Carlos Martínez García
Reconciliación y justicia en El Limar
Después de un sinuoso proceso distintos sectores enfrentados durante los últimos ocho años acordaron respetarse y privilegiar las vías legales para dirimir sus diferencias. En este contexto la semana pasada fue reabierta a todos los que deseen entrar la Iglesia católica de San José El Limar, municipio de Tila, Chiapas. En el pasado reciente la posesión de este templo y otros de la región por parte de católicos tradicionalistas identificados con el PRI y la conocida como organización paramilitar Paz y Justicia, representó la impunidad del grupo que nació y se desarrolló al amparo de las estrategias de contrainsurgencia de los gobernadores Julio César Ruiz Ferro y Roberto Albores Guillén.
Para entender los grados de violencia que desplegó Paz y Justicia en el norte de Chiapas, con el fin de hostigar y perseguir a las comunidades que simpatizaban con el EZLN, es imprescindible consultar el informe que publicó en 1996 el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. El documento refiere detalladamente los apoyos oficiales canalizados al organismo y sus líderes, las atrocidades cometidas contra sus adversarios, su enfrentamiento con las bases de creyentes católicos identificados con la pastoral del obispo Samuel Ruiz García, el intento de secuestrar al obispo coadjutor Raúl Vera, y la acusación que le hicieron de ser zapatista cuando comprobaron que el entonces considerado sucesor de don Samuel no se iría por el camino favorable para ellos. En lo más agudo de su guerra contra quienes rehusaban seguir sus métodos para limpiar la zona de bases zapatistas, Paz y Justicia controlaba los caminos de Tila, que nadie transitaba sin su consentimiento. Los gobiernos estatal y federal les dejaron el campo libre.
Al perder los sustanciosos apoyos provenientes del presupuesto gubernamental, la organización paramilitar entró en crisis. Sin la infraestructura que le posibilitó dominar autoritariamente la región, y con el surgimiento de disensiones en su interior, ya no pudo enfrentar con las mismas posibilidades de éxito a los grupos simpatizantes del zapatismo y a otros que, sin serlo, tienen como línea política trabajar dentro del marco sancionado por las leyes. El deseo mayoritario en todo el municipio de Tila, y particularmente en El Limar, se fue manifestando de manera creciente hacia lograr acuerdos entre las organizaciones para signar un pacto de convivencia pacífica. Con esto los más recalcitrantes partidarios del enfrentamiento violento fueron quedando aislados del proceso general.
Es la voluntad interna en El Limar la que explica los contenidos del Acuerdo de Paz y Reconciliación a que se llegó el pasado día 27. Sin esa disposición comunitaria las tareas mediadoras del gobierno estatal habrían tenido escasos resultados. Fue la conjunción de las condiciones internas y la existencia de un gobierno en Chiapas que, a diferencia de sus antecesores, dejó de ser un espacio promotor de organizaciones violentas como Paz y Justicia lo que abonó el terreno para que fructificara un nuevo acuerdo entre la mayoría de la población. La lectura del documento mencionado nos muestra que ahora existe en la comunidad un ánimo diferente al que prevaleció hasta finales del alborismo. El reconocimiento de la diversidad, el respeto a su existencia y derecho a expresarse son la columna vertebral del compromiso a que llegaron las bases y líderes de muy distintas concepciones de vida. Es un logro cultural que entre los puntos se afirme el compromiso de "practicar la tolerancia, como instrumento de convivencia pacífica basada en el respeto mutuo y aceptación de la diversidad ideológica, de pensamiento, expresión, militancia y creencias religiosas. Garantizar el ejercicio de la libre manifestación de ideas, asociación política y religiosa, así como la participación de todas las expresiones políticas y organizaciones sociales en los procesos electorales y en la toma de decisiones mediante consulta popular, sin obstáculo alguno".
Firmaron el acuerdo autoridades locales, municipales y estatales (el gobernador Pablo Salazar lo hizo en calidad de testigo de honor), así como líderes religiosos católicos, presbiterianos, pentecostales, adventistas y testigos de Jehová, junto con representantes de organizaciones de la sociedad civil. La coincidencia de estas voluntades fue el precedente para que el 14 de febrero se abriera un templo católico que ni la invocación del nuncio Justo Mullor a Juan Pablo II, cuando a los militantes de Paz y Justicia les dijo: šabran la iglesia en nombre del Papa!, pudo obtener buen resultado.
Acciones como las de El Limar muestran que en las comunidades indígenas de Chiapas, enfrentadas por distintos motivos, es posible construir nuevas formas de convivencia y que la diversidad unida contra quienes buscan alargar los conflictos termina por aislar al enemigo común. Es en este ambiente que la detención del líder de Paz y Justicia, Diego Vázquez Pérez, pudo efectuarse. Una comunidad mayoritariamente reconciliada posibilita la consecución de la justicia y el combate a la impunidad. No es poco lo que se alcanzó en El Limar, y sus efectos en la región ya se están dejando sentir.
