Ť Se acatará la recomendación de la CIDH en el caso Gallardo: Ricardo Sepúlveda
Creará Gobernación oficina que coordinará actos para cumplir acuerdos sobre derechos humanos
ALONSO URRUTIA
Con el fin de coordinar las acciones gubernamentales para cumplir los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y garantizar una interlocución permanente con los diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, la Secretaría de Gobernación prepara reformas a su reglamentación para crear una nueva oficina que atienda estos aspectos.
Ricardo Sepúlveda, responsable de la relación con las organizaciones no gubernamentales de la dependencia, afirma que el impulso de una política integral de derechos humanos parte de entender que es un tema que incide directamente en la gobernabilidad del país.
La ratificación de diversos acuerdos internacionales en la materia y algunas reformas constitucionales y legales que se preparan para mejorar las condiciones de los defensores de derechos humanos forman parte de una política que, sin duda, se aceleró tras el homicidio de Ochoa.
-Hay algunos casos notables, como el del general Gallardo, que cuestionan esa política de derechos humanos -se indica.
-Tienes toda la razón. No se puede estar hablando de propósitos con idealismo si están los casos Gallardo, Digna Ochoa y otros. El de Gallardo es un tema que nos ha llevado horas de análisis. Aquí el asunto es lo que marca el derecho interno. Cualquier acto que se vaya a realizar en acatamiento de la misma resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene que ser conforme a nuestras leyes.
Sepúlveda añade: "Vamos a acatar la resolución de la Comisión Interamericana, y no es que no se esté buscando la manera de liberarlo, pero estamos siguiendo el camino de nuestro marco jurídico interno, de la liberación en vías del cumplimiento de la recomendación".
-Entonces, Ƒsólo se buscan las vías jurídicas para su liberación?
-Finalmente estamos buscando cumplir con la recomendación. ƑPor qué? Porque nosotros hemos reconocido la competencia de la CIDH y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sepúlveda -quien fue uno de los responsables de la revisión de los expedientes de los zapatistas que fueron liberados- señala que se preparan reformas en el reglamento de la Secretaría de Gobernación, con el fin de crear una instancia coordinadora de la política institucional de derechos humanos, la cual, dice, se ha promovido desde el inicio del sexenio, pero sin duda se aceleró tras el homicidio de Digna Ochoa.
La ratificación de convenios
El impulso a la política de derechos humanos, asegura, tiene su expresión en la ratificación de diversos instrumentos internacionales que tenían años sin ser ratificados, como la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, la Declaración de Naciones Unidas para la Protección de Todas las Personas y contra las Desapariciones Forzadas. También el comienzo del proceso de reformas constitucionales que permitan ratificar la competencia de la Corte Penal Internacional y el llamado Estatuto de Roma.
Entre los objetivos de este nuevo organismo está garantizar las diversas acciones que permitan el cumplimiento de los compromisos derivados de la ratificación de los convenios internacionales. La cancillería -dice- recibe las recomendaciones de los organismos internacionales, pero quien las ejecuta es Gobernación para darles mayor fuerza obligatoria.
Otro asunto que atenderá la coordinación es fomentar un vínculo más estrecho con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si bien las recomendaciones que este organismo gire a las diversas dependencias continuarán siendo responsabilidad de las mismas, la unidad de coordinación buscará, dice Sepúlveda, mejorar el cumplimiento.
Más adelante aborda el caso Digna Ochoa, cuyo esclarecimiento, afirma, "importa mucho" a la Secretaría de Gobernación y al gobierno federal. Asimismo subraya que se han instrumentado acciones para la protección de Bárbara Zamora, sin que hasta ahora se haya alcanzado un acuerdo más allá de algunas medidas de protección. Se ha planteado la colocación de un circuito cerrado como acción adicional, sin que se haya concretado.
El asunto de la protección de los defensores de derechos humanos será motivo de nuevas reformas legales e incluso constitucionales que prepara el gobierno, apunta.
Finalmente señala que las discusiones con organizaciones no gubernamentales han permitido ampliar el horizonte que podría tener esta unidad coordinadora, con el fin de abarcar sectores específicos que requieren de acciones puntuales de protección.
