En Barcelona, la capital catalana donde se realiza la cumbre de la Unión Europea bajo la presidencia de José María Aznar, los 15 miembros están divididos en tres bloques. Por un lado se alinean los ultras del libre mercado, dirigidos por el anfitrión español, que tiene un pasado franquista y que está secundado por Silvio Berlusconi, el hombre más rico de Italia, a su vez apoyado por fascistas y bajo diversos procesos por fraude y corrupción; así como por Tony Blair, el más firme aliado de Washington en Europa.

Por otro lado se alinean los gobiernos de Francia y Alemania, dirigidos por socialistas, que son blanco de ira y de la ofensiva de Italia y España en particular. En medio están los oscilantes, que no pueden secundar al ex falangista y al caballero de industria italiano en una ofensiva contra lo que queda del estado del bienestar, verdadera base fundadora de la unidad europea, ni contra un mundo laboral que aún conserva fuerzas importantes. Porque eso es lo que está en juego: lo demostró, en la inauguración de la cumbre, una manifestación sindical de repudio que contó con más de 150 mil trabajadores que reclamaron una Europa más social y protestaron contra los nuevos intentos de "flexibilización" laboral (léase ataque contra las leyes protectoras del trabajo).

Mientras Berlusconi, con la "fineza" que lo caracteriza, declaraba al respecto que "los sindicalistas son turistas profesionales" para los cuales "cualquier ocasión es buena para irse de fiesta" y mantiene en su país un proyecto de ley antisindical y antilaboral (dictada por la confederación de los patrones italianos que le hará enfrentar una huelga general nacional), Aznar se reunía con los presidentes de las patronales de los 15 países, organizados en la UNICE (la patronal europea) y lanzaba allí un ataque contra los socialistas (no sólo de España sino de toda Europa) y en favor de la llamada liberalización del mercado de la energía eléctrica (que en Francia es estatal) y por la desregulación salarial.

Hay que tener en cuenta que los tres paladines de sus respectivas cámaras patronales son también las tres puntas de lanza en Europa de la política de Washington, que en estos momentos se enfrenta con la oposición socialista europea no sólo por los impuestos proteccionistas al acero implantados por George W. Bush, sino también por las amenazas de guerra atómica contra países clientes de Europa.

De modo que la camarilla de ultras del libre mercado trabaja de modo no muy oculto para imponer una relación subordinada de la UE respecto a Estados Unidos. No deja de ser una paradoja que al proponer la privatización de Electricité de France, que tiene un excelente servicio, olviden lo que pasó con la privatización eléctrica en California y la relación entre Enron, declarada en quiebra, y el presidente Bush.

El primer ministro Lionel Jospin, que enfrenta las elecciones generales en Francia, declaró que defenderá el "servicio público", es decir los intereses de los ciudadanos propietarios de la electricidad frente a los monopolios que pretenden apoderarse de ella. Además, esa nación advirtió que su energía eléctrica es una de las más baratas y descansa sobre la energía atómica, de manera que los ciudadanos temen que las empresas privadas no sean capaces de mantener la seguridad de las fuentes nucleares. De modo que difícilmente la cumbre de Barcelona, a pesar de los vientos sociales ultraconservadores que soplan por Europa, podrá imponer la voluntad de los gobiernos de derecha peninsulares contra la de los dos pilares de la UE, Francia y Alemania. Sin embargo, la discusión debe sonar como campanada de alerta y arroja intensa luz sobre todas las palabras pronunciadas en la otra cumbre, la de Monterrey.