Ayer la embajada de Estados Unidos organizó una conferencia de prensa del subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Otto Reich, y excluyó a este diario de ese encuentro. Más tarde, el empleado que se encarga de la prensa en esa legación diplomática, Arturo Montaño, interrogado por una reportera de La Jornada sobre los motivos de la exclusión, respondió literalmente: "por sus editoriales", en referencia a lo que se publica en este espacio de análisis.

En una primera aproximación, la decisión de la fuente informativa de marginar a La Jornada podría entenderse como una deplorable incapacidad para comprender el sentido mismo de los medios informativos y de las instituciones oficiales que, a través de ellos, dan a conocer sus actividades al público: entre ambos se establecen relaciones de trabajo que no obligan, ni mucho menos, a estar de acuerdo; el deber de los primeros consiste en no tergiversar ni adulterar las intervenciones que recojan de las segundas; éstas, por su parte, tienen la elemental responsabilidad de ofrecer a los medios, independientemente de sus tendencias y sin exclusiones, la información que pertenece al dominio público. Los desacuerdos y las diferencias de criterio entre unos y otras --inevitables y hasta consustanciales al acontecer informativo en un entorno democrático-- no tienen por qué obstaculizar las relaciones de trabajo definidas en los términos señalados.

Las dependencias gubernamentales de Estados Unidos, incluso ahora que están encabezadas por un hombre de luces tan escasas como George W. Bush, conocen perfectamente bien esas reglas del juego. Por ello, en las circunstancias políticas actuales, la Casa Blanca o el Departamento de Estado no se atreverían a impedir el acceso de los reporteros de The Washington Post, The New York Times o The Boston Globe, por ejemplo, a una conferencia de prensa, por más que el sentido de los editoriales de tales publicaciones disgustaran --y con frecuencia disgustan-- a los miembros del grupo en el poder. El intento por escamotear a segmentos de la opinión pública información, que es asimismo pública, sería un disparate y un contrasentido, y evidenciaría un ejercicio faccioso y patrimonialista del gobierno.

Sin embargo, desde los atentados terroristas del 11 de septiembre, el gobierno del país vecino se empeñó en una ofensiva contra las libertades civiles, los derechos humanos y, en general, la vigencia de la legalidad; es una ofensiva que corre paralela a los confusos, sangrientos y criminales esfuerzos bélicos contra lo que Bush llama el "terrorismo internacional" y que puede no ser menos peligrosa y devastadora que las aventuras militares: establecimiento de tribunales militares para juzgar a sospechosos, eliminación discrecional de las garantías individuales básicas --arrestos por tiempo indefinido por meras sospechas, aislamiento de los cautivos, prohibición de contar con un abogado, entre otras disposiciones-- e imposición de medidas de censura. Varios altos funcionarios de Washington afirmaron públicamente, y sin ningún pudor, que en lo sucesivo el poder público estadunidense recurriría, en su "lucha contra el terrorismo", a acciones de desinformación tales como la divulgación de mentiras y datos adulterados y el ocultamiento de hechos.

Esa embestida contra la legalidad difícilmente podría explicarse como parte de una estrategia antiterrorista; parece, más bien --y así lo han señalado destacados intelectuales y líderes civiles estadunidenses--, el aprovechamiento, por parte del gobierno de Bush, de los condenables atentados del 11 de septiembre para materializar sus designios y orientaciones autoritarias, oscurantistas y totalitarias.

Con esos antecedentes en consideración, es lógico suponer que el veto de la embajada estadunidense en México no es sólo una reacción arrogante e infantil contra los editoriales de La Jornada, sino también una manifestación de las acentuadas tendencias totalitarias e intolerantes del gobierno de Bush. Tal vez, para infortunio de la sociedad estadunidense, no esté lejano el momento en que los medios de prensa críticos empiecen a ser excluidos de las conferencias de prensa oficiales de un gobierno que aún tiene la cara tan dura como para proclamarse guardián mundial de la libertad y la democracia.