Acusado de secuestro y lesiones, Diego Vázquez Pérez podría pasar 44 años encarcelado
Dictan formal prisión al líder de Paz y Justicia
Habitantes de Roberto Barrios piden protección ante hostigamiento del grupo paramilitar
ANGELES MARISCAL Y JUAN BALBOA CORRESPONSALES
Tuxtla Gutierrez, chis., 22 de febrero. El juez de la causa dictó auto de formal prisión al dirigente del grupo Desarrollo, Paz y Justicia, Diego Vázquez Pérez, detenido el viernes 15 de febrero por su presunta participación en la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad y lesiones.
Por considerar que existen elementos suficientes para presumir la culpabilidad del indígena en relación con el secuestro de Pedro Jiménez -en febrero de 1997-, el juez primero de lo penal, Miguel Angel Villalba, dictó auto de formal prisión al dirigente de Paz y Justicia, quien por esta decisión podría alcanzar hasta 44 años de cárcel.
Según la denuncia de Pedro Jiménez, Diego Vázquez y otras siete personas lo detuvieron en la cabecera municipal de Salto de Agua, y durante seis días lo mantuvieron secuestrado propinándole golpes, debido a su negativa a unirse a Desarrollo, Paz y Justicia.
Por otra parte, autoridades y habitantes del municipio autónomo zapatista Roberto Barrios pidieron medidas cautelares en su favor debido a las confrontaciones que en las semanas recientes han sostenido con presuntos integrantes de Paz y Justicia.
"Ante el incremento de las agresiones tanto sicológicas como materiales y físicas, responsabilizamos al gobierno (estatal) de cualquier hecho violento", señalaron en una denuncia presentada en la capital del estado.
Indican que desde el 26 de enero los "paramilitares de Paz y Justicia" sostuvieron una reunión en la que determinaron emprender los actos de hostigamiento contra habitantes de Roberto Barrios.
Ese día, por la noche, "llegaron armados" ante los simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), e intentaron destruir la llamada "escuela autónoma" establecida en el lugar. El 31 de enero tomaron un predio que pertenece a las mujeres de la comunidad zapatista y destruyeron la instalación eléctrica".
El jueves 14 de febrero, añadieron, "apedrearon el Centro Cultural Zapatista, rompiendo los cristales, con el peligro añadido de que ahí se encontraban algunos muchachos de la comunidad".
Por ello piden que se apliquen medidas cautelares "que impidan nuevas provocaciones y agresiones", en virtud de que a pocos kilómetros de Roberto Barrios se encuentra un campamento militar en el que presuntamente se refugian sus agresores.
De su lado, la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos solicitó a las autoridades federales, estatales y municipales que se retracten de las acusaciones que se le imputan a dos zapatistas por el supuesto asalto a dos maestros en la comunidad de Roberto Barrios.
Mediante un comunicado dado a conocer en San Cristóbal de las Casas, el organismo informó que el alcalde Francisco Gómez Pérez citó a la comunidad para hacer pública la acusación culpando a las bases zapatistas sin conocer si era un asalto o un autosecuestro.
Responsabilizó a Gómez Pérez de levantar un acta para destruir las instalaciones del Centro Cultural del Aguascalientes 5 y tomar el predio del Centro Cultural Semilla Nueva, donde reciben educación autónoma y donde existen diferentes talleres para niños de esta comunidad.
Dijeron que el edil amenazó a la comunidad de usar la fuerza pública para desactivar las bases zapatistas, argumentando que cuenta con el apoyo de las distintas instancias de gobierno para lograr su objetivo.
El organismo autónomo solicitó la pronta intervención de las autoridades federales, estatales y municipales, si el gobierno verdaderamente busca la paz, que lo demuestre controlando las provocaciones y agresiones que cometen los grupos paramilitares, así como calmar la prepotencia del presidente municipal.
