Reticencia de empresarios a que se reconozca la autonomía de grupos étnicos

Xóchitl Gálvez pide a la IP acabar con "abusos brutales" de hombres de negocios contra indios

DAVID ZUÑIGA

La encargada de la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xóchitl Gálvez, llamó al sector empresarial a ver en la reapertura del debate sobre la ley indígena una oportunidad para corregir la relación "perversa" y de "abusos brutales" de los hombres de negocios contra las etnias.

En una plática ante miembros de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la funcionaria intentó convencer a los empresarios de que "no todo es negocio" y de que "vale la pena apostarle al desarrollo social", particularmente en un país como México, donde la mortalidad infantil es de 28.2 por cada mil nacidos vivos, pero en las regiones tarahumara, huichol y cora llega a cien por cada mil y la mortalidad materna es tres veces más alta que en el resto del país.

Gálvez les advirtió a los industriales que si no contribuyen realmente a revertir la miseria y la exclusión "no habrá país para nadie, porque hay 40 millones de pobres que no se van a morir sin dar pelea, y la darán de las maneras más dramáticas".

"Los indios queremos establecer relaciones de iguales, no de subordinación, ventajosas. Hay un sector empresarial que le apuesta a ese tipo de relaciones. Nomás hay que dejarlas claras. De repente ha habido inversiones del sector privado y después los pueblos indígenas se sienten explotados y ya no dejan sacar la madera. Hay que crear relaciones de confianza, honestas".

Los pueblos indígenas, añadió, quieren reconocimiento no sólo político, sino también económico, porque "queremos ser socios de ustedes, pero como iguales: nosotros poseemos tierras y territorios y ustedes poseen capitales y podemos hacer alianzas buenas para los dos; ya no alianzas perversas de ganadores y perdedores". Los pueblos indígenas, recordó, representan 13 por ciento de la población nacional y poseen una quinta parte del territorio.

Previamente, Gálvez comentó que la sociedad mexicana tiene poco conocimiento de las culturas indígenas y hay una discriminación estructural. "El meollo del asunto está en que los estados-nación se concibieron sobre derechos individuales; los pueblos indígenas se visualizan sobre derechos colectivos. Esto es parte de un debate mundial. En Ginebra no logramos sacar adelante la Declaración Universal sobre Pueblos Indígenas porque los países occidentales no están dispuestos a reconocer el término 'pueblos indígenas' porque ello implica el reconocimiento de derechos colectivos".

En cuanto a las acciones de la oficina a su cargo, Gálvez anunció que el 6 de marzo se dará a conocer el Programa Nacional de Desarrollo para los Pueblos Indígenas en la mesa de El Nayar. Asimismo se aprobó un fondo de más de mil millones de pesos más 15 mil millones de recursos etiquetados de otras dependencias. "Es un fondo digno, no lo que hubiéramos esperado, pero contrasta con los 40 millones que tenía el INI en el pasado".

Los temores patronales

Durante el debate sobre la actual Ley sobre derechos y cultura indígenas, el sector privado demandó al gobierno aplicar candados a la llamada ley Cocopa y argumentó que ésta violaba la Constitución, iba a impedir la llegada de inversiones a las comunidades indígenas, provocaría una "balcanización" en México e incluso pondría en riesgo proyectos como el Plan Puebla-Panamá, el ferrocarril transístmico y la escalera náutica de Baja California.

El Centro de Estudios Fiscales y Legislativos del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) recomendó no otorgar a los pueblos indios libre determinación ni autonomía con territorio y gobierno propios, pues existía el riesgo de que las etnias practicaran "algún tipo de socialismo, cooperativismo o tiranía disfrazada".

Según el organismo privado, si se diera libre determinación a las comunidades indígenas, éstas privilegiarían sus intereses sobre los nacionales, lo que implicaría obstáculos para el turismo, la minería y la construcción de obras de infraestructura como aeropuertos, puertos marítimos, plantas hidroeléctricas y termoeléctricas, redes de distribución de energía, etcétera.

Sin embargo, lo que más preocupa a los empresarios es que se toque el artículo 27 constitucional, especialmente lo relativo al régimen de propiedad de la tierra. La directora de la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas sostuvo que las etnias deben participar en la decisión de quién y cómo explotar los recursos del país y quién obtiene los beneficios.

El proyecto con base en el cual se reformó el artículo 27, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, fue elaborado por el ex secretario de Agricultura Luis Téllez Kuenzler, con la asesoría de Claudio Xavier González Guajardo, hijo del actual dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y presidente de Kimberly Clark de México, Claudio X. González Laporte, quien a su vez era asesor de inversiones extranjeras de Salinas.