Luis Linares Zapata
La arrogancia del antiguo régimen
El Congreso del Trabajo ha lanzado su postrer reto al gobierno de Fox cuando le otorga la medalla Fidel Velázquez al acosado líder petrolero y hoy diputado federal Carlos R. Deschamps. El desafío no es un simple juego de desplantes y bravuconadas, sino la densa y real presencia de un enclave de poder que, en mucho, se ha amasado con prácticas desviadas de la ley. Resume así las resistencias del viejo régimen ante los intentos, hasta hoy no finiquitados, de combatir la corrupción y las complicidades que han infectado la sana marcha de la vida nacional lastrando, de paso, a muchas de sus organizaciones clave.
Las derivaciones de las auditorías de la Secodam, completadas por una orquestada serie de filtraciones e indagaciones de la prensa, apuntan, de manera precisa, hacia la persona del controvertido líder. Se sospecha que él fue uno de los agentes que hicieron posible montar un tinglado que extrajo de la paraestatal petrolera cantidades enormes de dinero (mil 100 millones de pesos) para financiar la campaña de Francisco Labastida en su fútil intentona de asaltar la Presidencia del país.
No estuvo solo el diputado, desafortunadamente contó con la participación de numerosos cómplices, todos ellos con plena conciencia de lo que hacían: era una constante manera de actuar del anterior estado de cosas para asegurar la continuidad del proyecto emanado de la revolución, afirmaban llenos de fervor patrio. La impunidad se garantizaba con la sentencia (inducida en varias ocasiones) de las urnas, que siempre los había beneficiado. Pero esta vez les falló el cálculo y ahora enfrentan algunas de sus consecuencias. Son, cuando menos, una media docena, todos ellos sujetos de una investigación en curso que lleva visos de concretarse en consignaciones y pleitos en los tribunales.
Pero este complejo asunto no para en las barandillas del Ministerio Público. Hunde sus consecuencias en instituciones cruciales en la vida de la nación como son el PRI, el STPRM, Pemex, el Congreso del Trabajo y el sindicalismo corporativizado, la PGR y el aparato de justicia; hasta el IFE sería afectado y, por tanto, se alza como un enorme riesgo para la gobernabilidad. Continuar filtrando datos de las investigaciones no es conveniente. Ya se conocen suficientes detalles como para presumir la flagrante comisión de varios delitos. Ahora hacen falta concreciones, hechos, acusaciones precisas, detención de presuntos culpables, intervención de cuentas como medidas para reintegrar los recursos desviados, toda esa parafernalia que da forma a los juicios, sobre todo a los de este tipo, tan atractivos al vulgo.
Las alternativas que la administración de Fox tiene delante no son materia sencilla. Implican disyuntivas terribles por las que tendrán que optar de inmediato. Unas apuntan hacia el cumplimiento de promesas de campaña para darle continuidad a sus propósitos de sanear la vida colectiva y otras, más perentorias, para concretar cambios que, desde la perspectiva oficial, son vitales para la transformación social del país o de su planta productiva. Tienen que decidir si se profundiza la senda del combate a la corrupción para solidificar el estado de derecho, como propósito básico de gobierno, o se hacen cortes de caja en el camino para medir los embates, sopesar las oposiciones de los intereses afectados y obtener algún beneficio colateral. El señuelo de consolidar proyectos de largo aliento, como la reforma del Estado pendiente o la manoseada reforma eléctrica, siempre serán atractivos pretextos para la negociación de poder real. La célebre transición transada de que hablaba el presidente Fox en días pasados estaría, entonces, a tiro de piedra.
Los días siguientes serán definitivos y mostrarán el rumbo que tomará esto que se inició como gran evento de medios, pero que ha ido tomando la forma de un serio desafío que definirá partes sustantivas del futuro. La estrategia de riesgo que adoptó el gobierno ha seguido su curso. El costo de detener o diluir las investigaciones para convertirlas sólo en un mar de rumores y periodicazos no puede ser menospreciado. Implicaría desgastar, hasta límites intolerables, la credibilidad de la Presidencia, de sus intenciones de transparencia y asentar, de aquí en adelante, la inoperancia del aparato de justicia. Pero entrarle al monstruo sin las debidas salvaguardas y prevenciones también lleva malsanas derivaciones atadas. Todo esto le exigirá al gobierno actuar con celeridad y con la precaución que el tamaño del reto lanzado le está señalando.
