Pide Comisión de Fiscalización a Gobernación informe sobre sorteos que realizó el PRI

Decide el IFE presentar denuncia por el presunto desvío de fondos en Pemex a la campaña priísta

ALONSO URRUTIA, ELIZABETH VELASCO GUSTAVO CASTILLO Y ANDRES MORALES

La Comisión de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) determinó anoche presentar una denuncia penal, ante la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, contra quien resulte responsable por el presunto desvío de recursos públicos de Petróleos Mexicanos al Partido Revolucionario Institucional.

"La finalidad -explicó el consejero electoral Jaime Cárdenas- es que como tenemos conocimiento de una presunta irregularidad relacionada con el financiamiento de una campaña electoral, como autoridad en la materia tenemos la obligación de actuar en consecuencia; esto es, hacerla del conocimiento de la Procuraduría General de la República."

La comisión acordó también solicitar a la Secretaría de Gobernación informes sobre la realización de los sorteos que hizo el PRI para financiar su campaña presencial. Según lo que se ha conocido de las indagatorias que realiza la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, ésta habría sido la vía para encubrir los recursos que en realidad provenían de Pemex.

Luego de casi tres horas de reunión los consejeros acordaron, por unanimidad, presentar la denuncia, con lo cual -sostuvo Cárdenas- el IFE pasa de ser un "actor pasivo" en las investigaciones sobre el financiamiento público del PRI en la campaña presidencial de 2000 a una instancia activa ante un presunto delito electoral.

Por su parte, en rueda de prensa nocturna, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Alonso Lujambio, sostuvo que en la reunión se había acordado continuar con las pesquisas. Subrayó que en el caso de presuntos delitos electorales la coadyuvancia entre el IFE y la PGR "es algo fundamental".

Explicó que este miércoles vence el plazo para que el senador priísta Eduardo Bours, responsable de la captación de recursos durante la campaña, responda a la solicitud de información que le hizo la comisión respecto al monto y forma como se obtuvieron los fondos.

Otro de los acuerdos alcanzados en la comisión, informó Cárdenas, se refiere a la solicitud que hará el IFE a la Auditoría Superior de la Federación para que dé informes sobre las finanzas de Pemex.

Cárdenas comentó que se girarán varios oficios a diversas dependencias para ampliar la información que ya les fue enviada. Son los casos de la PGR y la Secodam. "En el primer, porque tenemos el compromiso del procurador de que nos allegarán toda la información de las investigaciones que se realicen, y en el caso de la Secodam, a partir de lo que el propio secretario Francisco Barrio comentó el fin de semana, en el sentido de que se había ampliado la indagatoria del caso Pemex".

En la reunión se adoptaron diversos acuerdos relacionados con el caso Pemex-PRI, entre ellos acumular al expediente de la queja presentada por el representante del Partido de la Revolución Democrática ante el IFE, Pablo Gómez, por el desvío de recursos públicos, y la información que recabó el propio organismo electoral de las autoridades a las que le fueron solicitadas.

En tanto, el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, insistió en que las investigaciones que se realicen sobre el presunto desvío de recursos en Pemex se harán con "plena transparencia y pleno apego a la ley, respetando a quienes están involucrados en el caso. Esa es la instrucción clara que tiene la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada".

-ƑEs posible que declare el señor Labastida Ochoa?

-Esos son aspectos que deben ser valorados en la propia integración de la averiguación. Desde luego, el Ministerio Público, en su oportunidad, deberá pronunciarse sobre el particular, si hay o no probables conductas delictuosas y probables delitos.

-El señor Montemayor dice que los constantes citatorios que le hacen es un abuso de poder por parte de la PGR.

-La ley es de observancia para todos y está ahí. Hay que cumplirla.

Macedo de la Concha dijo que la PGR no necesariamente agotará el periodo de tiempo que tiene bajo arraigo a las tres personas hasta ahora involucradas. "No hay necesidad de agotar tiempos ni de que estos aspectos se estiren a su máxima expresión." Si se van acopiando las pruebas y se fortalece la investigación se procederá, pero en el momento en que se tengan todos los elementos.

A su vez, Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), y los integrantes del comité ejecutivo de esa organización se reservarán su derecho a emitir declaraciones hasta en tanto la PGR no dé a conocer los resultados de las investigaciones que realiza sobre el presunto desvío, manifestó el vocero de esa organización, Víctor García.

El STPRM, agregó, ya entregó a la PGR 15 cajas con pruebas de descargo, en las que se encuentra información para constatar que "no hubo tal desvío. Vamos a esperar a que las cosas se aclaren. Por lo pronto, jurídicamente, el STPRM ya cumplió".

Demandan a los diputados Romero Deschamps y Joaquín Gracia

Mientras tanto,en Veracruz, los diputados federales priístas Carlos Romero Deschamps y Roque Joaquín Gracia Sánchez fueron denunciados ante la Secodam, por percibir elevados salarios como obreros en Petróleos Mexicanos (Pemex), aun cuando la Constitución prohíbe duplicar las percepciones en dependencias federales, sin previa licencia del Congreso de la Unión.

Dicha denuncia fue presentada el pasado 21 de febrero por el también legislador Sergio Vaca Betancourt, quien acusó también a otros funcionarios del gobierno estatal y del municipio veracruzano de Minatitlán por cobrar salarios en la paraestatal sin prestar servicios.

En conferencia de prensa, el diputado panista dio a conocer que la denuncia interpuesta el pasado jueves ante el titular de la Secodam, Francisco Barrio Terrazas, se basa en la violación al artículo 62 de la Constitución, el cual señala que los diputados y senadores propietarios, durante el tiempo de su encargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo en la Federación o en los estados por los cuales disfruten sueldo, sin licencia previa del órgano parlamentario.

Lo anterior, en atención a la situación de los diputados federales Carlos Romero Deschamps, también secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), y de Roque Joaquín Gracia Sánchez, líder local del gremio.

Ambos perciben como salario en la paraestatal 35 mil 872 y 29 mil 029 pesos, respectivamente, cada catorcena, según copias de los recibos anexadas a la denuncia.

Vaca Betancourt indicó que en el mismo expediente también se denuncia a Pablo Pavón Vinales, Guillermo Alvarado y Mario Enrique Zavala, quienes fungen como alcalde, regidor segundo y director de Participación Ciudadana, respectivamente, en el municipio de Minatitlán.

Explicó que los tres funcionarios violan los artículos 23 y 115 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Veracruz, que en esencia prohíbe a los ediles, al igual que a los demás servidores públicos, tener otro cargo o empleo remunerado en el estado, la Federación y el municipio.