Las universidades Autónoma Metropolitana, de Zacatecas y Guerrero están en huelga. La suspensión de labores en estas instituciones académicas es el reflejo de un sistema educativo nacional a todas luces desvalido, cuyo presupuesto promedio durante los últimos 10 años fue del orden de 5 por ciento del producto interno bruto (PIB). Estas huelgas -aunadas a las concluidas ayer- han puesto de relieve, una vez más, el tímido compromiso del gobierno, no sólo con la educación pública, sino con alumnos, académicos, investigadores y demás trabajadores del sector educativo.

La reducción del gasto en el sector, además de provocar una drástica caída en la calidad educativa, ha repercutido directamente en los salarios de los trabajadores, generando en consecuencia numerosas violaciones a los contratos colectivos de trabajo.

La inconformidad generalizada, así como la creciente ola de protestas en todo el país, sean manifestaciones estudiantiles o de trabajadores de la educación, son llamados de atención que requieren respuestas concretas por parte de las autoridades. Si en verdad la educación es una prioridad para el país, lo congruente sería destinar un gasto acorde con la realidad que garantice salarios dignos y fomente la capacitación del personal docente, la investigación, la inversión en infraestructura, en suma, que revitalice el sistema educativo nacional en su conjunto. Sin embargo, la realidad es que, en el caso de las universidades públicas, éstas se enfrentan a problemas de sobredemanda y carecen del presupuesto necesario para responder a a esta y a otras limitaciones.

Las demandas de los sindicatos de las universidades en huelga son legítimas en tanto sus respectivas autoridades han incumplido diversos compromisos pactados, tanto en las revisiones contractuales como en las ya mencionadas violaciones a los contratos colectivos de trabajo.

Las autoridades argumentan sus incumplimientos basándose en el "tope salarial" de 5.25 por ciento de aumento impuesto por el gobierno federal para todas las universidades públicas. En el caso de la Autónoma de Zacatecas, el rector Rogelio Cárdenas consideró "prácticamente imposible" cumplir con las demandas de los trabajadores académicos.

Este tipo de declaraciones se ubican más en el terreno del enfrentamiento que en el de la búsqueda de consensos. En este sentido, resulta oportuno preguntarnos hasta qué punto les interesa a las autoridades universitarias mantener una relación de cordialidad y en beneficio de la institución con sus sindicatos, o qué tanto están empeñados en confrontarlos. Pero también es necesario preguntarnos cuáles de estos sindicatos basan sus demandas en una genuina lucha en beneficio de la calidad académica y, sobre todo, cuántos están en verdad comprometidos con el sano desarrollo de las universidades públicas.

Independientemente de la situación específica de cada huelga, el común denominador de los casos referidos -y de otros tantos en proceso de negociación o que ya fueron resueltos- es el quebranto de acuerdos por parte de las autoridades en materia salarial.

Esto confirma que uno de los problemas de fondo que han originado las huelgas es la falta de presupuesto para la educación pública y, paradójicamente, el incumplimiento de los compromisos previamente pactados se debe a la falta de educación, otro problema de fondo ligado al anterior.