Ante la inminencia de la apertura de los archivos gubernamentales sobre los sucesos que culminaron en la masacre del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco y sobre la guerra sucia que el Estado mexicano emprendió en las dos décadas siguientes contra organizaciones guerrilleras y contra movimientos y luchadores sociales pacíficos, cabe reflexionar sobre los alcances y los límites de los documentos que por estos días están siendo ordenados y sistematizados en el antiguo Palacio de Lecumberri, sede del Archivo General de la Nación (AGN).

Es pertinente recordar que tales acervos documentales no sólo serán puestos a disposición de investigadores e informadores, sino que también habrán de ser un instrumento fundamental para la fiscalía especial de la Procuraduría General de la República (PGR) encargada de investigar la represión oficial del movimiento estudiantil del 68 y los excesos y crímenes cometidos de manera regular en la estrategia de contrainsurgencia y contención política de los años 70 y 80. Desde esa perspectiva, es posible que los archivos referidos den pie a ciertos hallazgos y revelaciones históricas, y que sean, además, pruebas documentales importantes en la investigación ministerial de algunos de los delitos perpetrados por diversas autoridades del país en 1968 y en los años siguientes.

Pero debe considerarse, al mismo tiempo, que los papeles hoy resguardados en el AGN estuvieron durante más de tres décadas bajo el control de los propios culpables de esos crímenes y de sus herederos políticos, y que es por demás probable que en todo ese tiempo se haya perpetrado toda suerte de sustracciones y manipulaciones de los archivos. Por ello el secretario de Gobernación, Santiago Creel, advirtió el miércoles de la semana pasada que el actual régimen no podía garantizar la veracidad ni la integridad de los documentos que en breve serán puestos a disposición de la sociedad y de las autoridades encargadas de la procuración de justicia.

En esa lógica, cabe dudar que el examen de tales legajos permita, por sí mismo, establecer las responsabilidades legales de Luis Echeverría Alvarez y de sus más cercanos colaboradores por la matanza de 1968 y de la guerra sucia de los años 70, la cual concierne también a José López Portillo y a varios miembros de su equipo de gobierno. En otros términos, no parece recomendable hacerse demasiadas expectativas sobre la utilidad de los archivos para formular imputaciones penales por las atrocidades del 68 y de los años 70 a esos ex presidentes, y a los que los sucedieron en el cargo --Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo-- por el encubrimiento y la impunidad con que obsequiaron a sus antecesores. Si se ha de hacer justicia, parece pertinente que la fiscalía especial llame a declarar a dichos individuos. Tal medida sería una muestra efectiva de voluntad política, por parte del presente gobierno, mucho más verosímil que la apertura de los archivos oficiales.