso de los cambios en materia de impuesto sobre la renta le dan la dimensión de una auténtica reforma fiscal. Y ninguna de las observaciones críticas a dicha reforma recaen en sus aspectos medulares. De 70 mil millones de pesos adicionales que se obtendrán para 2002 con estos cambios, 50 mil millones vienen del ISR, 8 mil millones del impuesto a bienes suntuarios y sólo el resto de lo que comúnmente se denomina miscelánea fiscal: impuestos especiales y derechos.

4. Son los ricos quienes pagarán la reforma. Cerca de 25 mil millones de pesos serán aportados por los patrones, a los que se transfiere la responsabilidad de entregar el crédito al salario de los trabajadores, mismo que venía dando el gobierno federal y que ahora ahorrará y constituirán, por ende, un ingreso nuevo. Otros 25 mil millones vendrán del nuevo mecanismo enfocado a gravar los dividendos de los accionistas de las empresas. Una parte más difícil de cuantificar ahora, pero que crecerá geométricamente a partir de 2003, se refiere a la acumulación de los ingresos de las personas físicas con altos recursos que permitirá gravar no sólo su salario formal, sino sus rentas, intereses y ganancias de diverso tipo. Y en cualquier caso constituirá una poderosa herramienta para combatir la evasión fiscal. Adicionalmente debe contemplarse que 90 por ciento de la lista de productos suntuarios es consumido por menos del uno por ciento de la población. De los más de 70 mil millones de pesos que se obtendrán de las reformas a impuestos directos e indirectos, 60 mil millones los aportarán los más pudientes, principalmente en su calidad de patrones y accionistas de empresas, también como personas físicas con altos ingresos y además como consumidores de bienes suntuarios.

5. Pero lo más importante es hacia dónde se canalizarán los nuevos ingresos, pues de esos 70 mil millones cerca de 30 mil millones se van a estados y municipios; unos 12 mil millones a educación: otros 12 mil millones a salud y seguridad social; alrededor de 7 mil millones a combate a la pobreza; 5 mil millones al campo y 6 mil millones a inversión productiva. Ahí radica su mayor sentido social. Es, aun modestamente, una operación inversa a las medidas zedillistas, pues el ex presidente, con el apoyo absoluto del PRI y la subordinación del Congreso aumentó el IVA de 10 a 15 por ciento y encadenó los nuevos recursos al rescate de los banqueros más corruptos que ha tenido México. Ahora el Congreso realizó una operación inversa, reformando el ISR y destinando los nuevos ingresos al gasto social.

6. Llegar a esta conclusión fue muy difícil. Siempre existió el peligro de que fuera aprobado el IVA en alimentos y medicinas. Se sabe que el PAN mantuvo la propuesta hasta el último momento. Pero no hubiera significado mayor problema de no ser porque el equipo económico del PRI, encargado de la negociación, también mantuvo esa propuesta hasta la última semana de diciembre de 2001.

7. Sin duda ésta no será la última reforma fiscal. Sin duda hay diversas omisiones y varias contradicciones. Seguramente en la lista de bienes suntuarios ni están todos los que son ni son todos los que están. También es cierto que deben restablecerse las exenciones a los autores y ampliarse el techo del régimen de pequeños contribuyentes. Y además está claro que el Fobaproa-IPAB sigue comprometiendo un pedazo del presupuesto.

Adicionalmente hay dos hechos políticos significativos. La decisión tomada por el Congreso constituye un verdadero acto de soberanía popular, pues fue una decisión propia y, en muchos sentidos, contraria a las enormes presiones. Y por otra, el Congreso mostró su capacidad para ayudar al gobierno sin subordinarse a sus proyectos, pues le otorga recursos suficientes y crecientes para atender sus responsabilidades. Toca ahora al Presidente cumplir, aplicar el gasto social y hacer funcionar la administración pública con eficacia y sin corrupción.

Que los legisladores puedan tomar decisiones que recojan el clamor popular y que rechacen la dictadura de la iniciativa privada, son sin duda buenas noticias.