Discutir la legalidad de la reforma sería el siguiente paso

La Corte declararía procedentes las impugnaciones contra la ley indígena

JESUS ARANDA

Aun cuando no ha terminado la fase procesal de las 331 controversias en contra de las reformas constitucionales en materia indígena, ministros de la Suprema Corte han tomado una decisión: pugnar por que el pleno declare la procedencia de las impugnaciones y discutir a fondo la legalidad de esa legislación.

"Sería una lástima que después de tanto esfuerzo, de la gran cantidad de recursos humanos y materiales que se han invertido en este procedimiento, la Corte se fuera por lo más fácil y desechara las controversias por considerarlas improcedentes", comentó un alto funcionario del máximo tribunal.

Planteó que no existe precedente en la historia jurídica del país acerca de que proceda un recurso legal en contra del procedimiento de una reforma de este tipo, vía controversia constitucional.

En este sentido, aseveró que no se presenta nada fácil la discusión entre los ministros, porque el antecedente más cercano que registra el máximo tribunal ocurrió cuando la Corte determinó en 1999 que procedía impugnar por medio de amparo un proceso de reforma constitucional, caso interpuesto por el ex regente capitalino Manuel Camacho Solís en contra del proceso de reforma que lo marginó de la contienda por la jefatura de Gobierno del Distrito Federal.

En aquella ocasión, los votos del pleno fueron los mínimos necesarios, es decir, seis ministros aprobaron la procedencia y cinco se opusieron a ella.

"Considero que es válido impugnar una reforma constitucional vía controversia, y que no basta con que la Comisión Permanente señale que se cumplió la normatividad, porque de lo contrario, la Suprema Corte se ataría las manos y sola se cerraría las puertas para la revisión de asuntos similares que surgieran posteriormente", indicó.

Una vez superado este "escollo", explicó, los ministros discutirían si el proceso de reforma se apegó a lo que establece la Carta Magna.

En caso de que el pleno estableciera que se vulneró la normatividad de forma tal que hubo graves violaciones al procedimiento, entonces la Corte estaría en condiciones de dictaminar la inconstitucionalidad de la reforma, sin necesidad de entrar al fondo del asunto. Pero si las violaciones procedimentales no son factor importante, entonces los ministros pasarían a estudiar el fondo.

De acuerdo con el informante, las cuestiones de fondo no implican grandes dificultades jurídicas, aunque el hecho de que en las demandas se alegue la inaplicación del Tratado 160 de la Organización Internacional del Trabajo demandará de la Corte que fije una posición sobre la jerarquía que tienen los tratados internacionales en relación con la legislación mexicana.

Precisó que no aplicaría la tesis de la Corte que establece que los tratados internacionales "se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución federal".

Esto porque no se había presentado el caso de que dichos convenios fueran contrarios a la Constitución o que establecieran aspectos no contemplados en la Carta Magna. Es decir, la Corte tendría que fijar un criterio jurisprudencial al respecto.

De acuerdo con el entrevistado, la Corte estará en condiciones de resolver al menos cinco controversias en abril próximo, con lo que el pleno sentaría jurisprudencia y mandaría los asuntos a la primera y segunda salas para agilizar su dictamen, "porque en realidad la inmensa mayoría de las controversias son muy similares en sus planteamientos", dijo.