Integrantes de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados --entre ellos su secretario, el priísta Samuel Aguilar-- han señalado los graves riesgos que se ciernen sobre los recursos de los trabajadores que manejan las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), los destinos indebidos que se han venido marcando para tales dineros, los cuales, en contra de lo que dicta la ley, están mayoritariamente invertidos en instrumentos financieros empleados por el gobierno para subsanar su déficit y cubrir los desfalcos bancario (Fobaproa-Ipab) y carretero, y no en proyectos de infraestructura, desarrollo regional, construcción de vivienda y generación de empleo.

Así, de los 250 mil millones de pesos ahorrados por los asalariados, el Ejecutivo ha dispuesto, mediante bonos gubernamentales, de 234 mil 690 millones. Para colmo, el gobierno del presidente Vicente Fox ha presentado una iniciativa de reformas a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro que eliminaría los candados vigentes que impiden a las Afore invertir en mercados de valores, incluso del extranjero, atenuaría las sanciones por irregularidades a esas entidades, desprotegería a los trabajadores independientes y eliminaría la obligación de las administradoras de constituir fondos de reserva y de garantizar rendimientos a sus clientes.

Por lo demás, la información referida -- que ha venido publicándose en estas páginas desde el martes pasado-- confirma que, como se advirtió en su momento, la constitución de las Afore ha significado un jugoso negocio para los protegidos y beneficiarios de los tres últimos gobiernos: los banqueros privados, dueños de esas entidades.

Un ejemplo de ello es el astronómico margen de ganancia obtenido en cinco años por el Grupo Ixe en su asociación con el Instituto Mexicano del Seguro Social para conformar la Afore XXI: al vender a una empresa estadunidense en 150 millones de dólares su participación en esa sociedad, Ixe obtuvo una ganancia cercana a dos mil por ciento sobre su aportación inicial de 79 millones de pesos.

El que un puñado de especuladores esté multiplicando sus fortunas de esa forma, valiéndose del dinero de los asalariados y trabajadores en general, y poniendo en riesgo el patrimonio de más de 20 millones de mexicanos, resulta intolerable e indignante. Es necesario que el Poder Legislativo ataje los riesgos de un nuevo y gigantesco saqueo de la mayoría de la población productiva a manos de unos cuantos vivales, como el que perpetraron hace unos años Ernesto Zedillo, el PRI y el PAN, al socializar las deudas privadas de los banqueros.