Banobras lleva a juicio al gobierno de Chihuahua

Ť Respuesta del banco a demanda del estado por cobro indebido de intereses: Ramiro Arroyo

ANTONIO CASTELLANOS

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) embargó 800 hectáreas de reserva territorial de Chihuahua, así como 10 cuentas bancarias del Instituto de la Vivienda (Ivi) de la entidad, e inició acción judicial para que el gobierno que encabeza Patricio Martínez responda como deudor solidario a seis créditos que se otorgaron al instituto en 1994.

El débito asciende a 480 millones de pesos, y de acuerdo con la información obtenida, desde 1992 Banobras atendió peticiones del gobierno estatal y del Ivi, los que, con autorización del Congreso local, obtuvieron importantes financiamientos con la garantía de sus participaciones en ingresos federales.

El director del organismo descentralizado del gobierno estatal, Ramiro Arroyo, confirmó que abogados del banco le notificaron del embargo el martes pasado, como parte de las acciones legales que emprendió la institución para defenderse de una demanda interpuesta por el propio gobierno de Chihuahua, que considera ilegal el cobro y la capitalización de intereses que está haciendo el organismo financiero.

El funcionario aseguró que el embargo de Banobras no procede, porque está señalando bienes de interés público, pero consideró que es claro que se pretende afectar al gobierno de la entidad y a los chihuahuenses que serían beneficiados con la construcción de 4 mil 500 viviendas programadas por el Ivi para este año, y otras 10 mil que está negociando con el Fovissste como apoyo a los maestros.

Explicó que el Instituto de la Vivienda está preparando su defensa jurídica y entregará la documentadción este mismo viernes, con lo que cancelará las acciones de Banobras y continuará la demanda que el gobierno de Chihuahua interpuso contra el banco; "nosotros tenemos la razón, vamos a ganar este juicio y hasta nos tendrán que devolver 50 millones de pesos que ya nos cobraron de más", precisó Arroyo.

En 1995, Banobras atendió la solicitud del Ivi y del propio gobierno del estado con el fin de llevar a cabo la restructuración de los financiamientos otorgados.

Ruptura unilateral de negociaciones

De acuerdo con los informes oficiales, desde 1992 y hasta los primeros meses de 1999, el Instituto de la Vivienda cumplió puntualmente con sus obligaciones contractuales contraídas con el banco. Después incurrió en falta de pagos, y a pesar de la buena disposición de Banobras, el instituto y el gobierno del estado decidieron romper unilateralmente las negociaciones y demandar la nulidad de los contratos de crédito.

Frente a esta posición, en marzo de 2001 las autoridades de Banobras reiniciaron pláticas con el Ivi y el gobierno estatal, en su calidad de deudor solidario, en la búsqueda de un acuerdo satisfactorio para ambas partes que pusiera fin a la controversia señalada, pero no obtuvo respuesta favorable.

Como consecuencia y atendiendo el legítimo derecho de Banobras de recuperar créditos otorgados, y canalizarlos a programas sociales, se decidió, dentro del marco jurídico aplicable, iniciar nuevas acciones jurisdiccionales.