Fuerteventura, prisión para migrantes
En el viejo aeropuerto español cientos son recluidos e incomunicados mientras se decide su suerte: HRW
ARMANDO TEJEDA CORRESPONSAL
Madrid, 25 de febrero. Fuerteventura, el viejo aeropuerto de la isla del archipiélago canario español, es desde hace meses un centro de retención donde cientos de migrantes norafricanos viven hacinados e incomunicados. A veces pasan hasta 20 días sin salir al sol, pues desde que llegaron a las costas españolas en las precarias embarcaciones conocidas como pateras y fueron detenidos por la Guardia Civil, su morada es la antigua sala donde se recogían maletas. Allí esperan la expulsión o la cada más difícil concesión de asilo.
Los testimonios de quienes han estado en el lugar fueron recogidos por Human Rights Watch (HRW), que realizó entre octubre y noviembre pasados un informe al respecto. La delegación del organismo defensor de derechos humanos, con sede en Estados Unidos, concentró buena parte de su investigación en Lanzarote y Fuerteventura, dos islas que se han convertido desde hace unos tres años en uno de los lugares de llegada de migrantes de Africa subsahariana.
La rápida concentración de migrantes, combinada con la falta de infraestructura y de planeación de las autoridades locales y del gobierno español, llevó a organizar un centro de retención en el viejo aeropuerto. Allí, en una sala de apenas 400 metros, repleta de filas de colchones de hule espuma, se hacinan más de 500 personas; algunas permanecen en el lugar más de un mes.
"Los inmigrantes que llegan ilegalmente a las Canarias experimentan en la actualidad un trato denigrante que abarca tanto el periodo de detención en las instalaciones de los antiguos aeropuertos de Fuerteventura y Lanzarote como los momentos previos a esta situación. Los retenidos en estas instalaciones, incluyendo los solicitantes de asilo, enfrentan no sólo una concentración en las mismas, sino también una completa incapacidad para establecer cualquier tipo de comunicación con el mundo exterior, ya que carecen de teléfonos, horarios de visita o posibilidad de enviar y recibir correo.
"Asimismo no tienen acceso a información, abogados, intérpretes o médicos; además se ven privados de aire fresco, del sol o la posibilidad de realizar ejercicio durante periodos que pueden prolongarse hasta 40 días", revela el informe de HRW, presentado en Nueva York y remitido a la Organización de Naciones Unidas, a la Unión Europea, al Parlamento Europeo y al gobierno español, presidido por el conservador José María Aznar.
El organismo humanitario estadunidense menciona precisamente la política migratoria del gobierno, que niega el acceso a los centros de retención a las organizaciones de defensa de los derechos humanos y de migrantes. Esto obligó a HRW a realizar su informe con base en testimonios de ex internos y de miembros de la Cruz Roja.
Ante la polémica que levantó el informe, la oposición socialista, que presentó en su momento un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley de extranjería española, pidió la comparecencia ante el Congreso de Enrique Fernández Miranda, delegado de gobierno para la Extranjería.
A su vez, el líder de Izquierda Unida (la tercera fuerza electoral), Gaspar Llamazares, consideró "una vergüenza que la presidencia española de la Unión Europea se vea en estas condiciones, descalificada por estos informes, mientras que con su debate de multiculturalismo pretende ocultar su nacionalismo español y que los inmigrantes asuman deberes al tiempo que les priva de los derechos democráticos".
Por otro lado, un ecuatoriano denunció ante la policía haber sido arrojado desde un puente en Barcelona por cuatro individuos, que antes le habían propinado una paliza. Este ataque sigue al que hace un mes sufrió Wilson Pacheco, quien luego de ser golpeado por los vigilantes de una discoteca murió ahogado al ser arrojado en el Puerto Olímpico.
Pero la policía no cree que haya existido un "móvil racista" en este ataque, al destacar que la víctima -de 31 años y hospitalizada en estado grave- tiene "numerosos antecedentes por robos con violencia e intimidación", por lo que se podría tratar de "un ajuste de cuentas".
