Exigen que el Congreso vigile de cerca los pasos que se dan en materia de política exterior

PRD y PRI critican la oferta foxista a Bush de contener la migración centroamericana a EU

Las declaraciones del Presidente podrían comprometer las relaciones con CA, advierten

PATRICIA MUÑOZ, CIRO PEREZ Y RENATO DAVALOS

El Comité Ejecutivo Nacional del PRD señaló ayer que no es haciendo eco de la política estadunidense como el gobierno de Vicente Fox solucionará el problema migratorio, e informó que pedirá a sus legisladores la "vigilancia estricta" de cualquier acción gubernamental en ese ámbito, para evitar que se sigan violentando los derechos humanos de los trabajadores que intentan cruzar la frontera norte.

Cualquier programa que el gobierno quiera emprender en esta materia, añadió, tendrá que ser seguido muy de cerca por el Congreso de la Unión. La aplicación de medidas restrictivas en el ámbito migratorio, como anunció el miércoles Fox en Monterrey, no compete al gobierno mexicano.

Por el contrario, afirmó, la autoridad está obligada a crear condiciones económicas que favorezcan el desaliento de quienes deciden intentar trabajar en Estados Unidos.

Para el partido, ésta no es la primera ocasión que el gobierno foxista pretende tomar determinaciones sin que pasen por el tamiz del Congreso, por lo que la vigilancia del cumplimiento constitucional en materia de política exterior deberá ser seguida muy de cerca por el Senado de la República.

Las críticas al presidente Fox por su anuncio de que ofrecerá al presidente George W. Bush mayor contención de los migrantes centroamericanos que pretenden ingresar a Estados Unidos, se acentuaron en los grupos parlamentarios opositores.

Erick Villanueva, subcoordinador del PRD en la Cámara de Diputados, afirmó: "No podemos dar a los centroamericanos el trato que les da Estados Unidos a los connacionales. No es justo y evidencia un doble discurso por parte del gobierno del presidente Vicente Fox". Calificó el discurso del Ejecutivo como desafortunado, sobre todo cuando supuestamente se pretende construir una nueva relación con Centroamérica.

Consideró que el tema es difícil, porque el flujo de migrantes centroamericanos que cruza a México es elevado. Anualmente se conceden 150 mil visas a ciudadanos de Guatemala y se calcula que otros 300 mil cruzan ilegalmente. Añadió que si bien algunos sólo trabajan temporalmente en Chiapas, otros continúan su viaje hacia Estados Unidos.

Jorge Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador del grupo parlamentario del PRI, afirmó que antes de cada reunión con el presidente de Estados Unidos, Fox "se muestra más obsequioso y dispuesto a satisfacer los intereses de Washington".

Consideró "penosa" la decisión del mandatario de controlar más el flujo migratorio de centroamericanos a Estados Unidos, sobre todo porque México siempre ha defendido los principios latinoamericanistas, que con el discurso del miércoles "han quedado por los suelos", pues lo más que ofrece Fox es mejorar las instalaciones para los deportados.

Lo más extraño, dijo, es que el Plan de Desarrollo de la Frontera Norte sea un complemento del Plan Puebla-Panamá, que en realidad es un "programa de servicios para Estados Unidos en el sur del continente", pues está hecho a la medida de las necesidades de ese país y le sirve más que a México.

Planteó la necesidad de que la política exterior mexicana sea de Estado, para que quien esté en Los Pinos no la modifique. Es evidente, insistió, el matiz "pro yanqui y pro empresarial" de Fox, cuyas acciones en la frontera sur podrían poner en situación difícil las relaciones con esa zona.

"Este tipo de definiciones merecerían, primero, por parte del Presidente, por lo menos una consulta al Senado de la República", comentó.

En favor de Fox se expresaron los panistas. El subcoordinador de los legisladores de Acción Nacional, Alejandro Zapata Perogordo, dijo que cualquier acción del gobierno federal en materia migratoria "debe contar con dos ingredientes: respeto a los derechos humanos y apego a la legalidad".

El coordinador de los diputados panistas, Felipe Calderón, declaró que México debe aprovechar al máximo el ingreso al mercado más importante del mundo y hacerlo "de la forma más inteligente posible", sin menoscabo de la soberanía nacional, y buscando además proteger los derechos humanos de los trabajadores mexicanos que radican en esa nación.