PAGINA 9

Lourdes Galaz

Los empresarios no pactan con Fox

El dúo Sojo-Derbez fracasa de nuevo

El Congreso espera a la Suprema Corte

Credibilidad en entredicho

Pareciera que hay consenso entre los analistas económicos y los politólogos que escriben en los medios nacionales, cuando coinciden en que México se ha convertido en rehén de las hondas diferencias entre el presidente Fox y los partidos representados en el Congreso. Esto es, que el equipo foxista y los institutos políticos se jalonean unos a otros, a la nación y a los mexicanos con miras a las elecciones de 2003 para renovar la Cámara de Diputados y cambiar gobernador en seis estados. Ya se hacen apuestas y todo indica que quien recogería triunfos con el desencanto y el malestar de los electores sería el PRD, con Rosario Robles, pues Fox y los panistas están en entredicho, y el priísmo cada día más vapuleado con las denuncias de impunidad y corrupción. Mientras, la recuperación del crecimiento económico nacional depende estratégicamente de los acuerdos políticos que logren concretar Santiago Creel, desde Bucareli, y la pareja Sojo-Derbez, con la ayuda de Vicente Fox, desde Los Pinos. Claro, habrá que ver si la recuperación de la economía estadunidense es real, como ya se afirma en el gabinete foxista y se hacen cuentas alegres para un repunte de las cifras nacionales a fin de año.

Como está el ambiente, no existen condiciones para acuerdos del Ejecutivo y su gabinete con las fuerzas políticas. Aquel acuerdo político nacional que con bombo y platillo se firmó en Los Pinos, allá por noviembre de 2001, se volvió letra muerta. Particularmente, Fox y su gente incumplieron los compromisos. Y en previsión de que ocurriera lo mismo, los líderes empresariales decidieron comprometer al Ejecutivo a una serie de acuerdos básicos, indispensables para una Agenda económica 2002, que sustentaría la firma del propio Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional que Creel comprometió con los partidos, los líderes del Congreso y los gobernadores. Y resulta que la tarde del lunes 11 pasado la oficina del Presidente canceló por segunda ocasión la ceremonia prevista para ayer martes en la que gobierno y empresarios firmarían acuerdos. En opinión del sector empresarial, la agenda propuesta por la pareja Sojo-Derbez, avalada por Vicente Fox, es la misma que no se cumplió el año pasado. Más aún, Claudio X. González, que en su momento también fue asesor especial del presidente (en tiempos de Carlos Salinas, claro), lamentó que el mandatario en turno no alcance a precisar cómo y en cuánto tiempo su administración logrará los objetivos económicos que se propone. Así las cosas, ayer -como se acostumbra desde tiempos del salinato- sólo se dio el encuentro "normal" de empresarios, representantes del sector obrero y del gobierno, en las oficinas del secretario del Trabajo.

Y es que el horno no está para bollos luego del aumento de las tarifas eléctricas que disfrazó el foxismo al hacer el anuncio de una reducción de los subsidios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El miércoles 7 de febrero, Claudio X. González y Raúl Picard, dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial y de Canacintra, respectivamente, al salir de un encuentro en Los Pinos declararon a la prensa que la "reducción del subsidio a las tarifas eléctricas no sería superior a 4.5 por ciento, igual que la meta inflacionaria de este año". Inclusive, Picard aseguró que Fox ofreció crear una comisión, encabezada por su superasesor Eduardo Sojo, que estudiaría mantener sin cambio las tarifas eléctricas para los industriales.

Resultó que el acuerdo privado entre Fox y los líderes empresariales quedó sin efecto al día siguiente (jueves 8 de febrero), cuando se publicó el acuerdo del Ejecutivo, con la firma del propio Vicente Fox, en el Diario Oficial de la Federación. Así las cosas, con el aumento de las tarifas eléctricas -decisión de Los Pinos, sin el conocimiento del Congreso y ni siquiera del Banco de México, que en tan buena estima tienen empresarios e inversionistas- el país ingresó en una etapa de pérdida de certidumbre que, seguramente, influirá en la recuperación económica. No está por demás insistir en que el affaire de las tarifas eléctricas reveló la vulnerabilidad del gobierno foxista y la magnitud de su fracaso en la reforma fiscal comprometida con las directivas de la OCDE (Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico) y del Fondo Monetario Internacional.

En este ambiente de incertidumbre, el primer ministro alemán, Gerhard Schroeder, se encuentra de visita oficial en México. Fox recibió al ministro con el orgullo de haber obtenido recientemente un grado de calificación que coloca al país en la posición de ofrecer confianza y estabilidad a los inversionistas. El visitante no esperó encontrarse en medio de un mar de especulaciones sobre las intención del foxismo de privatizar las empresas del Estado, comenzando con las del sector energético. El asunto fue el más destacado en la conferencia de prensa Fox-Schroeder. Sin más, el anfitrión fue categórico: "Nadie está planteando ninguna privatización y tampoco la lucha contra la corrupción significa de alguna manera privatizaciones", espetó en obvia alusión al expediente abierto en la Contraloría y la averiguación de la Procuraduría General de la República sobre la corrupción en Pemex y en el PRI.

"En el Congreso hay tres iniciativas que tienen que ver con la generación de energía eléctrica, y ninguna lleva a la privatización de las empresas estatales", explicó el Presidente a los reporteros frente al visitante alemán, haciendo oídos sordos a la advertencia del canciller Schroeder sobre el riesgo de una gran dependencia de los negocios de Estados Unidos donde se recomienda al gobierno de Fox una mayor apertura a la inversión privada en el sector energético. Igual, el secretario de Energía, Ernesto Martens, y los directores de la CFE y de Luz y Fuerza del Centro, ayer eludieron comentar frente a diputados y senadores que una empresa estadunidense (Teco Powers Services [TPS]) firmó desde 1999 un convenio con la CFE y ya tiene el permiso de los foxistas para vender energía eléctrica en México y facturar en forma directa a los usuarios industriales por este servicio. El negocio está así: TPS, con sede en Florida, pagará a la CFE por el porteo de la energía y usará su red de distribución para vender electricidad directamente a consumidores industriales.

No había razón para hablar del asunto en el Congreso. La Secretaría de Energía (Sener) tiene muy buen argumento: el artículo tercero de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica permite la libre importación de electricidad, siempre y cuando sea para consumo particular de industriales. O sea que la empresa estadunidense no daría un servicio público; por tanto, tampoco se atenta contra la Constitución si el corporativo Teco Powers Services opera en México avalado por un convenio con la CFE. Eso dicen en la oficina de Martens, mientras en el Congreso nadie, ni el senador Manuel Bartlett Díaz (erigido en líder contra la privatización), urge a la Suprema Corte de Justicia a que emita el fallo por la controversia constitucional que presentó el Congreso contra el presidente Fox por invadir facultades del Legislativo al expedir un decreto (22 de mayo de 2001) que modifica el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para otorgar mayores facultades a la Sener y facilitar la inversión privada en la autogeneración y cogeneración de electricidad, como en su momento lo denunció la senadora Laura Alicia Garza Galindo, acusando al presidente Fox de abusar de su facultad de emitir decretos para pasar por encima del Congreso... O será que, como advirtió el senador Diego Fernández de Cevallos, la controversia ya no prosperó en la Corte.

EN 3 TIEMPOS

Un españolito al Infonavit
Soberanes dijo, y no quiso
Garduño no niega la cruz...

En el Infonavit están estrenando subdirector general. Se trata de un españolito de 33 años, con cinco de residencia en México. Se llama David Sánchez y su empleo anterior fue en BBV-Bancomer, precisamente en el área de banca hipotecaria. Los head hunters nada tuvieron qué ver en la contratación del nuevo servidor público. Más bien, parece que su jefe, el director de Infonavit, Víctor Borrás Setién, ex directivo de banca hipotecaria Bancomer, y su ex jefe Mario Laborín, hoy director de Nacional Financiera, habrían avalado la recomendación que, seguramente, se envió desde alguna oficina de primer nivel de la banca. Y la razón es muy sencilla: en el Infonavit se manejan anualmente alrededor de 50 mil millones de pesos de fondos de los trabajadores y, como sabemos, la intención de este gobierno del cambio es llevar fondos para la vivienda de los trabajadores a la banca privada... el proyecto ya comenzó con Santander y hay otros cuatro bancos a la espera.

Lo dicho: el distinguidísimo José Luis Soberanes se negó a entrevistarse con la relatora especial de los Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Marta Altolaguirre Larredondo. Y eso que la señora sugirió una invitación para cenar ayer martes, luego de un día difícil en el que tuvo reuniones en la PGR, la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto de la Mujer. Como Soberanes tiene sus compromisos, entonces la señora Altolaguirre sugirió un desayuno para este miércoles, pues concluye su visita al mediodía. Y Soberanes también tenía comprometida la mañana. El interés de la relatora de la CIDH es claro: la única resolución, la 44/98, sobre el caso de las mujeres asesinadas en Juárez, la emitió la CNDH, en tiempos de Mireille Roccatti. Y el fallo consigna "negligencia en las investigaciones y sexismo por parte de autoridades". Y Soberanes no quiere queveres "ni con unas ni con otras".

Por si alguien dudaba de la presencia y el poder de las huestes de René Bejarano en el Gobierno del Distrito Federal, para muestra está Francisco Garduño, propuesto por la oficina del jefe de Gobierno para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública capitalina. El todavía subsecretario de Gobierno del DF ya declara como si no faltara el Vo. Bo. del presidente Fox. Para empezar, dice que en la Policía Preventiva se dará continuidad a los programas que deja Leonel Godoy. Anuncia su pretensión de combatir la corrupción con la ley en la mano, y advierte que no promoverá el retiro de policías, porque se carece del dinero suficiente para hacerlo. Aunque en tono foxista acepta que "hay gente malosa y esos son los que tendrán que darse de baja". En fin, Garduño es originario de Acámbaro, Guanajuato, tiene 52 años y no niega la cruz de su parroquia.

Ilustración: Luis Fernando/ El coordinado gabinete

Fax: 52 62 43 17 [email protected]