Suspende el gobierno argentino las acciones judiciales contra el corralito

Ť El plan económico es bien recibido en el exterior, pero no calma las protestas de la población

AFP, REUTERS Y DPA

Buenos Aires, 4 de febrero. El gobierno argentino, cuyo plan económico provocó reacciones positivas en el exterior pero no despejó dudas en el país, prohibió este lunes a los bancos operar con dólares y suspendió las acciones judiciales contra el corralito bancario que encierra los depósitos, en un intento por evitar el desplome del peso y el colapso del sistema financiero.

Un decreto que rige a partir de hoy suspende por 180 días la tramitación de procesos judiciales y pedidos de acciones cautelares en reclamo de créditos, deudas, obligaciones, depósitos o reprogramaciones financieras.

La norma de "necesidad y urgencia" rige de inmediato, pero deberá ser puesta a consideración del Congreso dentro de 10 días, aunque este día fue cuestionada por dos abogados que exigen la devolución de los fondos inmovilizados desde diciembre pasado por el gobierno de Fernando de la Rúa, quien se vio obligado a renunciar el 20 de diciembre tras una revuelta popular.

La polémica medida del gobierno fue tomada en respuesta a la sentencia de la desprestigiada Corte Suprema de Justicia que el viernes, en lo que se interpretó como un movimiento por evitar un juicio político y ganar popularidad, declaró inconstitucional el bloqueo de depósitos, lo que provocó temores de un colapso financiero.

El gobierno, que asegura buscar la liberación "ordenada" de los depósitos y ahorros confiscados, tuvo entonces que aplazar de sábado a domingo el anuncio del plan económico.

El presidente Eduardo Duhalde dijo hoy que la sentencia sólo sirvió para suspender las indagaciones judiciales sobre la presunta fuga de 70 millones de dólares a través del Banco Central de Negocios, cuando ya estaba el corralito. "El fallo es benéfico para la gente que se llevó la plata afuera, porque seguramente no podrá seguirse el juicio", dijo el mandatario peronista, elegido por la Asamblea Legislativa el 1º de enero.

Gobierno y oposición coinciden en que la Corte quiso vengarse del sistema porque la Cámara de Diputados dio curso a 28 pedidos de juicio político contra los nueve ministros del alto tribunal, cuestionados por mal ejercicio de sus funciones.

Una comisión de 31 diputados debía instalarse este lunes para comenzar el examen de denuncias, en el primer paso hacia la preparación de las acusaciones que serán juzgadas por los senadores.

Todos los sectores políticos le dieron un apoyo explícito a Duhalde en su pelea contra la Corte, salvo las corrientes peronistas que siguen al ex presidente Carlos Menem, quien justamente amplió el número de magistrados de ese tribunal durante su gestión para asegurarse el apoyo para polémicas decisiones como las privatizaciones y los indultos a las juntas militares.

Una eventual sanción contra el máximo tribunal contaría con fuerte respaldo popular: un sondeo de la consultora Ricardo Rouvier y Asociados indicó que 78.2 por ciento de los argentinos opina que los ministros de la Corte Suprema de Justicia deben renunciar.

Por otro lado, el gobierno prohibió este lunes a los bancos operar con dólares. La víspera, el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, anunció que a partir de este miércoles desaparecerá el régimen cambiario dual en el que coexisten un peso oficial con valor de 1.40 por dólar -para operaciones de comercio exterior- y otro que flota libremente.

La decisión fue unificar ambos mercados y dejar flotar al peso sin intervenciones, de acuerdo con lo demandado por el Fondo Monetario Internacional, aunque la concreción de operaciones financieras que impliquen girar dólares al extranjero requerirá la autorización del Banco Central.

Lo que no mencionó Remes Lenicov y que apareció publicado este lunes en el Boletín Oficial es la decisión del gobierno de remplazar todos los billetes de dólares que tienen los bancos por pesos, a un tipo de cambio de 1.40 por dólar, y la prohibición a las entidades financieras de vender la divisa estadunidense al público.

Con esas dos medidas la oferta de dólares estará concentrada en el Banco Central, que podrá decidir cuánto venden a las casas de cambio y cuál será su precio de reventa.

Pese a todo, el gobierno admitió que espera que en los próximos días la moneda caiga en medio de un mercado volátil. "El dólar va a andar a los brincos por unos días, pero insisto en que tenemos gran capacidad de intervención. Con la mitad de las reservas que tenemos podemos comprar todos los pesos circulando en la economía", dijo el vocero presidencial, Eduardo Amadeo.

Analistas locales piensan que, pese al control que ejercerá el Banco Central sobre la oferta de dólares, se puede desarrollar un mercado negro que podría presionar al peso.

El nuevo plan anunciado el domingo incluyó además la conversión a pesos de todas las deudas bancarias y no bancarias en dólares a una relación uno a uno, lo que fue recibido con preocupación por los bancos, aunque el gobierno les dará una compensación con bonos del Estado.

Esto implicaría un costo de 9 mil 500 millones de dólares, equivalentes a 4.5 por ciento del PIB.

Para algunos analistas el hecho de que todas las deudas fueran pasadas a pesos, en lugar de únicamente las deudas menores a cien mil dólares, la mayoría hipotecarias, beneficiará a las empresas altamente endeudadas, en su mayoría extranjeras.

En tanto, los depósitos en dólares serán convertidos a pesos a una tasa de cambio de 1.40 unidades por dólar, lo que para el jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, Guillermo Calvo, es un error, porque al no ser pesificados a la paridad uno a uno no se pueden levantar las restricciones bancarias, que seguirán hasta enero de 2003.

El plan económico no acalló las protestas -enojados ahorradores se concentraron este lunes frente a algunas sedes bancarias, cerradas por un feriado cambiario hasta el martes- pero fueron bienvenidas por Washington y eso permitirá a Argentina negociar nueva asistencia financiera, según analistas. También el Banco Mundial se declaró satisfecho con las medidas.

Otra voz de apoyo fue la del gobierno conservador español, aunque "faltan detalles", según dijo, al tiempo que la opositora Izquierda Unida anunció que interpelará en la Cámara de Diputados al presidente José María Aznar sobre la urgente necesidad de ayudar a Argentina, mientras el Partido Socialista pidió que los organismos financieros, especialmente el FMI, "a cuyas instrucciones económicas y a su rigidez se debe en alguna medida la gravedad" de la crisis de Argentina, que colaboren con ese país.

En Argentina, Claudio Lozano, economista de la combativa Central de Trabajadores Argentinos (CTA), advirtió que al incluir las deudas mayores a cien mil dólares en la pesificación se promueve un proceso "descomunal de licuación de pasivos para los grupos económicos".

Cuestionan pesificación

Para el diario Página 12, la pesificación de todas las deudas es "otra estatización de la deuda privada", como se dio en 1982 durante la última dictadura militar, justamente cuando quien fuera ministro de Economía de Menem y De la Rúa, Domingo Cavallo, era titular del Banco Central.

Cavallo fue citado por la justicia para declarar el 12 de febrero, acusado de "instigar a cometer delitos y por violación a los deberes de funcionario público", trascendió hoy.