Falta reconocer ante la ley la inocencia de los liberados y reparar el daño: Centro Pro

Justicia a medias en excarcelaciones ordenadas por Fox

Presión del exterior sí hubo, dice la Comisión Mexicana de Defensa de Derechos Humanos

BLANCHE PETRICH

El Ejecutivo federal ha ejercido en los últimos cuatro meses sus facultades para liberar a cinco presos y descargar los pendientes en materia de derechos humanos, que le representaban un alto costo político ante organismos internacionales, pero en ninguno de los casos -los dos campesinos ecologistas de Petatlán, dos purépechas del lago de Pátzcuaro y el general José Francisco Gallardo- hubo pleno cumplimiento de la justicia.

La inocencia de los liberados no quedó legalmente establecida; no hubo rectificación de los viciados procesos judiciales, y para los servidores públicos que intervinieron en los procedimientos -desde policías y militares hasta agentes del Ministerio Público y jueces?-no hay obligación alguna de responder por sus acciones, a pesar de que al menos en un caso, el de Guerrero, hay denuncias de tortura.

Otros casos significativos de presos que reclaman solución lejos de los reflectores internacionales, como el de Erika Zamora, presa en Chilpancigo, o los dos dirigentes del Frente Independiente de Organizaciones Zapatistas (FIOZ), Sergio Jerónimo Sánchez y Anselmo Robles, encarcelados en Querétaro desde hace cuatro años, esperan mientras tanto la revisión de sus expedientes.

Las excarcelaciones recientes son "tres signos de buena voluntad, pero ninguna de estas gestiones presidenciales tiene impacto en la deficiente estructura de procuración de justicia", a juicio de Mario Patrón, del departamento jurídico del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro.

Según el análisis de este abogado ?que se encargaba junto con Digna Ochoa de la defensa de los campesinos guerrerenses presos en Iguala?, a pesar de sus orígenes tan diversos, las soluciones a los casos de Petatlán, Pátzcuaro y Gallardo tienen denominadores comunes: no reconocen la inocencia de las víctimas ante la ley, no cumplen con el requisito de reparación del daño y no garantizan que desaparezca la violación al derecho humanitario.

Petatlán: con la credibilidad herida

El asesinato de la abogada Digna Ochoa puso en un serio entredicho la capacidad del gobierno foxista de crear una nueva situación de respeto a los derechos humanos. A partir de ese atentado, las consultas que tenían lugar entre las organizaciones defensoras de las garantías individuales y la cancillería, para analizar las líneas de acción ante los organismos internacionales, se intensificaron e incorporaron a representantes de la Secretaría de Gobernación.

Fue en ese marco cuando se hizo el anuncio de la orden presidencial de excarcelación de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, "por razones humanitarias".

Era un caso típico de la injusticia nacional. Montiel era líder de un movimiento de resistencia en contra de la depredación forestal, en la que comparten complicidades compañías madereras extranjeras y caciques locales en Petatlán. Entre varios hechos de sangre, el 2 de mayo de 1999 fue atacada la casa de Cabrera. Ambos fueron detenidos por soldados y retenidos ilegalmente en cuarteles militares, donde fueron torturados. Se les fabricó el delito de cultivo de droga, a pesar de que ninguno de los dos tiene tierras propias.

El caso logró atraer los reflectores del extranjero. Amnistía Internacional los declaró presos de conciencia, y tres importantes organismos de ambientalistas les otorgaron reconocimientos. El Centro Agustín Pro, mediante la abogada Digna Ochoa, asumió su defensa. En el proceso fueron puestos en evidencia los militares que habían torturado a los detenidos, lo que se tradujo en una campaña de amenazas de muerte que la persiguió hasta que se cumplió el peor de los pronósticos, su asesinato, tres años después.

Desde los inicios del gobierno foxista se comentaba que el Ejecutivo "en algún momento" iba a liberar a los ecologistas. Pero la actuación del Ejército estaba en juego, y el general Rafael Macedo de la Concha hizo explícita su posición cuando la PGR ratificó su denuncia en contra de los presos, condenados a 10 años de cárcel.

Dos semanas después del asesinato de Digna Ochoa, Fox debía comparecer ante la Asamblea General de la ONU. El contexto interno no podía ser peor para su imagen externa. Era necesario un golpe de efecto y lo dio. La fórmula para ordenar la excarcelación de Montiel y Cabrera fue por "razones humanitarias".

"Lo que falta" en este caso es, en primer lugar, la consignación y juicio a los responsables de la tortura. El Pro representa a los dos acusadores en su demanda en contra de los militares Artemio Nazario y Calixto Ramírez Salmerón. Una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos atribuye también responsabilidad de este acto a los comandantes del 40 Batallón de Infantería, de la 35 Zona Militar y de la novena Región Militar.

Pátzcuaro: solución inconclusa

En el caso de los pescadores de Pátzcuaro, señala Héctor de Jesús, asesor de la Unión de Pescadores, "el indulto no es lo que esperábamos, pero queríamos tener afuera a los compañeros y se aceptó esa solución, aunque implicara reconocer que se cometió un delito".

El primero de febrero, el presidente Vicente Fox sorprendió con otra excarcelación, la de Aurelio Guzmán, presidente de bienes comunales de Pátzcuaro, y el pescador Leocadio Ascencio Amaya. En esta ocasión recurrió a su facultad de indulto, ya que revertir una sentencia de 20 años de prisión por "privación de la libertad" representaba una enorme complicación jurídica.

Pero la fotografía de los sonrientes excarcelados no marca el final feliz de la historia. Por el contrario, a la vuelta de la esquina, ya en marzo, asoman nuevos problemas. El conflicto se originó hace dos años, cuando dos técnicos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), sin la autorización correspondiente, pretendieron confiscar redes de los pescadores, pero fueron retenidos por la población. Guzmán y Leocadio fueron acusados de secuestro y sentenciados a 20 años de prisión.

Este proceso, señala Héctor de Jesús, "refleja el choque del derecho indígena con la jurisdicción federal y las prácticas arbitrarias de las autoridades". A pesar del indulto, ambos quedan privados de sus derechos de ser postulados para un cargo de elección popular. En los próximos días, la Unión de Pescadores intentará negociar con la Secretaría de Gobernación y otras instancias una fórmula de amnistía, ya que además están pendientes dos órdenes de aprehensión, por la causa ya indultada, de dos pescadores más, Galdino Quiroz y Gamaliel Ascencio Amaya, hasta hoy prófugos.

"Más que opinar si el indulto es una solución regular o irregular ?opina el asesor de la unión?, nos interesa solucionar lo más urgente, que es la suspensión de la veda que podría reanudarse en marzo. Y el trasfondo: las formas de largo plazo para garantizar la producción pesquera y la sobrevivencia de los pescadores de Pátzcuaro". Para lograrlo están dispuestos a tocar todas las puertas que sean necesarias. Para ello estarán en el Distrito Federal la próxima semana.

Gallardo, salida irregular

La excarcelación del general José Francisco Gallardo sacó algunas de las castañas más quemadas del fuego de la presión internacional, pero las secuelas del irregular proceso que protagonizó la Secretaría de la Defensa en 1977 todavía tiene cabos sueltos que solucionar. Fabián Sánchez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, niega que la solución jurídica al caso Gallardo ?reducción de pena? sea una "salida irregular". Al contrario, aclara, fue propuesta por la propia comisión, que hasta hace poco más de un año era dirigida por Mariclaire Acosta, actual subsecretaria de Derechos Humanos de la cancillería.

Oficialmente esta ONG ha puntualizado que la medida que permitió la excarcelación del militar es "un avance", pero es todavía una solución parcial. El organismo se ha manifestado dispuesto a seguir acompañando las gestiones de Gallardo ante la Suprema Corte y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para impugnar, aun estando libre, el fallo del consejo de guerra que lo declaró culpable de malversación de fondos y enriquecimiento ilícito.

"Todavía quedan vías abiertas para lograr que el Poder Judicial se pronuncie en torno a su inocencia", aclara. Sin embargo, admite que la irregularidad de origen, que fue un acto de arbitrariedad por parte del Ejército, según el fallo de la Corte Interamericana, ya no tiene posibilidades de rectificación. "Para la Secretaría de la Defensa es un caso cerrado. El amparo que todavía podría interponer el general serviría para demostrar ante la justicia civil que las sentencias del fuero militar no fueron apegadas a derecho".

Agrega que "si el presidente Fox actuó movido por razones de presión política más que por sus convicciones y por un razonamiento jurídico, solo él lo sabe. Lo cierto es que presión política sí hubo, y mucha". Más de 30 mil cartas de 22 países fueron dirigidas al Ejecutivo para exigir la libertad del general. Además, el gobierno estaba obligado a cumplir el fallo de la CIDH.