Ayer, en una conferencia de prensa conjunta con el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, y en declaraciones por separado, el director de la Oficina de Seguridad Interna de Estados Unidos, Tom Ridge, conocido como el zar antiterrorismo, formuló propósitos con fuerte tono de exigencia hacia México: buscar financiamiento de manera conjunta en el sector privado y en instituciones financieras internacionales para sufragar la cooperación binacional en seguridad, entendida ésta como extensión de las estrategias antiterroristas implantadas por el país vecino desde los atentados del pasado 11 de septiembre; instaurar una frontera común "segura e inteligente" y procurar que nuestro país avance en sellar su propia frontera sur, con Guatemala y Belice. Finalmente, Ridge insinuó la posibilidad de que Washington busque colocar agentes aduanales estadunidenses en puertos mexicanos.

Entre lo dicho por el encargado de la seguridad interna de Estados Unidos se deslizó una abierta mentira: "Estados Unidos --dijo-- no militarizará sus fronteras con los amigos y aliados"; sin embargo, en días pasados, en el tramo que corresponde a Texas, la frontera fue colocada --así fuera de manera temporal-- bajo vigilancia y mando de tropas regulares.

No obstante, lo más preocupante de las declaraciones de Ridge no es esa distorsión de la realidad, sino la evidencia de que la Casa Blanca pretende uncir a México a una política de seguridad que puede ser conveniente y adecuada para el país vecino, pero que de ninguna manera es adecuada para el nuestro, por razones que no está de más repetir: los nebulosos "terroristas internacionales", enemigos del gobierno de George W. Bush, no son los nuestros, ni hay nada de razonable en pretender o procurar que lo sean; por el contrario, asumir como propia esa amenaza a la seguridad nacional estadunidense es una manera de generar graves peligros a la seguridad nacional mexicana.

Incluso en el ámbito de problemas en cierta forma comunes, como el tráfico de drogas y de armas o de migración de indocumentados, los dos países se encuentran en posiciones muy diferentes: el narcotráfico implica, para la potencia vecina, un conflicto de salud pública mucho mayor que para la sociedad mexicana, la cual debe en cambio hacer frente a un alarmante fenómeno de delincuencia organizada; el tráfico de armas estadunidenses a territorio nacional es un ingrediente clave en la inseguridad que vivimos, pero para la industria armamentista del otro lado del Río Bravo es un jugoso negocio que las autoridades de Washington no desean interrumpir; por lo que hace a los flujos migratorios, éstos son percibidos como una amenaza por el país vecino --incluso si su economía se beneficia enormemente con ellos--, en tanto que para México representa un asunto de libertad de tránsito, una válvula de escape a presiones sociales y económicas internas y un considerable ingreso de divisas.

Para finalizar, es indignante e incomprensible que las autoridades mexicanas no tomen distancia del ucase expresado por Ridge y que, por el contrario, se muestren entusiasmadas en contribuir a fortalecer la seguridad de la máxima potencia bélica del planeta incluso a contrapelo de los intereses nacionales, y empleando en ese objetivo recursos que debieran utilizarse, por ejemplo, en el combate a la pobreza, en la reactivación de la economía y en la dignificación del campo mexicano.