Necesario, actualizar la ley de seguridad pública, dice Soberanes en la Permanente

Por abusos de policías, la mayoría de quejas sobre violación de derechos, sostiene la CNDH

Las tareas encomendadas a la PFP ponen en riesgo las garantías individuales, afirma

VICTOR BALLINAS, CIRO PEREZ Y ROBERTO GARDUÑO

El mayor número de quejas por violaciones a los derechos humanos en el país tienen origen en los abusos cometidos por agentes policiacos; por esta razón, señaló el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, "debe actualizarse la legislación en materia de seguridad pública, pues presenta numerosos y graves rezagos que propician prácticas al margen de la ley".

Al presentar su informe de labores ante senadores y diputados de la Comisión Permanente del Congreso de Unión, el ombudsman advirtió que las actividades que en los meses pasados se han encomendado a elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), ponen en riesgo el respeto a los derechos humanos, ya que no existen normas claras sobre la actuación de esta corporación en materia de prevención del delito. Situación que hace necesario establecer normas y que queden expresamente claras en la ley.

Lo mismo sucede, dijo, en el caso de la participación de militares en tareas de seguridad pública, en virtud de que éstas no constituyen una función propia del Ejército Mexicano, el cual "sólo en vía de excepción y nunca como regla, debe contribuir a estas labores".

Indicó que el establecimiento de retenes o puntos de revisión carreteros y operativos especiales, no respaldados por un marco jurídico definido, es motivo de preocupación para la CNDH, debido a las frecuentes violaciones a las garantías que allí se cometen.

Al presentar su segundo informe de labores al frente de la CNDH, Soberanes dijo que se ha avanzado en la formación y desarrollo de la cultura de los derechos humanos y su difusión, así como en aquellas tareas que tienen que ver con la investigación de crímenes y errores del pasado.

El informe y la recomendación 26/2001 sobre el caso de los desaparecidos durante la llamada guerra sucia fue sin duda una prueba de fuego para la CNDH, que se resolvió adecuadamente, "creemos, a partir de asumir la importancia histórica, ética y estratégica de la tarea".

Soberanes aseveró a senadores y diputados que los retenes no parecen ser obstáculo para quienes realizan actividades del crimen organizado ?de acuerdo con la apreciación social y lo observado por los visitadores?; en cambio, con frecuencia se convierten en focos de abuso y retención de personas cuya única falta es querer circular en libertad.

Durante la lectura de su informe, el ombudsman resaltó que cualquier actividad referente al establecimiento de retenes que lleve a cabo la autoridad, debe enmarcarse en la legalidad y en el respeto irrestricto a las garantías individuales consagradas en la Constitución, en los instrumentos internacionales que el gobierno ha signado y en las demás leyes vigentes en el país.

Insistió en que es muy significativo el número de violaciones a los derechos humanos que se cometen en el ámbito de la procuración de justicia, lo que se traduce en una transgresión al derecho de toda persona a un efectivo acceso a la misma, y en desconfianza y temor de las víctimas del delito, que muchas veces prefieren no denunciar los hechos.

Apuntó que el Ministerio Público debe convertirse en una auténtica representación social y trabajar con estricto apego a derecho, con la finalidad de que disminuyan las detenciones ilegales, los abusos de autoridad, la incomunicación y la tortura, así como la indebida y deficiente integración de averiguaciones previas.

La seguridad pública, remarcó, sigue siendo una de las mayores demandas de la sociedad: "todas las personas tienen derecho a vivir sin miedo, con tranquilidad y seguridad. Insistimos en que para combatir la inseguridad se requiere profesionalismo en las corporaciones policiacas, eficacia, honestidad y un compromiso de respeto a los derechos humanos".

En diversas ocasiones, recordó Soberanes, la CNDH se ha pronunciado en favor de la promulgación de una ley de seguridad nacional que especifique los alcances de las funciones de los órganos de inteligencia para salvaguardar los intereses de la nación y los derechos de los gobernados.

Refirió que todavía hoy "vemos con demasiada frecuencia a autoridades que consideran la intervención de la CNDH o de las comisiones estatales como una afrenta a su gestión, y no como un ejercicio cívico y legal de colaboración, que ayuda a corregir errores, a perfeccionar normas, conductas y actitudes, y a combatir la impunidad".

Detalló suscintamente que del 16 de noviembre de 2000 al 31 de diciembre de 2001, la CNDH registró un total de 8 mil 47 expedientes; 20 por ciento de las quejas recibidas correspondió al Distrito Federal, 9 a Chiapas, 9 a Jalisco, 8 al estado de México y 6 por ciento a Tamaulipas.

La CNDH, dijo Soberanes, emitió en ese periodo 38 documentos que contienen 42 recomendaciones e involucran a 33 autoridades e instituciones; cinco fueron a la Procuraduría General de la República (PGR); tres a la SEP; dos al ISSSTE, dos al estado de Jalisco, dos a la Secretaría de Seguridad Pública y una al Ejecutivo federal ?la 26/2001, que se refiere a los desaparecidos durante la guerra sucia?, entre otras.