Ť Primer encuentro del auditor superior con diputados; esboza plan de trabajo

Se revisa el destino de más de 615 mil mdp de fondos federales, revela González de Aragón

Ť "Parece que Gil Díaz se está convirtiendo en un cómplice más del Fobaproa y del IPAB", dice

CIRO PEREZ SILVA

La Auditoría Superior de la Federación revisa el destino de más de 615 mil millones de pesos de fondos federales, toda vez que presentan deficiencias en sus estados financieros, reveló ayer a los diputados el responsable del área, Enrique Arturo González de Aragón.

En un documento entregado ayer a los diputados, en el que presenta una "visión estratégica" y adelanta el programa de trabajo que pretende desarrollar al frente de la Auditoría Superior de la Federación, González de Aragón advierte que "se tiene en curso un análisis del estado que guardan los fideicomisos, fondos, mandatos, convenios y otros instrumentos desincorporados para la administración de recursos federales, cuyos saldos superan 615 mil millones de pesos y suman alrededor de mil 165 en número, de los cuales más de la mitad consigna fechas muy atrasadas en sus estados financieros, reportados algunos desde 1993".

Asegura que "esta falta de control opera contra la objetividad de la evaluación del cumplimiento de los programas y de la transparencia. Esta actividad preventiva puede medirse en función de la cuantía de los recursos involucrados".

Hizo ver a los legisladores que los recursos del ramo 33, destinados al combate a la pobreza, de manera recurrente son desviados en su ejercicio, y sugirió buscar mecanismos que garanticen el adecuado uso de estos fondos, a efecto de que se ejerzan dentro de los márgenes y disposiciones presupuestales aprobadas, y evitar el continuo desvío de estos recursos hacia fines distintos a los previstos en el ordenamiento aprobado por el Congreso.

En lo que fue su primer acercamiento con los legisladores, luego de ser aprobado su nombramiento por el pleno de la Cámara de Diputados, González de Aragón expuso que el órgano fiscalizador a su cargo debe prevenir irregularidades, en lugar de reaccionar cuando éstas ya se hayan cometido; en este sentido propone una instancia que "marque senderos, señale caminos, establezca pautas, para que el Poder Ejecutivo marche hacia la modernización administrativa, logrando con ello la eliminación gradual de las áreas generadoras de corrupción, privilegiando la economía, la eficacia y la eficiencia en el manejo de los recursos públicos".

Plantea que un complemento de las acciones que emprenda la auditoría para frenar actos de corrupción deben ser medidas que tiendan a eliminar la burocracia excesiva y la discrecionalidad en la toma de decisiones.

Retoma también la propuesta de la Legislatura pasada, para iniciar un verdadero servicio civil de carrera que garantice al servidor público no sólo estabilidad laboral, sino que contribuya a generar una cultura de evaluación de su desempeño y establezca parámetros de actuación que permitan revisar y calificar el grado de cumplimiento de los objetivos sociales de las instituciones públicas. En este sentido, afirmó que la cultura de la rendición de cuentas es tarea obligatoria y parte fundamental de la verdadera reforma del Estado.

Previamente, González de Aragón dio a conocer a los medios de información que la Auditoría Superior está practicando 175 auditorías al último año de la administración del presidente Ernesto Zedillo, en una primera fase, además de otras especiales ordenadas por la Cámara de Diputados, lo que es una parte representativa de la muestra de todo lo que es el ejercicio del gasto público.

Interrogado sobre la Comisión Nacional de Agua, el funcionario indicó que en este momento no se revisará nada de esa dependencia, sino que se hará cuando el Ejecutivo envíe los resultados de la cuenta pública de este año. "Esto, hasta que no se cierre el ejercicio correspondiente no formará parte de la Cuenta Pública; en ese momento nosotros entraremos con la responsabilidad de su revisión."

A pregunta expresa de los diputados respecto de la pertinencia de llevar a cabo auditorías al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), el funcionario respondió que "sin duda deben hacerse esas auditorías, y las que están pendientes a instituciones bancarias que no lo han permitido; ahí también tenemos que recordar que el presidente de esa junta es justamente el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz; entonces parece ser que Francisco Gil Díaz, aparte de todo, se está convirtiendo en un cómplice más del Fobaproa y del IPAB".