Angel Guerra Cabrera

Colombia después del 11 de septiembre

Colombia es un punto particularmente álgido de la rebeldía de los pueblos andinos contra el cerrado orden de opresión que los atenaza desde hace siglos. Podrán señalársele críticas a algunos de sus métodos y tácticas políticas, pero la guerrilla colombiana representa hoy una de las más resueltas y tenaces manifestaciones de lu-cha campesina y popular contra la dominación oligárquica en nuestra América.

Críticas que no serían constructivas si parten de abstracciones políticas que no toman en cuenta las singularmente adversas condiciones en que se ha desenvuelto la pelea contra un bloque de clases explotadoras, siempre dispuesto a reprimir sin piedad a quienes se le oponen. Un caso notorio de esa actitud fue el exterminio de alrededor de 4 mil militantes de la Unión Patriótica en los 80, en el último gran intento de la izquierda colombiana por participar en una contienda electoral. Con posterioridad miles de activistas políticos y luchadores sindicales y sociales han sido también asesinados.

No es casual la beligerancia y fortaleza alcanzadas en Colombia por el movimiento guerrillero -el mayor y más antiguo de la región-, curiosamente acentuada después de la caída del muro de Berlín, de los procesos de paz centroamericanos y de la derrota del sandinismo, en un momento en que la vía armada no está en el orden del día en América Latina como forma fundamental de lucha revolucionaria.

Con los pasos que dio Andrés Pastrana para impulsar un proceso de paz, antes y después de llegar a la presidencia, pudo parecer que en un sector de la oligarquía del país andino había despertado cierta comprensión hacia las evidentes causas del largo conflicto bélico en la creciente desigualdad social e inexistencia de las más mínimas posibilidades de participación política fuera de los partidos del sistema. Pero más de tres años de pláticas entre el gobierno y las FARC parecen confirmar que con ellas lo que buscaba el gobierno de Pastrana era dar una imagen de tolerancia hacia adentro a una opinión pública vehementemente deseosa de paz, que permitiera continuar la implantación del modelo neoliberal sin levantar mayor resistencia, y hacia afuera ofreciera confianza a los inversionistas extranjeros. Al mismo tiempo, desgastar a la guerrilla con una intensa guerra propagandística y quebrarla en sus objetivos de cambio social.

Ante el proceso de paz colombiano se erigen grandes obstáculos, que van desde la histórica resistencia de la oligarquía a ceder algo de su condición privilegiada hasta los intereses creados por la propia guerra en mandos castrenses y jefes paramilitares afines enriquecidos por negocios ligados a la contrainsurgencia y al narcotráfico, a los que no conviene un cese de hostilidades.

Esas actitudes son estimuladas y fortalecidas por los planes estadunidenses de recolonización de América Latina expresos en el ALCA y la Iniciativa Regional Andina, sustituta del Plan Colombia. Aquella dirigida no sólo a liquidar la guerrilla en ese país sino a los combativos movimientos indígenas y populares de Ecuador, Bolivia, Perú y al gobierno na-cionalista de Hugo Chávez.

Después del atentado terrorista del 11 de septiembre los planes de Washington se han hecho más evidentes. La inclusión de las FARC y el ELN en la lista de organizaciones terroristas creó el argumento le-gal para justificar una eventual escalada de la injerencia estadunidense en Colombia. Un editorial del Washington Post de esta semana se manifiesta en ese tenor y así mismo filtraciones a la prensa sobre una reconsideración de la política de la Casa Blanca hacia Colombia, que implicaría hacer extensivo abiertamente a la contrainsurgencia el enorme apoyo militar que brinda Estados Unidos al ejército colombiano, hasta ahora con el pretexto del combate al narcotráfico. El temor a que cunda el contagio político del "argentinazo" en la región también abona las posturas estadunidenses más agresivas.

En este contexto se entiende mejor el nuevo intento por la oligarquía, la embajadora estadunidense y los altos mandos militares de reventar el diálogo de paz que sólo una gestión de última hora del representante de la ONU y del grupo de países facilitadores del proceso negociador ha podido impedir momentáneamente.

Una solución política al conflicto colombiano es lo único razonable, pero las señales que se perciben desde Bogotá y Washington muestran la preferencia por una salida de fuerza.

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