Si se niega deberá exponer motivos ante diputados o consejo ciudadano, acuerda el Congreso

El gobierno de BC, obligado a acatar recomendaciones del ombudsman estatal

Invitan a defensor de derechos humanos a proponer inicitivas para actualizar marco jurídico

JORGE ALBERTO CORNEJO CORRESPONSAL

Tijuana, BC, 28 de febrero. El Congreso de Baja California acordó que las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana (PDHPC) en la entidad, sean aceptadas y acatadas por las autoridades locales o, en caso contrario, éstas deberán exponer sus motivos ante los diputados o un consejo ciudadano consultivo de la misma procuraduría.

Proponer iniciativas

Para ello, se exhortó al titular del organismo defensor de derechos humanos en Baja California, Raúl Ramírez Baena, para que proponga iniciativas que conlleven a la actualización del marco jurídico que regula las acciones de la PDHPC, y se analice además la posibilidad de establecer el carácter vinculatorio que haría plenamente obligatorio atender puntualmente las recomendaciones.

Lo anterior se puso de manifiesto durante la sesión ampliada que realizó la Comisión legislativa de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Equidad y Género, bajo la presidencia del perredista Jesús Alejandro Ruiz Uribe, y con la presencia de los diputados Luz Argelia Paniagua Figueroa (secretaria) y Ricardo Rodríguez Jacobo, además del titular de la PDHPC, Raúl Ramírez Baena, y el subprocurador del organismo en Mexicali, José Antonio Figueroa.

Actualizar lineamientos legales

El objeto de la reunión fue conocer los proyectos de la PDHPC para este año, con la finalidad de que la Legislatura los apoye jurídica y económicamente, por lo que los diputados comisionados manifestaron estar abiertos a propuestas que permitan actualizar los lineamientos legales bajo los cuales opera el ombudsman de Baja California.

Sobre el particular, Ramírez Baena mencionó que existe un movimiento mundial a favor de que las recomendaciones que emiten los organismos de derechos humanos adquieran jurídicamente el carácter de obligatorias en cuanto su cumplimiento, por lo que ese tema debe ser objeto de análisis para tomar una determinación.

Explicó, sin embargo, que los detractores de esta tendencia argumentan que al convertirse en medidas de observación obligatoria, el procurador de derechos humanos se convertiría en juez, además de que existe el inconveniente de que aquellos a quienes va dirigida la recomendación podrían recurrir al amparo y se perdería el efecto, además de fomentarse que se diera la impunidad.

Acuerdo por consenso

Ramírez Baena indicó que el acuerdo alcanzado es un gran paso que permitirá que las recomendaciones emitidas por la PDHPC sean consideradas más en serio por las autoridades señaladas, toda vez que actualmente los servidores públicos señalados tienen la posibilidad de no aceptar una recomendación, sin que exista la obligación de justificar ante una autoridad distinta su determinación.

"Con este acuerdo, logrado por consenso, sentamos las bases para más adelante analizar y discutir de,manera profunda la posibilidad de establecer el carácter vinculatorio que obligaría a la autoridad objeto de una recomendación a acatar los términos de la misma e informar tanto a la PDHPC como a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local sobre las acciones tomadas para ello", dijo.

Actualmente, de las recomendaciones emitidas por la PDHPC de Baja California han sido aceptadas 50 por ciento por las autoridades referidas, mismas que en algunos casos no han reportado avances en la satisfacción de los puntos señalados.