Francisco López Bárcenas
El fantasma de San Andrés
Justo cuando se cumplen seis años de la firma de los acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígenas, y un año del inicio de la marcha zapatista por varios estados de la República vemos signos de diversa naturaleza que indican que esos compromisos siguen quitando el sueño a muchos funcionarios de los tres poderes de la Federación, donde, se supone, se encuentra la representación nacional. Del lado del Poder Ejecutivo ven y hacen como si ellos ya hubieran cumplido y hasta llaman por conducto del comisionado para la Paz a que los zapatistas reinicien el diálogo. Como si no se dieran por enterados de que las tres condiciones que pusieron para volver a la mesa de negociaciones siguen sin cumplirse.
Como efecto del descontento producido entre los pueblos indígenas por el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés por el Ejecutivo, las demandas indígenas han ido a parar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), materializadas en cientos de controversias constitucionales y decenas de amparos contra la reforma constitucional sobre esta materia. Todas estas demandas tendrán que ser resueltas por nuestro máximo tribunal judicial en los próximos meses. No se trata de un asunto cualquiera, sino precisamente del reclamo de un amplio sector de la sociedad mexicana -los pueblos indígenas- para que se modifique el pacto social que sustenta las relaciones de todos los mexicanos, se reconozca a los diferentes y se garantice su derecho a la igualdad en la diferencia. La SCJN está en una situación inmejorable de corregir este yerro histórico con una resolución que invalide el proceso y ordene su reposición hasta la parte en que se violentó. Los pueblos indígenas han tenido el tino de sustentar sus demandas en los preceptos del orden jurídico; la corte tiene en los acuerdos de San Andrés los elementos que sustenten su resolución. Pronto veremos qué sucede.
Del lado del Poder Legislativo las señales son contradictorias. La Cámara de Senadores, a través de Comisión de Asuntos Indígenas, ha comenzado una serie de "consultas" para reformar diversos ordenamientos jurídicos que concreticen los preceptos de la reforma constitucional impugnada. La consulta, según se ha dicho, no será con todos los pueblos indígenas, sino con los que no están politizados, así como con diversas instituciones indigenistas y profesionistas expertos en la materia. No deben de estar muy convencidos de su actuación, pues la presidenta de la comisión ha considerado necesario aclarar que ella era de la opinión de esperar las resoluciones de la SCJN, pero la mayoría se impuso.
Tanta democracia no se ha visto a la hora de respetar el derecho de consulta a los pueblos indígenas, mediante mecanismos adecuados y de sus instituciones -la de los pueblos, no de los legisladores-, que es precisamente uno de los derechos que se demanda a la SCJN declare violado y ordene su reparación, restituyendo el orden jurídico. De su propia voz también nos enteramos de que las leyes a revisar son las de administración de justicia y de servicios básicamente. Ninguna que impacte derechos fundamentales.
Los senadores tienen el derecho de actuar como mejor les parezca, hasta desoyendo las voces de sus representados si así lo desean, pues democráticos somos, pero los gobernados no contamos con mecanismos para fincar responsabilidad a nuestros mandatarios. Pero un poco de cordura política aconsejaría no echar más leña al fuego, cerrando toda posibilidad de un arreglo pacífico a una rebelión indígena que lleva más de ocho años.
De la Cámara de Diputados otras son las señales. Varios diputados que votaron contra la reforma impugnada han logrado que sus compañeros que lo hicieron a favor se arrepientan y juntos han vuelto a presentar a discusión la iniciativa de la Cocopa. No se puede dudar de su buena intención, pero los pueblos indígenas tampoco pueden apostar todo a que ese es ahora el camino, porque nada garantiza que su iniciativa prosperará y no irá a parar a la congeladora o, como en otros tiempos, pesarán más los intereses partidistas que los derechos de los pueblos indígenas. Más cuando sus compañeros hacen lo contrario en la otra Cámara.
En medio de estas contradictorias señales una cosa es clara: los pueblos indígenas, los acusados de querer fraccionar al país, romper la igualdad y buscar privilegios para ellos, siguen dando muestras de su vocación pacifista y de sentirme tan mexicanos como el que más. A ellos el espíritu de San Andrés no los asusta. Los acompaña.
