Eustacio Yáñez se dice víctima de discriminación y golpes

Pide la CEDH a Loyola indagar violación a derechos de un reo

Sugiere el organismo separar de sus cargos a autoridades

ALEJANDRO GONZALEZ Y MISAEL HABANA CORRESPONSALES

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Querétaro, recomendó al gobernador Ignacio Loyola Vera investigar a las autoridades involucradas en hechos violatorios de las garantías individuales del reo Eustacio Yáñez Ledesma y que sean separados los funcionarios del penal de San Juan del Río mientras se investigan los hechos.

Yáñez Ledesma fue encarcelado el 11 de noviembre pasado luego de chocar contra cinco motociclistas que circulaban por el kilómetro 59 de la carretera San Juan del Río-Xilitla, entre ellos el propio mandatario. A causa del percance fallecieron el delegado de la SEP en el estado, Julián Segura, y el director de una inmobiliaria, Alejandro García Alcocer.

El documento, dado a conocer por el ombudsman capitalino, Bernardo Romero Vázquez, recomienda investigar a las autoridades involucradas en los actos violatorios de los derechos de Eustacio Yáñez, entre ellas el secretario de Gobierno, Bernardo García Camino; el director general de Prevención y Readaptación, Joaquín Ruelas Rivera, y al director del penal de San Juan del Río, Alberto Angeles Sánchez.

El escrito precisa que Eustacio Yáñez fue golpeado por encapuchados en un cuarto oscuro del penal, a donde fue llevado la noche del 2 de diciembre por el jefe de custodios del centro penitenciario, Hilario Mora González.

En cuanto a la supuesta discriminación de que fue objeto, la CEDH se basó en la negativa de la juez Delfina Ordaz Olvera de otorgarle libertad bajo fianza, por no tener visión en su ojo izquierdo, a solicitud del Ministerio Público.

En su momento, la juez justificó su negativa porque su falta de visibilidad pudiera causar "nuevos hechos de tránsito como el presente, por ello, se (le) niega el beneficio de la libertad provisional bajo caución".

Además del gobernador, la recomendación 142-01/2002 de la CEDH va dirigida al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Arturo González de Cosío, y al procurador de Justicia, Juan Martín Granados Torres, por considerar que en el ámbito de su competencia, diversas autoridades han violado los derechos humanos del afectado.

A ambos se les solicita investiguen la responsabilidad de la juez de primera instancia de San Juan del Río, Delfina Ordaz Olvera, y del MP investigador, Fernando Méndez Carrera, por su desempeño "irregular" en el proceso.

Según la CEDH, Méndez Carrera se quejó por los daños materiales causados a los finados, sin embargo esto sólo se sigue por querella de parte afectada y no de oficio.

La pretensión del MP, "cuya actuación ha sido ilegal, no es solamente la reparación de los daños, sino imputarle al probable responsable la comisión de un delito más", indica la recomendación.

Problema en Guerrero

En Guerrero, en tanto, el presidente de la CEDH, Juan Alarcón Hernández, informó que el procurador de Justicia Rigoberto Pano Arciniega ha incumplido alrededor de 25 por ciento de las recomendaciones emitidas por el organismo contra elementos de la Policía Judicial del estado y agencias del Ministerio Público del fuero común en el presente año.