Emilio Pradilla Cobos
El futuro de la ciudad, a debate
El gobierno capitalino entregó hace unos días a la Asamblea Legislativa su propuesta de Programa General de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal versión 2001, que tendría vigencia hasta 2006, en un horizonte de planeación al 2025, y que sería revisado en 2004. Ahora da inicio la fase en la que la representación política de los capitalinos analizará y, según el caso, aprobará, modificará o devolverá el texto de la iniciativa gubernamental. Aunque la experiencia muestra las limitaciones cada vez mayores que tiene la planeación urbana para su aplicación en el marco del capitalismo neoliberal y de la persistencia del viejo régimen político, no hay duda sobre la importancia de este documento que, por ley y necesidad objetiva, debería ser un verdadero proyecto integral de desarrollo para la ciudad, como parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.
El debate parlamentario sobre el programa tendrá como temas centrales los que en el transcurso del actual gobierno capitalino han estado en la discusión pública, por su impacto crucial en el desarrollo urbano y sus implicaciones para los actores urbanos fundamentales.
En primer lugar está la compleja relación económica, social, cultural, ambiental y territorial del Distrito Federal con el resto de la metrópoli, así como las formas concretas de coordinación metropolitana en la planeación y la gestión, que en la práctica no responden a las exigencias del desarrollo concertado. En segundo lugar, la respuesta a los múltiples y complejos impactos del nuevo aeropuerto en cualquiera de las localizaciones posibles, sobre todo en la elegida por el gobierno federal (Texcoco) y el futuro de la actual terminal aeroportuaria, temas que han generado un desencuentro importante entre los gobiernos involucrados, controversias constitucionales y un conflicto social con los ejidatarios.
El tercer tema es el bando, 2 por el cual el gobierno capitalino restringió la construcción de unidades habitacionales y desarrollos comerciales en 12 de las 16 delegaciones del Distrito Federal, y que ha sido fuertemente cuestionado por los desarrolladores inmobiliarios, el movimiento urbano popular y los urbanistas; como parte del debate tendrá que discutirse la viabilidad y conveniencia de tratar de regresar a una lógica de concentración de la vida urbana en la "ciudad central", formada, según el proyecto, por cuatro delegaciones. El cuarto aspecto a debate será la decisión del gobierno capitalino de construir un segundo piso a Periférico y Viaducto, con gran impacto estructural en el ámbito metropolitano, idea (el proyecto no se conoce aún) que no cuenta con el apoyo de gran parte de los técnicos, los políticos y las organizaciones sociales. El quinto tema girará en torno a las condiciones en que se impulsan actualmente las acciones de recuperación del Centro Histórico, el desarrollo de los corredores integrales de servicios (Reforma-Centro Histórico y Catedral-Basílica) y los parques industriales, en particular en lo que se refiere a las relaciones entre sector público, empresa privada y organizaciones sociales, y la distribución de los aportes y los beneficios.
En general, estará a discusión la naturaleza de la planeación urbana, su potencialidad, sus grandes límites, su eficacia y las modificaciones sustantivas que hay que introducir al sistema de planeación y a la gestión pública para que se convierta en un instrumento real de la necesaria transformación estructural de la metrópoli. Por la importancia que tiene el primer programa de desarrollo urbano -elaborado por un Ejecutivo y aprobado por un Legislativo locales, electos democráticamente y dotados de funciones amplias, aunque aún insuficientes-, este programa no debe ser aprobado pragmáticamente ni con base en acuerdos entre cúpulas políticas.
La Asamblea Legislativa debería abrir un proceso amplio, riguroso y serio de debate público en el que los diferentes sectores de la sociedad capitalina (empresarios, residentes, organizaciones de trabajadores, colonos y campesinos, no gubernamentales y sociales, investigadores y técnicos, etcétera) puedan acceder a la información necesaria y suficiente sobre el plan, exponer sus observaciones y presentar sus propuestas alternativas, sin límites perentorios de tiempo y espacio. Deberían también participar, en su ámbito de interés, los gobiernos y ciudadanos del resto de la metrópoli.
Porque está en juego el futuro de la gran metrópoli, en una de sus partes constitutivas. Por seriedad y responsabilidad, vale la pena tomar el tiempo necesario para llegar a acuerdos y consensos de amplia base social, en el Distrito Federal y con los municipios conurbados, para lograr un pacto social urbano expresado en el programa de desarrollo que sea instrumento eficaz para el mejoramiento constante de la calidad de vida de todos sus habitantes, sobre todo de los sectores mayoritarios hundidos en la desigualdad, la exclusión social y territorial.
