Advierten legisladores que no darán marcha atrás
Presentó la AMDA amparo contra impuesto a productos suntuarios
Alertan industriales sobre el riesgo de cierre de empresas
HUMBERTO ORTIZ MORENO
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), con el apoyo de industriales y vendedores de autos seminuevos y usados, presentó ayer una solicitud de amparo contra el impuesto de 5 por ciento a productos y servicios suntuarios aprobado por legisladores, "en lo oscurito y de manera inconstitucional", porque lo considera un ataque a la economía nacional y a la sociedad.
Las mil 200 agencias de la AMDA harán lo propio, individualmente, en el curso de este miércoles. En cabildeo con diputados y senadores para intentar revertir lo que consideran "tendencias comunistas", los empresarios del ramo encontraron un muro y la respuesta de que no darían marcha atrás a estas leyes.
Los dirigentes Jesús Romo de Alba, de la AMDA; César Flores, de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), y Carlos Gómez, de la Asociación Nacional de Comerciantes en Automóviles Seminuevos y Usados, unieron fuerzas para presentarse juntos ante el juzgado respectivo y, en sendas entrevistas, advirtieron sobre el riesgo de cierre de empresas y despidos, con la caída de 30 por ciento en sus ventas, y aseguraron que enfrentarán a las autoridades por la vía legal, "tope donde tope".
Incluso, con apoyo de la Comisión de Asuntos Fiscales del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), por primera vez en sus 57 años de existencia, la AMDA promueve un juicio de amparo en favor de sus mil 200 afiliados, porque el impuesto lesiona no solamente la actividad de los distribuidores de automóviles nuevos del país, sino que es injusto, agrava la excesiva carga fiscal en perjuicio de los consumidores y pone en grave peligro la existencia de un sector empresarial netamente mexicano, frente a la apertura del mercado automotor, la cual ocurrirá en 2004 dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
"Es inminente el cierre de negocios y la cancelación de inversiones si llegamos a 2004 en estas condiciones", alertó Romo, y aclaró que su gremio no se niega a pagar impuestos, pero tampoco "podemos permitir que la absurda, inoportuna y caprichosa decisión del Congreso de la Unión perjudique más a los consumidores mexicanos y n nuestra actividad económica."
El dirigente de la AMDA aseveró que el nuevo impuesto de 5 por ciento es discriminatorio y perjudicial para los consumidores porque desalienta a quienes quieren comprar un automóvil familiar con capacidad hasta de 15 pasajeros, y golpea de frente a la gente que aspira, por otra parte, a la adquisición de vehículos seminuevos con valor superior a los 250 mil pesos.
"El amparo interpuesto a nivel institucional es el recurso legal que ejercemos para protegernos contra el nuevo atropello al derecho cometido por el Congreso de la Unión, como la pasada legalización de los autos chocolate, y que con estos hechos reitera que en la casa donde se elaboran las leyes los propios legisladores no las respetan..."
Los argumentos
El abogado general de la AMDA, Federico Anaya Sánchez, explicó que el amparo es contra el artículo 5 transitorio de la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios Suntuarios, y tiene dos vertientes:
Una patrimonial, referente a los recursos que promueve cada uno de los mil 200 distribuidores de automotores en sus diversas regiones, con la asesoría de Ignacio Burgoa Orihuela.
Y la segunda, por el ataque a la actividad económica nacional. "No se vale que ni siquiera (los legisladores) hayan leído el artículo 25 constitucional cuando expiden leyes sobre contribuciones, porque afectan el empleo y la prosperidad del país, e incluso la propia generación de impuestos".
El fundamento es la violación al artículo 72, inciso "h" de la Carta Magna, que establece que corresponde a la Cámara de Diputados iniciar leyes en materia de contribuciones y, "en este caso, en el último minuto de la noche del 31 de diciembre de 2001, el Senado se atribuye la potestad de expedir una ley sin tener la facultad y sin ninguna iniciativa previa de algún legislador".
También se viola flagrantemente, continuó el abogado, el artículo 31, fracción cuarta, de la propia Constitución, en el sentido de que no hay equidad ni proporcionalidad en el pago del impuestos.
"Si el lujo empieza en 250 mil pesos, si compro un coche de 251 mil, Ƒpor qué diablos me gravan los primeros 250 mil? Deben gravar solamente mil, no toda la cantidad y, por otra parte, no es equitativa la disposición si algunos mexicanos sí y otros no van a pagar."
El litigante aclaró que la AMDA está facultada para promover el amparo en nombre de sus asociados, en virtud de su interés jurídico como representante de los distribuidores de automotores.
Anaya consideró que este juicio "no puede durar mucho, porque es muy sencillo, y los jueces de distrito tendrán que determinar si tenemos o no interés jurídico como asociación, y si lo tenemos, nos concedan el amparo, porque están afectando la actividad económica del país".
En caso de que proceda el recurso, la Secretaría de Hacienda tendría que devolver el dinero que hasta ahora los empresarios han pagado al fisco por todos los impuestos que pesan sobre la cadena automotriz, y los distribuidores garantizaron, a su vez, que lo entregarán a los clientes.
"Los legisladores deben tomar un curso urgente de derecho constitucional, porque aprobaron un ataque a la prosperidad nacional", concluyó el abogado de la AMDA.
