El rechazo que hiciera el presidente Vicente Fox de Francisco Garduño, candidato propuesto por el jefe del Gobierno del Distrito Federal (GDF), Andrés Manuel López Obrador, para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública capitalina --vacante por la renuncia de Leonel Godoy--, representa una nueva cota en una confrontación lamentable e indeseable en la que ambos bandos --el Ejecutivo federal y el GDF-- se han conducido con una torpeza política inadmisible en la actual circunstancia de transición y construcción de una vida republicana y democrática.

Expresiones de esta impericia son el error de formas y de procedimiento cometido por López Obrador, quien presentó ante la opinión pública a Garduño como sucesor de Godoy en la SSP antes de turnar la propuesta al Ejecutivo federal, así como la intervención de la Secretaría de Gobernación con una andanada verbal contra el gobernante capitalino.

Es pertinente recordar que el caldo de cultivo para esta disputa --tras la cual se percibe un claro rejuego político-- es la inconclusa reforma política para el Distrito Federal, en cuyo estatuto legal persisten ambigüedades, inconsistencias y contrasentidos como que sea el titular del Poder Ejecutivo de la Federación el responsable de nombrar funcionarios locales, particularmente el procurador y el encargado de la seguridad pública de la capital.

Más allá de cuál de los bandos pueda tener razón en la presente coyuntura, e independientemente de la falta de moderación exhibida por ambos en el manejo de la actual circunstancia, el diferendo pone en evidencia la imperiosa necesidad de llevar hasta sus últimas consecuencias las modificaciones legales que conviertan al Distrito Federal en un estado soberano, cuyas instituciones se integren con base en el mandato popular y no --como sigue ocurriendo con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la Secretaría de Seguridad Pública-- por remanentes anacrónicos de la vieja y agraviante práctica del dedazo presidencial.

En lo inmediato, los defectos de la ley, aunados a la inflexibilidad de las dos instancias de gobierno, han colocado a los capitalinos, y a los ciudadanos mexicanos en general, ante un panorama doblemente preocupante: por un lado, la confrontación en curso contribuye a incrementar el clima de inseguridad en el Distrito Federal; por el otro, la incapacidad del mandatario federal y del capitalino para negociar, ponerse de acuerdo y actuar conjuntamente ante un tema tan crítico y exasperante como la ofensiva de la delincuencia, envía a la sociedad un mensaje desalentador acerca de las limitaciones y debilidades de la clase política en su conjunto y de los obstáculos para edificar una vida institucional tolerante, respetuosa y cívica.

Cabe esperar que los contendientes actúen con mayor responsabilidad y se comporten a la altura de sus respectivas responsabilidades, así sea porque los dimes y diretes generados por el proceso de sucesión en la SSP capitalina no son de utilidad política para el gobierno federal ni para el gobierno capitalino y constituyen, por el contrario, un motivo adicional de desgaste y descrédito para ambos, así como un factor de desaliento.