Ponente en el foro sobre la reforma del Estado
Crear figura jurídica exclusiva para la cultura, plantea Sastré
Escasa participación de diputados en las mesas de trabajo
RENATO RAVELO
Crear una figura jurídica destinada en exclusiva a la actividad cultural es la propuesta del director de teatro Arturo Sastré, quien participó en las mesas complementarias del primer foro La cultura en la reforma del Estado, realizado en la Cámara de Diputados.
El también promotor cultural agregó que ''las nuevas empresas culturales estarán destinadas a crear objetos y servicios diferentes, por lo que serían registradas, vigiladas y autorizadas para generar estímulos que traigan beneficios fiscales a posibles inversionistas''.
Las mesas, en las que se registró escasa participación de legisladores, acusaron lo que los organizadores de la Asamblea para la Cultura y la Democracia (Acude) trataron de prever, que era la legítima dispersión sobre los temas, ya que frente a la perspectiva de hablar ante diputados, cada quien escogería su tema. Héctor Ortega disertó sobre el cine y las pretensiones de los jóvenes realizadores de ser postulados al Oscar; Elia Domenzáin abordó el tema de la actuación, Max Mendizábal envió una reflexión sobre su experiencia como escritor, y Roberto Ramos Trujillo abordó la falta de un concepto de cultura.
Reconocer al inversionista
Sastré, con su experiencia de productor y creador, reflexionó con más tino sobre lo que se quería del foro y escribió: ''Un trabajo cultural es la dedicación y el esfuerzo individual o colectivo de creadores, quienes consecuentemente con su necesidad de expresión producen algún objeto cultural incluso sin merecer retribución''.
Para Sastré ''el crecimiento de la población que demanda beneficiarse del producto y los servicios culturales es mayor cada día. Es dudoso que la capacidad instalada del o los gobiernos pueda administrar en un futuro todas las propuestas de la próxima generación de artistas y promotores'', mientras que la comunidad cultural necesita mejorar sus condiciones laborales, ampliar sus mercados de trabajo y participar de manera directa y democrática en la toma de decisiones. ''Es imperativo modificar al estatuto vigente en su totalidad.''
Sin embargo, agrega, ''la dificultad para que los intereses del capital participen del esfuerzo cultural requerido reside en que la normatividad actual no proporciona ningún beneficio directo o indirecto que reconozca al inversionista''.
De ahí su propuesta de cinco puntos. El último es la petición repetida de regularizar la naturaleza jurídica del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. En el primero pide incluir el derecho a la cultura en el nuevo Estado reformado, para en segundo término hacer partícipe a la sociedad.
Tercero, se debe reconocer la especificidad del trabajador cultural para que la nueva figura jurídica, exclusiva de esa actividad, pueda vincularse con mayor efectividad a las necesidades culturales del país.