Comunicado No. 73

¿Tiene futuro el congreso de la UNAM?

Una vez más la UNAM escenificó cuadros de violencia. Esta ocasión en el marco de la primera de tres jornadas electorales para integrar la Comisión Especial para el Congreso Universitario (CECU). Según el reporte oficial, la votación del 26 de febrero, correspondiente a estudiantes y académicos, transcurrió "con normalidad en al menos 70 de las 82 dependencias universitarias" (Gaceta UNAM, 28 de febrero). En el resto, que incluye algunas escuelas de mayor tamaño, la votación se vio interrumpida por la fuerza. Además de la confrontación, la jornada se caracterizó por el abstencionismo. Acaso 5 por ciento de los posibles electores sufragó. Paradójicamente, el escándalo de urnas destruidas y boletas quemadas restó visibilidad a la apatía o indiferencia de una mayoría de estudiantes y profesores que no han hecho suya la iniciativa de las autoridades para proceder al congreso. Lo que ocurre en la UNAM se interpola y repercute en otros ámbitos de la educación y la política.

El congreso como salida de la huelga

Como se recordará, la idea de un congreso universitario "democrático y resolutivo" fue originalmente propuesta del Consejo General de Huelga (CGH) aunque, en el contexto de la huelga, fue más una carta de negociación que un planteamiento con contenidos específicos. En agosto de 1999, el CGH propuso al rector Barnés la división de las seis demandas de su pliego petitorio en cuatro puntos "de resolución inmediata" y dos más (reglamentación del pase automático y relaciones UNAM-Ceneval) a discutir en el congreso. La demanda estudiantil sobre el congreso se repetiría con insistencia en el marco de los frustrados "diálogos de Minería", a finales del año.

El 6 de enero de 2000, ya con el rector De la Fuente y aparentemente agotada la vía de la conciliación, el Consejo Universitario aprobó una "propuesta institucional" que planteaba: suspensión del nuevo reglamento de pagos, retiro de actas y sanciones, interrupción de las relaciones de la universidad con el Ceneval y la aceptación de realizar el congreso al término de la huelga. Un CGH radicalizado y copado por las fracciones más sectarias del movimiento rechazó esa propuesta.

El 20 de enero, rectoría realizó un plebiscito en que la gran mayoría de los 180 mil universitarios que votaron se pronunció a favor de la propuesta del Consejo Universitario. Este antecedente es importante, porque se reconoce como el compromiso del rector y del consejo sobre el congreso. Pero no fue la vía que resolvió la huelga.

Tras la ocupación de las instalaciones por la Policía Federal Preventiva y la detención de casi un millar de estudiantes el 6 de febrero de 2000, poco a poco y no sin tensiones y rebrotes del conflicto, se reanudaron actividades. En mayo del mismo año ocurrió otro intento de debate entre rectoría y CGH, conocido como "mesas de diálogo". La estrategia de rectoría era llevar al congreso los seis puntos del pliego petitorio. No hubo acuerdo, el diálogo se rompió el 22 de mayo y ya no se reanudaría. Fuera del contexto de la huelga, el CGH se fue debilitando y marginando, aunque seguiría reclamando una representación estudiantil cada vez más inverosímil. No obstante, sus esporádicas apariciones dejarían ver un potencial agresivo constante.

El congreso para la reforma

Desde un principio, la rectoría de De la Fuente hizo saber que el principal instrumento para la reforma de la UNAM sería el congreso. Una demanda, dijo, tanto del CGH como de otros sectores universitarios. Como paso importante se estableció, hacia marzo de 2000, la Coordinación General de Reforma Universitaria, oficina que remplazaba a la anterior Secretaría de Planeación. Al mismo tiempo, se presentó al Consejo Universitario una iniciativa con plazos para la realización del congreso, procedimientos, número de delegados y, lo más importante, que las conclusiones serían asumidas por las autoridades competentes. El consejo aprobó la propuesta, se dispuso a organizar el congreso y el rector anunció que se efectuaría en el primer semestre de 2001.

Los tiempos, sin embargo, se fueron alargando. Al consejo le tomó más de un año integrar una propuesta. El 11 de mayo el órgano colegiado designó a los miembros del grupo de trabajo (GT) que consultarían a la comunidad y presenta-rían una alternativa. A este grupo de consejeros se sumó el coordinador de la reforma universitaria, con voz pero sin voto. El 18 de julio se dieron a conocer los resultados de la consulta y la iniciativa del GT sobre la integración de la CECU. El 24 de octubre el consejo aprobó las "Bases para integrar la Comisión Especial del Consejo Universitario para el Congreso Universitario", documento que tiene algunas diferencias con las propuestas del GT, en particular sobre la composición de la CECU. La propuesta finalmente aprobada por el consejo determina que la comisión se conformaría con 48 representantes, 17 de ellos consejeros universitarios y 31 miembros por elección. Para los representantes por elección se disponen once lugares para académicos, igual número para estudiantes, uno para difusión cultural, dos a eméritos, un egresado, tres trabajadores y dos "representantes de rectoría".

Desde que se publicó, la propuesta de composición de la CECU fue criticada, particularmente por la sectorización que hacía de la comunidad universitaria y por la "aritmética política" que cargaba la balanza en favor de las autoridades. También se cuestionaba la fórmula de representación de la comunidad universitaria. A estas críticas se sumó el escepticismo de quienes veían en el diseño del congreso una simple repetición de los métodos utilizados en el anterior congreso de 1990. El resultado neto de esta fase del proceso fue un complejo conjunto de normas y criterios. Baste mencionar que sólo las "Reglas del proceso electoral para la integración de la CECU" constan de 70 artículos (la ley orgánica de la UNAM tiene 18). Ni rectoría ni el Consejo Universitario ni el grupo de trabajo se acercaron a una definición sobre la posible temática del evento, asunto que quedaría bajo responsabilidad exclusiva de la CECU. También en esta fase fue muy notoria la ausencia de participación de estudiantes y académicos en la discusión sobre la organización del congreso.

Las lecciones de una elección

Como continuación de su encomienda, el 10 de enero de 2002 el GT emitió la convocatoria general para la integración de la CECU, aclarando que serían los órganos colegiados locales los que expedirían las convocatorias particulares para la elección. En la convocatoria se indican las fechas de las votaciones y el procedimiento de insaculación para sortear, entre los elegidos por voto, a los 31 integrantes de la CECU en la categoría de "no consejeros".

Conforme se acercaban las fechas de las elecciones, se fueron haciendo patentes las muestras de inconformidad de grupos contrarios a la convocatoria. En varias escuelas se rompieron o rayaron los carteles de publicidad de las elecciones, así como los padrones que anunciaban a electores y elegibles. Algunos académicos y trabajadores también se pronunciaron contra el procedimiento. El 6 de febrero de 2002, segundo aniversario de la ocupación de Ciudad Universitaria, los activistas expresaron, a nombre del CGH, su intención de frenar las elecciones. Días antes de la jornada, grupos de estudiantes promovían un plebiscito contra la elección.

Del lado de la preparación de la elección también se veían problemas; el principal, que en la mayoría de las dependencias se contó con un solo candidato por "sector". Además en algunas escuelas no hubo candidatos estudiantes. Finalmente, el día 26, las votaciones fueron interrumpidas en varias dependencias. La mayor violencia ocurrió en las facultades de Derecho y Filosofía y Letras; también se registraron incidentes en una docena de escuelas más. El otro aspecto destacado fue la abstención. Según cifras oficiales, la votación total ese día fue de 15 mil 541 votos. Cabe recordar que en 1987 la elección de representantes para la Comisión Organizadora del Congreso Universitario (COCU) fue de más de 150 mil universitarios, y el plebiscito de 2000 superó 180 mil sufragios. En esta ocasión la principal abstención fue de estudiantes, menos del 5 por ciento votó; y de los profesores más de 80 por ciento no acudieron a las urnas.

Ambos hechos, violencia y abstencionismo, colocan la propuesta de congreso ante una encrucijada. Hasta el momento, no hay evidencia de reconsideración por parte de las autoridades. En este contexto, el rector reinició sus críticas a la política de educación superior del Ejecutivo federal, mostrando interés en impulsar, desde la Universidad Nacional, el fortalecimiento de la universidad pública, aunque sin hacer referencia explícita al proceso de la UNAM.

Académicos, en lo individual o en forma colectiva, han manifestado su opinión en el sentido de que hace falta revisar críticamente la ruta hacia el congreso. Es necesario, en opinión de algunos, que rectoría exprese su visión de reforma, los puntos básicos de una agenda de discusión y los motivos que inspirarían la revisión del cuerpo normativo de la UNAM. Para otros, la vía del congreso está prematuramente agotada, a menos que se promueva una participación mucho más amplia de universitarios en un debate que legitime la definición de su agenda. En este sentido se ha sugerido que, en la fase inicial, se aproveche a los cuerpos académicos colegiados como espacios que podrían garantizar mayor representación y procesar de mejor manera la reforma universitaria.

A estas opiniones se suman las posturas que critican la insensibilidad de las autoridades para anticipar escenarios de conflicto y carecer de alternativas que los eviten. También es cierto que a la universidad no le conviene hacer coincidir su proceso de transformación, ni con los tiempos ni con las fuerzas de la confrontación política nacional. La UNAM no es un espacio aislado de la contienda en y entre los partidos y deberá cuidar las intersecciones que pueden darse en este escenario.

Las propuestas concretas de modificación del camino hacia el congreso y el contenido de la reforma corresponden a los miembros de la comunidad universitaria, pero desde Observatorio preguntamos:

Interrogantes

- Toda vez que la reforma es necesaria y va más allá de un congreso, preguntamos a las autoridades universitarias: ¿qué otras opciones existen para llevarla a cabo?, ¿las ha considerado rectoría?, ¿cuáles son?

- ¿Tiene rectoría capacidad de convocar a la comunidad académica con una oferta atractiva que rompa su apatía?

- En este momento ¿el Consejo Universitario está constituido legalmente para operar cualquier alternativa al congreso?

- ¿Cuál es la postura del cuerpo de directores ante el fracaso de las elecciones para integrar la CECU?
 

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