Carlos Marichal

Ciencia: tres dólares per cápita

De acuerdo con inumerables expertos, la inversión en investigación científica se vincula estrechamente con los avances de las sociedades y economías modernas. En los países más avanzados, dicha inversión la suele realizar el sector público (gobierno y universidad estatales) y el sector privado (universidades privadas y empresas). En países menos desarrollados, la inversión en ciencia es realizada casi exclusivamente por el gobierno, que canaliza fondos a las universidades y en particular a los consejos nacionales de ciencia y tecnología.

En México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) constituye el vehículo fundamental para impulsar la formación científica y apuntalar algunos proyectos de investigación. ƑCuanto invierte el gobierno en ciencia por año? El año pasado (2001), el gobierno federal destinó 3 mil 500 millones de pesos al Conacyt, lo cual quiere decir que en un país de 100 millones de habitantes se gastó un poco más de tres dólares per cápita en ciencia.

Esta asignación de gastos está determinada en parte importante por los lineamientos que establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuya prioridad sigue siendo el pago de los compromisos financieros. El año pasado, el gobierno desembolsó más de 300 mil millones de pesos en el servicio de la deuda pública (sin incluir amortizaciones de la deuda externa). Ello quiere decir que cada mexicano pagó más de 300 dólares el año pasado por la deuda. O sea, cien veces más que en ciencia.

Más sorprendente es el hecho de que en vez de proponer un aumento de inversión en ciencia para este nuevo año, el Ejecutivo federal y la SHCP propusieron reducir el gasto para Conacyt a 3 mil 300 millones de pesos para 2002. Por fortuna, la intervención de los diputados del Congreso permitió fijar el presupuesto de Conacyt en 4 mil 366 millones de pesos para el año en curso. No obstante, en cualquier visita a un centro universitario mexicano se constata que existe preocupación en la comunidad académica acerca del futuro de las políticas científicas en el país y el destino de los fondos que se destinen a la formación científica y a los proyectos científicos.

Uno de los principales dilemas consiste en determinar si la actual administración considera que debe promoverse un esquema a nivel nacional que dé una prioridad absoluta a la ciencia y tecnología aplicadas (en desmedro de lo que se denomina la ciencia pura). El segundo interrogante consiste en saber si el gobierno federal tiene la intención de subsidiar las investigaciones realizadas en empresas privadas o por parte de secretarías gubernamentales, reduciendo la inversión en becas y proyectos de los investigadores en universidades e institutos públicos que se dedican a la formación científica.

Si la intención del gobierno consiste en obtener recursos privados para la ciencia, bienvenido. Pero los antecedentes en México no son alentadores. Las empresas mexicanas no suelen mantener laboratorios de investigación de gran envergadura: prefieren comprar la tecnología en el exterior. A su vez, las grandes empresas transnacionales tampoco suelen abrir y mantener laboratorios importantes en la república, sino que se limitan a contratar un corto número de ingenieros y científicos que aplican las inovaciones tecnológicas que traen de afuera. Recordemos que empresas como IBM, Microsoft, General Electric mantienen laboratorios que cuentan con decenas de miles de investigadores en Estados Unidos, pero no en México.

En este sentido, es claro que falta desarrollar legislación que incentive a las compañías transnacionales a establecer laboratorios de ciencia y tecnología en México. Y lo mismo puede decirse con respecto de las empresas nacionales grandes que están en proceso de globalizarse. En otras palabras, no debe ser el sector público el que subsidia la investigación en las empresas privadas, sino al revés. Es bien sabido, por ejemplo, que en Estados Unidos los aportes de la empresa privada a la ciencia son enormes: cualquier paseo por el campus de cualquier universidad pública o privada lo demuestra, observándose la donación (inversión) privada en edificios para clases, laboratorios y demás instalaciones.

Se requiere abrir un debate mucho más amplio sobre las prioridades en el gasto público en México. Durante decenios, el Estado se ha dedicado a subsidiar a las empresas deficitarias y endeudadas y a los bancos mal gestionados. Ahora se trata de que los fondos públicos sirvan a fines públicos y no privados. Por ende, no es el momento apropiado para proponer que el poco dinero que destina el gobierno a ciencia y tecnología se utilice para subsidiar investigaciones en empresas privadas.