Durante 2001, el gobierno federal transfirió al exterior cerca de 30 mil millones de dólares para atender amortizaciones y pago de intereses de la deuda externa pública, cifra que duplicó el monto total de inversión extranjera directa en dicho periodo, es decir, que por cada dólar que ingresó al país salieron 2.16 en promedio.

México --no cabe duda-- cumplió puntualmente con el pago de sus obligaciones externas, de ahí que la calificadora Standard & Poor's haya otorgado al país el grado de inversión, mismo que supone un reconocimiento a la estabilidad macroeconómica y, por tanto, a la capacidad y disposición de pago de los compromisos con el exterior.

Este es precisamente el tipo de políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional: exigir el puntual pago de obligaciones a los países deudores, no obstante que sus economías permanezcan estancadas o, incluso, registren decrecimiento. México es un claro ejemplo de lo anterior, pues durante el primer año de la actual administración se observó nulo crecimiento económico, un déficit presupuestal mayor al esperado y una deuda externa heredada que no deja de crecer, pero que no deja de pagarse.

Así, con el propósito de allegarse más recursos para el pago de la deuda, este gobierno se ha visto en la necesidad de imponer mayores impuestos a los contribuyentes. Sin ambages, la recaudación que debería ser destinada al gasto social --educación, salud, infraestructura básica que fomente el desarrollo, combate a la pobreza y otros rubros importantes-- terminará, en su mayoría, destinada al pago de la deuda externa pública.

Para hacernos una idea de la dimensión del asunto, debe pensarse que los recursos de los contribuyentes que se utilizan para el pago de estos compromisos durante 2001 son semejantes a los ingresos generados por las actividades relacionadas con el petróleo, incluida la exportación de crudo, durante el mismo año.

Todo parece indicar que para el gobierno federal no existen caminos alternativos hacia el desarrollo que no sean los impuestos por los organismos financieros internacionales, incluidos proyectos de reformas constitucionales en diversas carteras. La iniciativa original en materia de reforma fiscal que el presidente Vicente Fox presentó al Congreso es un ejemplo contundente de ello.

En lugar de fomentar la autonomía económica, el gobierno parece apostar por la dependencia, mientras la mayoría de los mexicanos carecen de los servicios básicos que por obligación corresponde brindar al Estado.

La espiral de la deuda seguirá creciendo mientras no se atiendan problemas sociales tan graves como la pobreza. Lo primero que debe enfrentarse en este caso son las necesidades de la población; reactivar la economía desde abajo para poder destinar recursos al pago de compromisos externos. Sin embargo, la lógica parece estar invertida: primero la deuda y luego el gasto social.

De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda, para los próximos tres años se tienen programados pagos de deuda externa superiores a los 26 mil millones de dólares, que provendrán de la recaudación tributaria. Visto de esta forma, ahora sí podemos saber a quién beneficia la reforma fiscal.