Llaman a capacitar a agricultores en el marco jurídico sobre manipulación de esos productos
Analizan funcionarios y legisladores efectos de transgénicos en la biodiversidad de Oaxaca
Reconoce delegado de Semarnat que aún no hay reportes sobre impacto en la salud humana
VICTOR RUIZ ARRAZOLA CORRESPONSAL
Oaxaca, Oax., 12 de marzo. Funcionarios federales y estatales de los sectores de protección al ambiente y salud se reunieron con integrantes de la Comisión Permanente Agropecuaria, Forestal y Minera del Congreso estatal para analizar los efectos del uso de maíz transgénico en la biodiversidad de Oaxaca, y acor-daron crear la Comisión Estatal de Bioseguridad.
Durante la reunión de trabajo realizada en el recinto legislativo, los diputados Manuel García Corpus, Mayolo Vásquez Guzmán, René Egremy Cruz, Pedro Ruiz Cerón y Fidel Mayrén Sánchez también acordaron promover y fomentar en las instituciones educativas la investigación de los posibles daños a la salud en el estado por consumo de productos genéticamente modificados.
Por su parte, el delegado en Oaxaca de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Salvador Anta Fonseca, reconoció que hasta el momento no existe legislación en el país al respecto, ya que sólo se encuentra en proceso de discusión la Ley de Bioseguridad y Sanidad de Organismos Vivos y Material Genético, y la NOM para movilización, importación y comercialización de organismos vivos modificados.
Recordó que el Protocolo de Cartagena es el compromiso internacional que regula y acuerda el manejo y la transferencia de organismos vivos modificados, el cual se firmó en enero de 2000, y los compromisos son generar legislación local, mantener un principio precautorio, establecer el derecho a no permitir el ingreso de transgénicos, y señalar obligaciones de los productores de esos productos ante los consumidores.
Comentó que entre las posibles causas de introducción de alimentos modificados se encuentra la importación de maíz para consumo y siembra accidental. Esta hipótesis puede ser válida por la alta proporción de trasgénicos en el almacén de Diconsa, introducción de maíz por migrantes y por centros de investigación y compañías transnacionales.
Anta Fonseca manifestó que hasta el momento no se han reportado efectos de los alimentos transgénicos en la salud humana; sin embargo, se tienen reportes científicos de que sus consecuencias se observan en insectos inmunes a los plaguicidas, supermalezas resistentes a herbicidas y a plagas, daños a insectos benéficos, alteraciones a comunidades bióticas y ciclos biológicos, y erosión genética.
Entre los impactos económicos y sociales mencionó el control de patentes por transnacionales; dependencia de los productores de las semillas de transnacionales, y controversias por uso de patentes.
Ante esta situación propuso evaluar la extensión de transgénicos en Oaxaca, la frecuencia de transgénicos en la población de maíces criollos, así como el valor adaptativo de éstos.
También es necesario continuar la evaluación de los posibles efectos sobre la salud humana; establecer bancos de germoplasma de las especies de interés; promover la siembra e intercambio de variedades criollas e insertar en elementos transgénicos marcadores bioquímicos que faciliten su identificación.
Además, funcionarios y legisladores coincidieron en la necesidad de capacitar a productores en el marco jurídico existente para la operación de productos genéticamente modificados, así como la eficiencia técnica de su manipulación en el cultivo de híbridos, sintéticos y modificados genéticamente.
Los participantes consideraron urgente la creación de un programa interinstitucional de producción de maíz criollo que fortalezca el mercado interno, con apoyo a la comercialización de este cereal con el sistema de distribución de las tiendas rurales de abasto en el estado.
También se acordó que a partir de este año la semilla captada por el programa Kilo por Kilo sea avalada por el Sistema Nacional de Inspección y Certificación de semillas dependientes de la Sagarpa, en coordinación estrecha con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Forestal (Sedaf) estatal y se elabore un programa operativo que prevenga la dispersión de contaminantes genéticos durante el siguiente temporal.
Los legisladores, algunos integrantes de la Comisión Permanente Agropecuaria, Forestal y Minera, determinaron elaborar un acuerdo para solicitar a la Comisión de Administración de Justicia que se hagan las adiciones al Código Penal y de Procedimientos Penales del estado que se aprobaron para el Código Penal federal, con respecto a la manipulación de transgénicos.