Jenaro Villamil
Fox-López Obrador, el rating de la inseguridad
En la esquina que forman la avenida Alvaro Obregón y Tonalá, la sucursal Roma-Obregón de Banamex fue asaltada este mes en dos ocasiones, sumándose a la cadena de casi 70 delitos de este tipo en enero del 2002 en la ciudad de México. El atraco más reciente se produjo en vísperas de que el jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Andrés Manuel López Obrador, aceptara la renuncia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Leonel Godoy, y designara a Francisco Garduño como nuevo jefe de la policía, y antes de que se desatara una ola de descalificaciones y declaraciones dignas de un talk show entre él, el presidente Vicente Fox y el titular de la Secretaría de Gobernación, Santiago Creel.
Como este ejemplo, muchos otros hablan del profundo desfase que existe entre la cotidianidad de los capitalinos que hemos aprendido a cohabitar con la inseguridad y los gobernantes que buscan explotar este tema, a sabiendas de que es una de las principales preocupaciones ciudadanas y un buen pretexto para generar una guerra de papel y de rating. Lo sintomático es que en la discusión entre las instancias federales y las capitalinas aparecieron más los epítetos ("secretaría de la facción", "jugada burda", "policía partidista", etcétera) que los hechos concretos para enfrentar conjuntamente la inseguridad. Y, por supuesto, la mayoría de los periódicos y los noticiarios televisivos y radiofónicos convirtieron el asunto en un ring mediático.
En vísperas del próximo encuentro Fox-López Obrador para abundar sobre el asunto, una de las lecciones fundamentales de este episodio vuelve a recordar que la politización del tema de la seguridad pública sólo genera mayor inseguridad ciudadana e incrementa uno de los principales problemas de comunicación política: la percepción de que vivimos en una ciudad sin ley, dominada por los delincuentes, y donde debe imperar la "justicia por propia mano" o, peor aún, la ley de la mano dura.
Esta percepción sólo ahonda la sensación de derrota del Estado y de los gobernantes en su conjunto, porque ataca una de las atribuciones fundamentales de la autoridad pública: tener la legitimidad suficiente para combatir a la delincuencia y garantizar una labor eficaz y de colaboración entre ciudadanos, cuerpos policiacos, Ministerio Público y medios de comunicación.
Los resultados más nefastos de la politización y mediatización de la seguridad pública son todavía recientes y dramáticos. En el periodo de Oscar Espinosa Villarreal, el índice pasó de 473 delitos diarios, en 1995, a 719 delitos en noviembre de 1997. En un solo día, el primero de agosto de 1997, la procuraduría capitalina registró cinco homicidios, 78 lesiones dolosas, 192 robos violentos, 76 atracos no violentos, seis violaciones y 183 vehículos hurtados. La mayoría de los hechos ilícitos quedaron impunes. Durante ese gobierno no hubo conflicto de atribuciones con el presidente Ernesto Zedillo, se militarizaron los mandos de la SSP y se crearon cuerpos fuertemente armados (zorros, jaguares) y operativos como el RIMA (Reacción Inmediata de Máxima Alerta) para maquillar la situación de inseguridad pública. Sin embargo, los resultados fueron muy distintos: los delitos se dispararon, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos proliferaron como correlato de la política de mano dura hasta llegar a casos aberrantes, como los homicidios en la colonia Buenos Aires. La impunidad policiaca convirtió a los agentes en criminales más peligrosos que los propios delincuentes.
En los tiempos de Espinosa, más de la quinta parte del presupuesto público para publicidad se destinó a contrarrestar el pésimo resultado de la SSP y de la procuraduría capitalina. El efecto-rebote fue nefasto para el Partido Revolucionario Institucional: la politización del tema fue capitalizado por la oposición, que triunfó en 1997 con Cuauhtémoc Cárdenas como candidato y con el lema de una "ciudad segura para todos". Los que obtuvieron mayor rating fueron los programas sensacionalistas que supieron explotar el miedo y el coraje ciudadanos frente a la delincuencia y los excesos policiacos.
La inseguridad pública se volvió también la piedra en el zapato para el gobierno de Cárdenas. Ciertamente no hubo los resultados espectaculares que se esperaban, pero el índice delictivo disminuyó: de los más de 700 delitos diarios, en promedio, se logró pasar a 419 en diciembre de 2000, justo antes de que asumiera el poder Andrés Manuel López Obrador. La tendencia al alza delictiva que se registró con Espinosa Villarreal pudo revertirse, pero no así la percepción ciudadana y el interés permanente de politizar el tema. La limpieza en los cuerpos policiacos comenzó, no sin generar respuestas violentas, como las protestas de los policías auxiliares.
Un debate muy similar al actual se registró entre el entonces secretario de Gobernación, Francisco Labastida, y el gobierno capitalino, en agosto de 1999, por el supuesto subejercicio de recursos en los programas de seguridad pública. El debate sólo provocó mayor aspereza entre ambas instancias y puso en el eje uno de los puntos fundamentales: la necesidad de que el GDF ejerciera su plena autonomía para establecer los programas policiacos y de participación ciudadana en materia de seguridad pública.
Curiosamente, el 31 de enero de 2000, al calor de la campaña electoral y de una reciente crisis en la policía capitalina, el candidato del Partido Acción Nacional a jefe de gobierno, Santiago Creel, lanzó una propuesta que hoy parece haber olvidado: poner en manos del gobierno de la ciudad "todas las facultades respecto a la seguridad pública y procuración de justicia", es decir, que la facultad de aprobar o vetar al titular de la SSP y al procurador capitalino ya no sea del Ejecutivo federal.
Hoy el debate revive sin más elementos que la personalización del conflicto y las ganas de vencer al oponente con comunicados o frases rudas. Un asunto que involucra no sólo a dos niveles de gobierno sino que compete a las instancias legislativas y los organismos ciudadanos se pretende reducir a un round entre Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador. El problema es que ambos se subieron al ring y la inseguridad demostrada es un pésimo mensaje político.
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