Sugiere a la SSP actuar con eficiencia para evitar que se vulnere el libre tránsito

Pide la Procuraduría Social al Gobierno del DF recuperar calles cerradas por vecinos

Los jefes delegacionales ignoran quejas ciudadanas por esa causa: Ruiz Anchondo

BERTHA TERESA RAMIREZ

Tras señalar que los jefes delegacionales se han abstenido de aplicar la ley ante las múltiples quejas ciudadanas contra la obstrucción de calles en la ciudad, la procuradora social, Patricia Ruiz Anchondo, envió a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal una recomendación para que coordine acciones para recuperar las vías públicas obstruidas por jardineras, postes, cadenas, casetas, plumas, rejas y diques de cemento, que impiden la libre circulación de personas y vehículos.

La funcionaria envió otra sugerencia a la Secretaría de Seguridad Pública, a efecto de que atienda eficientemente los problemas en materia de seguridad y prevención de delitos para evitar que se vulnere el derecho de libre tránsito de personas y vehículos en las calles.

En entrevista, la procuradora señaló que a pesar de que desde hace más de tres años la dependencia a su cargo ha dado seguimiento a múltiples quejas ciudadanas en contra de diversas autoridades delegacionales, por la obstrucción indebida de la vía pública, éstas se han negado a proceder a la recuperación administrativa de las calles.

Agreden a padres de familia en Lindavista

Indicó que en los primeros días de este año solicitó la intervención del jefe delegacional en Gustavo A. Madero, Joel Ortega, a fin de que se atienda la recomendación PSDF-R-004/2000, motivada por la queja que presentó la defensoría legal del Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral contra la instalación ilegal de una reja, caseta y pluma instaladas en la calle Chiclayo, entre Lindavista y Sierra Vista, en la colonia Lindavista.

Indicó que la representación legal de ese centro educativo argumentó que a pesar de que la reja se mantiene abierta de las 6 a las 16 horas, el personal de seguridad contratado por los vecinos "agrede constantemente de palabra y de hecho a los padres de los niños que asisten a la citada escuela", incluso rayando los coches cuando sus ocupantes se quejan por el comportamiento de los guardias.

Denunció además que después de las 16 horas ese personal niega el acceso a toda persona relacionada con la escuela, y sólo pueden pasar previa concertación con los vecinos, lo cual viola flagrantemente el derecho de libre tránsito que tutela la Constitución.

Ruiz Anchondo dijo que hasta el momento el jefe delegacional no ha dado respuesta a la solicitud que le hizo para que informe sobre el grado de avance o cumplimiento de la recomendación emitida para la recuperación de esa calle.

La funcionaria agregó que la obstrucción de la vía pública constituye una de las quejas más constantes ante la Procuraduría Social, y básicamente se debe a que los vecinos tienen la percepción de que mediante el cierre de las vialidades se puede tener mayor seguridad.

Indicó que "desgraciadamente" hasta hoy los programas de prevención del delito han sido muy limitados, y cada jefe delegacional ha entendido a su modo el problema; "lo que sí es cierto es que la privatización de las calles constituye una irregularidad administrativa; ningún grupo de ciudadanos se puede apropiar de espacios públicos".

Dijo que los enrejados no han reducido los índices de inseguridad, y censuró "que se piense que las áreas comunes o la vía pública son tierra de nadie y que cualquiera puede cerrarlas con el argumento de la inseguridad".

Añadió que esa no es la solución y "estamos mal como autoridad al aceptarlo, y como vecinos al creer y caminar en esa ruta, porque el primer paso para resolver los problemas de inseguridad es que todos nos pongamos en orden y respetemos la ley. Eso sería lo primero".