Ť Human Rights Watch admite avances de este gobierno

México, incapaz de someter a los militares al régimen de ley: Roth

Ť Dice que no hay garantías para elecciones sindicales libres

JIM CASON Y DAVID BROOKS CORRESPONSALES

Washington, 17 de enero. Human Rights Watch elogió los "grandes cambios" en la actitud del gobierno de México respecto de los derechos humanos, pero advirtió que aún son necesarios "avances significativos" para resolver los abusos por parte de los militares y también para asegurar que la supervisión de las prácticas policiacas sea adecuada.

Sin embargo, lo notable de la sección para México del informe anual sobre los derechos humanos a nivel mundial -presentado el miércoles por la organización- fue el tono diferente de años anteriores, más positivo y hasta elogiando algunas de las iniciativas del gobierno del presidente Vicente Fox en este rubro, particularmente en el ámbito internacional.

Al preguntarle por este contraste, Kenneth Roth, director ejecutivo, respondió: "obviamente se han dado grandes cambios en términos de la actitud de México hacia los derechos humanos a nivel internacional".

En una rueda de prensa en esta capital, Roth resaltó la decisión del gobierno de Fox de extender una invitación permanente a todo representante de los organismos de derechos humanos internacionales para visitar México; la autorización para extraditar a España al ex oficial de la Armada argentina Ricardo Miguel Cavallo, y la solicitud de ratificación por parte del Poder Legislativo del Tratado de la Corte Penal Internacional, entre otras acciones.

"Buenas personas"

También destacó el nombramiento de "buenas personas" en altos puestos del gobierno, incluyendo a Jorge G. Castañeda, Adolfo Aguilar Zinser y Mariclaire Acosta.

"Internamente el problema más grande, desde nuestra perspectiva, ha sido la incapacidad de someter a los militares al régimen de ley", explicó Roth en respuesta a La Jornada.

La sección para México del informe describe casos de abusos de derechos humanos contra civiles por parte de militares, incluyendo la muerte de un joven de 14 años en Lindavista, Guerrero, en enero del 2001, y las acusaciones en Baja California y Tamaulipas. "Soldados involucrados en operaciones antinarcóticos también cometieron abusos contra civiles", señala el documento.

Sin embargo, Roth enfatizó los "buenos pasos" dados por el gobierno mexicano al nombrar un fiscal independiente para investigar acusaciones contra militares sobre violaciones de los derechos humanos. "El problema estructural ha sido que los integrantes de las fuerzas armadas estaban fuera del sistema judicial, y eso podría ser un paso para remediar ese problema", dijo.

El director ejecutivo de Human Rights Watch informó que durante sus reuniones en México el mes pasado había recibido ofrecimientos del procurador general y el Presidente, de que el nuevo fiscal sería completamente independiente. "Estaremos monitoreando eso de cerca, y se espera que sea cierto", agregó.

Con todo, el informe renueva la crítica por el encarcelamiento del general José Francisco Gallardo, y señala que aunque dos activistas ambientalistas -Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores- finalmente fueron liberados, la investigación sobre si fueron torturados está a cargo de la oficina del fiscal militar, la cual tiene un "historial sumamente pobre" en sus investigaciones de abusos por parte de miembros de las fuerzas armadas.

Por otro lado, el informe de Human Rights Watch señaló que "la supervisión judicial de las prácticas policiales fue gravemente inadecuada". Agrega que "los jueces se sirvieron de precedentes legales que invalidaban las garantías de derechos humanos al aceptar el uso de pruebas obtenidas mediante violaciones a derechos humanos."

En torno al caso de Digna Ochoa, el documento establece que el gobierno de Ernesto Zedillo "no había realizado una investigación exhaustiva" sobre los incidentes previos de ataques contra la abogada, y que el gobierno de Viecente Fox prometió "adoptar todas las medidas necesarias para llevar a los responsables ante la justicia."

La organización de derechos humanos también criticó a la actual administración por no garantizar elecciones sindicales libres e imparciales.

En este contexto menciona como ejemplo las elecciones sindicales en la fábrica Duro Bag Manufacturing Corp., en Río Bravo. Además, el informe señala el problema de contratos colectivos negociados por parte de sindicatos pro empresariales.

"Hemos hecho mucho trabajo sobre los derechos laborales", explicó Roth en breve entrevista con La Jornada. "El TLC no ha sido un mecanismo efectivo para abordar los abusos de los derechos laborales en ningún lado de la frontera; es una lección que estamos aprendiendo mientras la gente empieza a hablar sobre una Area de Libre Comercio de las Américas o una nueva ronda mundial de comercio".