La violación a derechos humanos sigue siendo una constante: José Luis Soberanes

PGR, primer lugar en recomendaciones emitidas por la CNDH; le sigue la SEP

El ombudsman nacional presentará hoy al Congreso su informe anual de actividades

VICTOR BALLINAS

A pesar de las acciones realizadas por el Estado en defensa de los derechos humanos, su violación sigue siendo una constante, señala el informe anual de actividades del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, que hoy miércoles entregará a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

En dicho informe -del cual La Jornada tiene copia- se establece que la Procuraduría General de la República (PGR) ocupó el primer lugar en recomendaciones emitidas por la CNDH, en el periodo del 16 de noviembre de 2000 al 31 de diciembre de 2001; el segundo lugar lo ocupó la Secretaría de Educación Pública (SEP), y el tercero lo comparten la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el ISSSTE y el gobierno de Jalisco, con dos recomendaciones cada uno.

Soberanes da cuenta que del total de 7 mil 324 presos indígenas que se encontraban recluidos en el país -en el periodo de referencia-, hizo 3 mil 536 propuestas de liberación y se obtuvo la libertad de 922. Resalta que estos reos no se han visto beneficiados del desarrollo, por siglos han padecido políticas que han intentado asimilarlos e integrarlos, y el resultado de estas políticas del pasado ha sido su aislamiento y la ignorancia, lo que los coloca como un grupo vulnerable.

Hace referencia a la recomendación 26/2001, sobre los desaparecidos de la llamada guerra sucia en el país, registrada en las décadas de los años 70 y principios de los 80. Acusa que la responsabilidad de la desaparición de 275 personas, de las que la CNDH acreditó dicho delito, corresponde a servidores públicos de diversas dependencias del Estado mexicano, entre ellas los miembros de la llamada Brigada Especial o Brigada Blanca, que estuvo integrada por elementos de la Dirección Federal de Seguridad de la PGR, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), de la Dirección General de Policía y Tránsito capitalina y de la Procuraduría General de Justicia del estado de México.

Persisten prácticas de tortura

El ombudsman abunda que sin soslayar que el derecho a la integridad corporal y la prohibición de la tortura son garantías presentes de la Constitución de 1917, en los artículos 19 y 22, así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que si bien en el momento en que ocurrieron esos hechos no estaba contemplada como delito la tortura, lo cierto es que en el Código Penal se incluía en términos de lesiones graves y abuso de autoridad, por lo que no existía impedimento legal alguno para haber promovido la investigación de las acciones atribuidas a los servidores públicos, en virtud de que desde entonces era objeto de sanción por las leyes penales vigentes.

La CNDH sostiene que existen elementos y evidencias que comprueban que en la época en que ocurrieron las desapariciones no operaron los procedimientos legales previstos y vigentes para averiguar el paradero y asegurar la integridad física y moral de los detenidos; al contrario, las autoridades señaladas como responsables informaron diversos lugares donde habían estado los detenidos, con lo cual se da por acreditado y consumado el abuso del poder público.

Insiste Soberanes, en su segundo informe, que en el caso de las desapariciones de la guerra sucia, de conformidad con el principio de derecho internacional, de la identidad o continuidad del Estado, la responsabilidad subsiste con independencia de los cambios de gobierno en el transcurso del tiempo. Esto, dice, concretamente entre el momento en que se comete el hecho ilícito generador de la responsabilidad y aquel en que es declarado.

De acuerdo con la decisión de la presidencia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que se comunicó a los senadores y diputados integrantes de las comisiones de Derechos Humanos, el tiempo concedido al ombudsman nacional para la lectura de su informe ''es de 20 minutos'', sin interpelaciones ni posiciones partidistas, en virtud de que en fechas posteriores Soberanes comparecerá ante dichas comisiones por separado, en donde los legisladores podrán cuestionar y fijar las posiciones de sus partidos.

Sin embargo, se informó que Soberanes podría disponer de un poco más de tiempo para dar cuenta al Congreso de la situación de los derechos humanos en el país, y del cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CNDH.

El informe da cuenta de que las principales quejas por violación a derechos humanos fueron: ejercicio indebido del cargo; negativa al derecho de petición; trato cruel o degradante; detención arbitraria; negativa o inadecuada prestación del servicio público de salud; cateos ilegales; retención ilegal; amenazas; dilación del procedimiento administrativo; robo; irregular integración de averiguación previa, y dilación de la procuración de justicia.

También se rinden cuentas del seguimiento a recomendaciones pendientes de su cumplimiento. En este rubro, el documento explica que la recomendación 44/98, referente al caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, y sobre la falta de colaboración de las autoridades de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, sigue considerada como ''parcialmente cumplida''.

Está pendiente que se informe sobre las diligencias que se han practicado para lograr la integración, perfeccionamiento legal, y en su oportunidad, la determinación conforme a derecho de las averiguaciones previas; falta que se informe qué convenios de colaboración se suscribieron, y en qué fechas, con las procuradurías de Justicia del país y otros cuerpos policiales para la integración de equipos de trabajo interdisciplinarios e interinstitucionales que se aboquen a la investigación de los homicidios contra mujeres en esa ciudad fronteriza.

Además, está pendiente que se remitan los programas estatales de seguridad que se crearon para establecer una adecuada y eficiente coordinación entre las áreas de seguridad pública municipal y estatal, así como que el ayuntamiento informe del resultado del procedimiento administrativo que se inició contra quien resulte responsable.

Asimismo, informa que siguen con ''cumplimiento insatisfactorio'': recomendación 90/91, relativa a los centros de readaptación social en el Distrito Federal; 26/92, del Cereso de Ciudad Juárez; 34/92, Centro Penitenciario de Ciudad Obregón, Sonora; 103/92, Penitenciaría La Mesa, en Baja California. En esta última señala que, contrariamente a lo recomendado, conforme pasa el tiempo se agravan las violaciones a los derechos humanos por el incremento de la población penitenciaria.

En las prisiones de Sonora, Distrito Federal, Chihuahua, San Luis Potosí, Jalisco, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Yucatán, entre otras, el texto de la CNDH indica que los gobiernos estatales y las autoridades responsables de dichos penales, no acatan las disposiciones emitidas por el órgano nacional encargado de la defensa de los derechos humanos.

Se establece en dicho informe que la tortura, aunque ha descendido en el número de quejas presentadas ante esta instancia, aún no se ha erradicado, pues en el periodo referido se recibieron nueve quejas, de las cuales seis eran contra la PGR, y tres dirigidas a la Policía Preventiva de la SSP federal. Además, se ha señalado -entre otras autoridades- a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la PGJDF y a la Procuraduría de Justicia Militar.

El informe también da cuenta que el año pasado se emitieron dos recomendaciones generales: la primera, por la revisión indigna y trato denigrante a las mujeres en las visitas a los reclusorios del país, y la segunda por las retenciones ilegales y arbitrarias que cometen las diferentes corporaciones policiacas.

Se informa del Programa de Atención a Agravios a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos; reporta que se recibieron 21 quejas de trabajadores de medios de comunicación, entre ellas las presentadas por Héctor Aguilar Camín, Juan Ruiz Healy, Carlos Ramírez y Ra-fael Rodríguez Castañeda. También se tramitaron 12 quejas por parte de los centros de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y el Miguel Agustín Pro, referente a las amenazas de muerte contra la abogada Digna Ochoa y miembros de otras ONG.