Se tendrán que castigar rubros sociales, indica

Adeuda $2 mil millones Iztapalapa por expropiaciones mal hechas: Arce

RAUL LLANOS Y GABRIELA ROMERO

El gobierno capitalino podría enfrentar este año el pago de 2 mil millones de pesos por juicios perdidos luego de expropiaciones mal realizadas en Iztapalapa, señaló ayer el titular en esa delegación, René Arce, quien advirtió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría dar su fallo este año a favor de los quejosos.

Al comparecer ante la Comisión de Administración Pública Local de la ALDF, precisó que uno de esos casos es el de paraje San Juan, propiedad de una conocida familia del sector inmobiliario, donde hoy están construidas más de 15 mil viviendas. "Es una extensión muy grande y se pagaría una cantidad estratosférica: más de mil millones de pesos, e incluso ya hay una sentencia en contra de las autoridades".

Comentó que en la misma situación están los terrenos donde se asienta el Reclusorio Oriente, y el juicio respectivo "también fue ganado por un particular y también está condenado el gobierno a pagar". Estimó en cerca de 2 mil millones de pesos el monto global de los pagos.

Citó también el caso del predio de Apanohaya, por el cual la demarcación tendrá que pagar 31 millones de pesos, que no saldrán de las finanzas del GDF sino de su propio presupuesto, por lo que tendrán que castigar rubros como bibliotecas, equipamiento y tratamiento de agua.

En otro orden, el delegado comentó que en el combate a la inseguridad pública se ha recibido el apoyo de la Policía Federal Preventiva, ya que solicitó mayor número de uniformados locales y sólo se logró contratar a 400 auxiliares. "Estoy en una situación complicada, y voy a terminar creando mi propio centro de capacitación policial en Iztapalapa, si no me dan más policías", concluyó.

Portazo en la Asamblea

En tanto, un malentendido con el personal de resguardo de la ALDF generó la reacción violenta de integrantes del Frente Popular Francisco Villa, Asamblea de Barrios y de la Central Unitaria de Trabajadores, quienes al ver que la puerta del recinto legislativo se cerraba, se unieron para ingresar al inmueble mediante golpes y empujones.

Desde antes del mediodía, alrededor de 500 personas se habían concentrado en las escalinatas del recinto para repudiar el punto de acuerdo que en materia de vivienda aprobó el martes el pleno de la Asamblea Legislativa. Los manifestantes pedían que los diputados locales asumieran una posición clara sobre esa reforma.

Ya dentro, los integrantes de las comisiones unidas de Atención Ciudadana y de Vivienda escucharon quejas de los representantes de colonos e intervinieron diputados de todos los partidos, quienes se recriminaron mutuamente lo que habían hecho hasta el momento en la materia.