Acepta la PGR notificación emitida por el juez primero de distrito
Investigará la fiscalía especial para desaparecidos los hechos de 1968
Luz verde al amparo interpuesto por ex dirigentes estudiantiles para que esos delitos no prescriban
GUSTAVO CASTILLO Y JESUS ARANDA
La fiscalía para desaparecidos de los años 70, a cargo de Ignacio Carrillo Prieto, investigará los hechos ocurridos en 1968, informó la Procuraduría General de la República (PGR).
El juzgado primero de distrito en materia penal, con base en la resolución de la Corte, notificó al Ministerio Público Federal que tenía un plazo de 24 horas, a partir de la noche del martes, para dar cumplimiento a la sentencia de amparo con la que se ordenó iniciar las indagatorias de lo sucedido el 2 de octubre en Tlatelolco. La PGR emitió un comunicado alrededor de las 10 de la noche de ayer, en el que informó que dio inicio a la averiguación previa 064/FESPLE/02, acatando lo ordenado por el Poder Judicial Federal.
La noche del martes pasado, la Dirección General del Ministerio Público Especializado A, de la PGR, fue notificada oficialmente de la resolución emitida el 30 de enero de este año por la primera sala de la Suprema Corte, en la cual se dicta sentencia con carácter de inapelable al amparo interpuesto por ex líderes del movimiento de 1968 para que las autoridades federales investiguen lo acontecido en esas fechas.
Plazo perentorio
Ayer miércoles, la PGR resolvió iniciar las indagatorias y remitir las ''constancias correspondientes'' a la Fiscalía Especial para la Atención de Hechos Probablemente Constitutivos de Delitos Federales Cometidos Directa o Indirectamente en contra de Personas Vinculadas con Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que está a cargo de Carrillo Prieto.
La Procuraduría dio a conocer su decisión de aceptar la resolución emitida por la SCJN, pocas horas antes de que venciera el plazo que el juzgado primero le concedió para informar que iniciaría la averiguación previa.
Como se recordará, los ex dirigentes del Consejo Nacional de Huelga, Raúl Alvarez Garín, José Gilberto Piñeiro Guzmán, César Tirado y Roberto Escudero, obtuvieron un amparo definitivo contra la decisión de la PGR -en tiempos de Jorge Madrazo Cuéllar- de no investigar la matanza de Tlatelolco, aduciendo que los delitos que se cometieron ya habían prescrito.
En su resolución, la Corte le ordena a la PGR que se pronuncie respecto a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que entró en vigor en México el 22 de octubre de 1952, porque este instrumento internacional fue invocado por los ex líderes del 68 que denunciaron penalmente la matanza del 2 de octubre. También, la obligación del Ministerio Público Federal de investigar todos los posibles delitos que habrían ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas, y le previene que no se limite a los que denunciaron inicialmente los ex dirigentes, que son genocidio, privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad.
La indagación ministerial deberá contener la fecha en que se iniciaron los hechos denunciados (la matanza) y cuándo concluyeron.
A diferencia de la posición inicial del Ministerio Público Federal, de no investigar los hechos con el argumento de que los delitos habían prescrito, la primera sala de la Corte establece la obligación del representante social de precisar en sus conclusiones ''el día en que se realizó el último acto de ejecución (del delito) o se omitió la conducta debida, si el ilícito fuere en grado de tentativa; el día en que se realizó la última conducta, si el delito fuera continuado, o la fecha en que cesó la consumación del delito, si éste fuere continuo''.
Los ministros llamaron la atención a la PGR en el sentido de que ésta ''fue omisa en hacer manifestación alguna respecto a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio'', ratificada por México el 22 de julio de 1952, publicada por el Diario Oficial el 11 de octubre, y que entró en vigor el 22 de octubre de ese año. La importancia de esta precisión radica en que los ex líderes apoyaron en ese convenio su criterio sobre la no prescripción de la acción penal de los delitos denunciados.
Finalmente, el Ministerio Público Federal deberá fundar y motivar las razones por las que, eventualmente, decidiera no ejercer acción penal. Este jueves, la PGR deberá entregar al juzgado primero un informe en el que señale si ya se inició la averiguación previa. Sin embargo, el juez Tereso Ramos Hernández no está facultado para dar seguimiento a la integración de la averiguación previa, ni tampoco de su conclusión, pues la decisión de la primera sala de la SCJN únicamente establece que se debe iniciar la averiguación previa de los hechos denunciados. Aunque la primera sala emitió su resolución el pasado 30 de enero, fue hasta el pasado martes 19 de febrero cuando el máximo tribunal envió su dictamen al juzgado primero de distrito.
La elaboración del ''engrose'' final del expediente llevó varios días hábiles, pero además el ministro Humberto Román Palacios ''rompió'' un acuerdo establecido por sus compañeros en el sentido de que tienen cinco días hábiles para informarle al ministro instructor si desean hacer algún cambio o modificación al documento definitivo, antes de darle vista a las partes.
El retraso motivó que, en lugar de que el máximo tribunal enviara la semana pasada el expediente al juzgado, fuera hasta el martes que se cumplió con ese requerimiento, para que éste a su vez notificara a la PGR.
Piden justicia
El Ejército no está exento de culpa: ONG
La justificación que hizo el secretario de la Defensa, Ricardo Clemente Vega García, de la participación del Ejército en la guerra sucia y en la represión del 68, al señalar que ''cumplieron con lo que se les ordenó como razón de Estado'', de ninguna manera exime a los militares de su responsabilidad en las violaciones a derechos humanos que cometieron, señalaron ayer organizaciones no gubernamentales.
Al contrario, ''con esa declaración el Ejército asume su corresponsabilidad con el jefe máximo de las fuerzas armadas, por violaciones de derechos humanos, crímenes y desapariciones que cometieron''.
Asimismo, la declaración del presidente Vicente Fox sobre que ''el Ejército históricamente ha apoyado las decisiones de las autoridades civiles'', lleva implícitamente la acusación de que los responsables de esas violaciones también son responsabilidad de los ex presidentes, desde los gobiernos de Díaz Ordaz, por el 68; Echeverría y López Portillo, por la guerra sucia de los 70 y 80, y las desapariciones que continuaron, aunque con menor intensidad, en los regímenes de De la Madrid, Salinas, Zedillo, e incluso las registradas en este gobierno, abundaron.
ƑObediencia debida?
Edgar Cortez, director del Centro Miguel Agustín Pro, dijo en entrevista que ''de ninguna manera el argumento del secretario de la Defensa lo excluye de responsabilidad en las violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército en el pasado''.
No pueden argumentar la doctrina de la obediencia debida, abundó Cortez, porque ya la jurisprudencia internacional estableció que ''la obediencia debida no justifica romper el marco legal, violar los derechos humanos, desaparecer y asesinar a personas. No se pueden justificar en ese principio y al contrario, cobra fuerza lo señalado por el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, en su recomendación sobre desaparecidos, de que ninguna razón de Estado puede justificar violaciones a los derechos humanos''.
Concluyó que con estos argumentos que esgrimen tanto el Ejército como el Ejecutivo, ''se refuerza la idea en términos de lo que las ONG demandamos: que se investigue y deslinden responsabilidades específicas, incluidos los ex presidentes''.
A su vez, Adriana Carmona, directora del área jurídica de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, manifestó que ''hay aceptación de culpa en los militares con su discurso de que obedecieron órdenes, pero eso no los exculpa. Nadie queda exonerado''.
Por su parte, el presidente de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, Oscar González, dijo: ''No basta que el Ejército diga que sólo obedecieron órdenes'', ese argumento no los exonera de ninguna responsabilidad, al contrario, es una confesión de que los militares actuaron en la guerra sucia, en el 68 y en otras violaciones a derechos humanos porque se les ordenó.
Insistió en que lo afirmado por el presidente Fox, en el sentido de que ''el Ejército ha aceptado y apoyado históricamente las decisiones de las autoridades civiles'', es una confesión implícita de que hay responsabilidad de los ex presidentes. Consideró que la fiscalía especial deberá investigar si es que hay órdenes por escrito, o cómo se hacían llegar. ''Hay que acudir a las testimoniales de los funcionarios de la época, a los ex secretarios y llegar hasta los ex presidentes.''
En tanto, Juan Antonio Vega, secretario de la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, dijo que por las declaraciones del general Vega García se puede leer que ''hay responsabilidad y participación del Ejecutivo en las violaciones a derechos humanos que cometió el Ejército en el pasado''. Resaltó que, ''en todo caso, lo que se muestra es que hay una responsabilidad compartida entre los ex presidentes, que fueron en su momento los comandantes supremos''.
Aquí no se puede argumentar la obediencia debida, porque la jurisprudencia internacional señala que no se pueden escudar en esa doctrina para cometer violaciones a derechos humanos, dijo.
Por su parte, el presidente de la Liga Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Adrián Ramírez, resaltó que el Ejército Mexicano es utilizado para llevar a cabo políticas de Estado. ''Si recibieron una orden, y ésta era asesinar o ejecutar, no debieron cumplirla.''
A su vez, el senador panista Carlos Medina Plascencia consideró que los señalamientos del titular de la Sedena, respecto a que el Ejército sólo cumplió órdenes durante ciertos hechos históricos, ''constituye una declaración apegada a la disciplina militar; más bien lo que habría que investigar es quién dio las órdenes''.
En la Cámara de Diputados, la legisladora perredista Miroslava García dijo que es importante que el Ejército Mexicano colabore con el actual gobierno para esclarecer la responsabilidad del 68.
Agregó que, ''por lo confesado el martes por el general Vega García, estamos ciertos que la orden la dio la más alta autoridad de este país, y lo que procede es que el presidente Vicente Fox demande toda la investigación y se deslinden las responsabilidades. El ex presidente Luis Echeverría debe ser llamado a declarar'', subrayó.
VICTOR BALLINAS, GEORGINA SALDIERNA, CIRO PEREZ Y ROBERTO GARDUÑO
