Obtuvo dictamen a favor de ejidatarios; mantienen por el momento tierras en Texcoco

Procuraduría Agraria logra frenar expropiación

Presentará inconformidad por contradicciones de tribunales colegiados de distrito en Toluca

MATILDE PEREZ U., RENE RAMON Y JAVIER SALINAS CESAREO

El segundo tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito, con sede en Toluca, concedió a la Procuraduría Agraria (PA) la suspensión en el amparo interpuesto a favor de los ejidatarios de Santiago Cuautlalpan, Texcoco, a quienes -mediante el decreto de expropiación del 22 de octubre del año pasado- se les quitaban 133 hectáreas para integrarlas a las poco más de 5 mil destinadas a la construcción del nuevo aeropuerto metropolitano.

Este es el tercer recurso de amparo que logra obtener esa dependencia a favor de los ejidatarios mexiquenses. Los dos anteriores fueron a favor de los campesinos de Tocuila y Nexquipayac, quienes aún conservan sus 599 y 888 hectáreas, respectivamente.

Estos logros de la Procuraduría Agraria forman parte de los nueve juicios de amparo interpuestos por la institución, los cuales fueron radicados inicialmente en los juzgados de distrito en Nezahualcóyotl, pero ante el dictamen negativo de los jueces, siete fueron trasladados a los tribunales colegiados del segundo circuito de amparo, con sede en Toluca. El caso del ejido de Santiago Cuautlalpan es uno de esos siete.

"La resolución del tribunal colegiado en el recurso de revisión (a favor de los campesinos) garantiza que las cosas se mantengan en el estado que guardan al momento de interponer la demanda de amparo, en tanto se resuelve en definitiva sobre la constitucionalidad de la expropiación impugnada", informó la procuraduría.

En el caso de los juicios de amparo agrario, el artículo 233 de la ley en la materia establece que si el quejoso es un núcleo ejidal y el amparo está enderezado a combatir actos que pudieran traducirse en la privación o sustracción de tierras del régimen ejidal, el juez de distrito está obligado a conceder la suspensión y de manera oficiosa, incluso sin que el comisariado ejidal solicite la suspensión de los actos reclamados, abundó la dependencia.

En el caso del ejido San Martín, municipio de Texcoco, el tercer tribunal en materia administrativa del segundo circuito confirmó la negativa de amparo que había decretado el juez sexto de distrito del estado de México. De acuerdo con el decreto de expropiación, al ejido se le restarán 145 hectáreas, que serán entregadas a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la cual deberá pagar 10.4 millones de pesos.

Ante ese dictamen, la Procuraduría Agraria expuso su inconformidad, ya que los tribunales colegiados de dicho circuito con sede en Toluca "sostienen criterios contradictorios", por lo que -anunció- procederá a denunciar esto ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Esa denuncia de contradicción de tesis no modificará el sentido de las resoluciones ya dictadas en los casos mencionados, pero sí permitirá la fijación de una jurisprudencia obligatoria respecto de la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo que tengan por consecuencia privar a un núcleo de población de sus bienes agrarios, anticipando confianza en que el más alto tribunal recogerá en dicha jurisprudencia el sentido tutelar de los derechos agrarios que subyace en el libro segundo de la Ley de Amparo", precisó.

En Nezahualcóyotl, el juzgado sexto de distrito difirió la audiencia constitucional de los núcleos ejidales de La Magdalena Panoaya, en Texcoco, y Francisco I. Madero, de Atenco, debido a que el gobierno federal solicitó una prórroga para la presentación de los informes justificados del presidente Vicente Fox Quesada.

Los titulares de los núcleos agrarios y sus abogados se presentaron en el juzgado con el fin de participar en la audiencia constitucional; sin embargo, Gabriel Costilla Hernández, empleado de la mesa siete del juzgado sexto de distrito, les notificó que tuvo que ser diferida.

Roberto Muñoz Reyes, uno de los asesores jurídicos de los ejidatarios de Francisco I. Madero, aseguró que son "chicanas legales" las acciones que el gobierno federal ha emprendido para retrasar las audiencias de las demandas de amparo que interpusieron los campesinos con el objeto de que no les quiten sus tierras.

Indicó que en el caso de este ejido el gobierno federal ha incurrido en varias inconsistencias, pues hay información distinta en el decreto de expropiación y en los expedientes técnicos, porque en uno se establece que las 200 viviendas de la colonia Francisco I. Madero no están dentro del decreto, pero en otro se menciona que tendrán que ser reubicadas, además de que los despojan de otros espacios, como son caminos, los terrenos donde se pretendía construir las escuelas y el área del actual panteón de la comunidad.

Por su parte Daniel Portugués, presidente del comisariado ejidal de La Magdalena Panoaya, informó que la audiencia se difirió porque el presidente Vicente Fox y la Secretaría de la Reforma Agraria no han rendido los informes justificados para que el juez en turno pueda llevar a cabo la audiencia. Agregó que el gobierno federal solicitó una prórroga de cinco días, con el fin de entregar la documentación solicitada por el Poder Judicial de la Federación.

Por otra parte, al menos 100 hombres a caballo, vestidos de sarape y manta, con sombrero y "echando bala" visitaron varios de los pueblos afectados por el decreto expropiatorio, en símbolo de la defensa de las tierras, para dar fin al carnaval de San Salvador Atenco, que se realiza desde 1895.