Investigan PGR y Profepa violaciones a la Ley de Vida Silvestre durante el gobierno de Zedillo

ANGELICA ENCISO L.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó una denuncia ante la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) y la Procuraduría General de la República (PGR) por las irregularidades que encontró en el otorgamiento de permisos para la extracción de aves en Oaxaca. Uno de los presuntos implicados es Felipe Ramírez Ruiz de Velasco, quien fue director general de Vida Silvestre del Instituto Nacional de Ecología en la administración anterior.

Las anomalías que en esta área se presentaron durante el sexenio pasado no se limitan a esto. Entre las violaciones a la ley están: subasta de permisos de caza del borrego cimarrón y mal funcionamiento en gran parte de las Unidades para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (Umas), las cuales se constituyeron como eje de la política gubernamental en el rubro. También en la Ley de Vida Silvestre, que entró en vigor en 2000, en la cual quedaron vacíos que permiten la captura irrestricta de especies en vías de extinción.

La PGR detectó la entrega de permisos "voluminosos" para la extracción de aves en Oaxaca, los cuales, presuntamente, iban a ser comercializados en el estado de México. "Coordinando las dos delegaciones (de la Profepa) vimos que había irregularidades y que incluso hubo falsificación de actas en el ejido donde se extraerían las aves", señala el procurador ambiental, José Campillo García.

Explica que a partir de esta investigación se presentaron las denuncias administrativas ante las autoridades correspondientes. En este caso sólo se está en espera de la resolución de la Secodam y de la PGR, ya que el proceso va avanzado e incluso ya declararon los presuntos inculpados.

Vida silvestre en riesgo

"En el área de Vida Silvestre, responsable de otorgar autorizaciones de caza y explotación, había graves irregularidades", señala Juan Carlos Cantú, coordinador de la campaña de biodiversidad de Green-peace. En las especies bajo protección especial (amenazadas o en riesgo de extinción) la captura estaba prohibida, pero el gobierno dio permisos para cazar al oso negro, que ya sólo existe en algunas zonas de Coahuila y Chihuahua, y al borrego cimarrón, el cual es altamente cotizado en el extranjero, agrega.

En el caso del borrego cimarrón, en 1998 se entregaron tres permisos para cazar en Baja California. Uno fue subastado por las mismas autoridades en el Safari Club Internacional, celebrado en Reno, Nevada, aun cuando esto estaba prohibido por la Ley de Caza, la cual establecía que estas autorizaciones no se podían ceder a terceros. Ese permiso salió con la oferta original de 300 mil dólares, pero quedó en 129 mil. Esta práctica ya la habían hecho dos años antes con tres permisos en Phoenix, Arizona.

Por otro lado, en las Umas que se establecieron a partir de 1997 quedaron integrados los viveros, jardines botánicos, zoológicos, criaderos y ranchos cinegéticos. La Ley General de Vida Silvestre ?que sustituyó a la de caza? establece que las Umas son predios o instalaciones registrados con un plan de manejo aprobado, en los cuales se da seguimiento permanente al estado del hábitat y de poblaciones.

En dichas unidades participan particulares, comuneros y ejidatarios. Son centros productores de pie de cría, bancos de germoplasma, se hacen labores de investigación y se reproducen ejemplares. Todo esto se puede utilizar para cacería deportiva, mascotas, exhibición ?zoológicos? y colecta, indica la Estrategia Nacional para la Vida Silvestre, editada en 2000. El documento señala que "muchas de las Umas han sido registradas con la intención exclusiva de desarrollar conservación, sin la búsqueda de efectuar manejo de especies con fines de aprovechamiento o uso".

En el país actualmente hay alrededor de cuatro mil Umas, de las cuales mil 877 se localizan en Sonora, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Funcionan como ranchos cinegéticos, sitios para la práctica de la cacería. Las especies que más se explotan son: borrego cimarrón, venado bura, venado cola blanca, cercetas ?aves?, huilota y pato.

Protección al Ambiente no cumple

Para verificar las unidades ?la mayoría se registró sin cumplir la ley?, la Profepa diariamente tendría que visitar 10, lo cual no sucede, señala Juan Carlos Cantú. La misma Procuraduría, en un estudio, indica que las Umas "no han cumplido con los objetivos de conservación" y hay problemas con las organizaciones que las manejan, sobre todo con las que se dedican a la cacería.

Cantú agrega que presentar un estudio poblacional es uno de los requisitos para que se concedan los permisos de explotación, pero no se hace. "En el norte del país las grandes Umas cumplen con esta condición, pero las pequeñas que se han establecido alrededor no, y solicitan los permisos basándose en el estudio de su vecino mayor", indica.

La Profepa, por su parte, anuncia que continuará con los operativos en las Umas. Las principales irregularidades que hay en éstas son las malas condiciones en que tienen a los animales, no haber presentado los informes a los que están obligadas y no llenar los registros de altas y bajas. "En general ha habido un descuido sobre ellas. Habrá regularizaciones, pero también tendremos que aplicar sanciones y cerrar algunas", señala el procurador ambiental.

Al respecto, el subsecretario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Raúl Arriaga, quien ahora tiene bajo su responsabilidad Vida Silvestre, afirma que se hicieron revisiones con imágenes de satélite y coordenadas geográficas, y se han llegado a encontrar dos Umas registradas en un mismo lugar, lo cual llevó a la clausura de algunas.

"Cuando nos metimos a detalle vimos que era una sola población de animales para varias Umas, y entonces cancelamos las que estaban operando mal y dejamos una. Estamos regularizando la situación, viendo las especies, cómo las manejan, las actividades que desarrollan, y tratamos de poner un control claro para el manejo de especies", agrega Arriaga. Precisa que "desde el año pasado estamos en la revisión del procedimiento para las autorizaciones. Algunas se detuvieron, otras se negaron y unas más se cancelaron".

En cuanto a los permisos de caza, agrega, se modificó el proceso. En las licencias se establecen requisitos, se amplió el registro de cazadores y en la expedición de los cintillos para el cobro de la pieza cazada previamente se mandan llenados para que en la Uma sólo pongan los datos del ejemplar, lo cual antes no ocurría porque se mandaban en blanco y ponían lo que querían.

Cantú indica que la Ley General de Vida Silvestre, impulsada por el gobierno anterior, tiene grandes fallas. Se incluyeron artículos que permiten ceder a terceros las autorizaciones de caza o de explotación, "lo cual históricamente se ha prestado a la explotación de las comunidades marginadas, mismas que reciben beneficios muy inferiores a los generados con la comercialización de los recursos".

El artículo 92 favorece el aprovechamiento de todas las especies silvestres de México, sin ninguna limitación, por lo que están en riesgo los animales bajo protección especial. En el rubro de aprovechamiento sustentable se abrió el camino para explotar las especies amenazadas y se dificulta la aplicación de la misma ley, sostiene.